El Banco Santander ha sido condenado por no permitir que los herederos accediesen a los datos aún siendo ellos cotitulares de la cuenta

La Audiencia Provincial de Asturias confirma la condena al Banco Santander por denegar el acceso a los datos de la cuenta de un fallecido a sus herederos, aun cuando ellos eran cotitulares de la cuenta corriente y legítimos herederos.

La entidad bancaria justificó su decisión de no facilitar a los hijos del fallecido datos sobre las operaciones bancarias de este último porque supondría una invasión de su intimidad, sin embargo, la Sala ha fallado a favor de los herederos al razonar que desde la muerte del titular de la cuenta, sus hijos estaban legitimados para exigir al banco la información y documentación referente a las operaciones bancarias vinculadas a tales contratos.

Pues el artículo 661 del Código Civil recoge que el heredero, por efecto de la sucesión, pasa a ocupar la misma posición jurídica de este y en consecuencia, no le pueden afectar las reservas de las informaciones relativas a datos, posiciones, transacciones y demás operaciones de los clientes.

Es por ello que, este derecho a la información no se agota en la defensa de la herencia, no al menos en los casos en los que los sucesores son herederos forzosas y ostentan evidente interés en conocer los actos de disposición del causante que hayan podido vulnerar la integridad de su legítima.

Sucesores legítimos de las relaciones jurídicas

La Sala razona que la pluralidad de intervinientes en el contrato de cuenta corriente atribuye a cada uno de ellos, tanto el derecho de operar en ella como el derecho a información sobre el conjunto de operaciones asentadas en la cuenta común. Todo ello sin pueda prevalecer el derecho a la intimidad personal y familiar del otro contratante ya que, fue el fallecido quien consintió de manera anticipada y expresa la invasión de ese espacio por el resto de los intervinientes en el contrato.

Pues, por virtud de la sucesión hereditaria, los demandantes sucedieron a su pariente en todas las relaciones jurídicas de los que era titular en el momento de la apertura de la sucesión, subrogándose por ello en la titularidad de sus derechos y obligaciones de contenido patrimonial.

Además, el Tribunal ha querido dejar constancia en la sentencia que, el Servicio de Reclamaciones del Banco de España no es órgano a quien incumba la interpretación del alcance del derecho fundamental  a la intimidad personal y familiar, ni siquiera una fuente de especial relevancia al respecto.

Por todo lo expuesto, la Sala ha desestimado el recurso de apelación que interpuso el Banco Santander contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº4 de Oviedo y confirmado a su vez dicha resolución, la cual obliga a la condenada a entregar a la actora copia de todos los contratos que el fallecido tuviera suscritos con la entidad, un extracto detallado de las cuentas corrientes o de los depósitos, así como a informar si en estos había otros cotitulares o personas autorizadas.

Fuente: https://www.economistjurist.es

A las puertas de la Navidad, expertos en privacidad cuestionan que realmente se haya generado una brecha de seguridad

La entrega por parte de un repartidor de paquetería de un envío a un tercero que no sea el destinatario supone dos infracciones graves, según una reciente resolución de la Agencia Española de Protección de Datos. En concreto, ha sancionado a UPS con una multa de 70.000 euros por entregar un paquete a un vecino del destinatario.

Esta sanción tan controvertida que aún puede ser recurrida ante la propia AEPD y posteriormente en la Audiencia Nacional en caso de confirmarse, puede hacer cambiar el modus operandi de las empresas de reparto a domicilio.

Por el momento, UPS, según explican a Economist & Jurist, estudian la resolución y no han decidido si recurrirán o pagarán la multa, con lo cual si lo hacen por pronto pago tendrían un descuento del 20%.

Los expertos consultados por esta publicación creen que esta sanción de la AEPD es desproporcionada y a un mes largo de Navidad, donde se entregan miles de paquetes en domicilios y oficinas no siempre al destinatario, podría abrir un frente litigioso importante.

El efecto de esta sanción puede suponer que todas las empresas del sector cambien su procedimiento de cara a terceros en cuanto a la entrega de estos paquetes. En estos casos se crearían centros de recogida por donde se pasaría el propio cliente destinatario del envío.

Sanción que no es de protección de datos

Para José Leandro Núñez, socio de la boutique legal Audens y miembro de la junta directiva de ENATIC, “imponer dos sanciones por un único hecho que están relacionadas entre sí, desde el punto de vista del derecho administrativo, no me parece correcto: estaríamos ante un concurso medial de infracciones”.

Sobre este principio que viene reflejado en el art. 29 de la Ley 40/2015 el jurista indica que “si para cometer una infracción administrativa tienes que cometer otra más leve, las dos se fusionan y la Administración solo podría sancionar por una de ellas, que es la más grave”.

“La resolución de la AEPD indica que ha habido una brecha de confidencialidad que, según el regulador, se produce porque no había unas medidas de seguridad suficientes; e impone dos multas, una por la confidencialidad y otra por las medidas de seguridad”, anuncia Núñez.

Para este jurista “la propia resolución refleja que se ha producido un concurso medial, al concluir que la vulneración de la confidencialidad ocurre porque no hay medidas de seguridad suficientes. Por tanto, la AEPD solo debería haber sancionado por la infracción más grave, ya que una acción es causa de la otra. Solo esto supondría reducir la multa en 20.000 euros”.

«Los datos que supuestamente se vulneran relacionados con la confidencialidad están en el buzón de esa vivienda»

A partir de ahí, este experto en privacidad opina que “estamos hablando de una sanción muy dura por una cuestión que no tiene que ver con protección de datos, sino con la ley postal universal. Tampoco se aprecia mala fe”, puntualiza.

A su juicio, “los datos que supuestamente se vulneran relacionados con la confidencialidad están en el buzón de esa vivienda. Los vecinos pueden saber fácilmente quién vive en cada piso: basta bajar al vestíbulo y leer los buzones. No hay vulneración real de la confidencialidad, porque la persona que recibe ese paquete ya sabe quién es esa persona destinataria y conoce su dirección. Por eso, la sanción me parece desproporcionada”.

Desde su punto de vista, “dejar un paquete por ausencia del destinatario en otro vecino no es una infracción de protección de datos”.

En este tipo de casos cree que “hubiera bastado con un apercibimiento porque realmente el daño que se produce para los derechos y libertades de los afectados es mínimo. Otra cuestión es que el vecino se hubiera quedado con el paquete, entonces podríamos hablar de apropiación indebida o incumplimiento de la ley de servicio postal universal”.

En cuanto a la repercusión de esta sanción, “esta resolución abre un escenario nuevo que podría incrementar la litigiosidad en este tipo de supuestos, especialmente si el destinatario no recibe su pedido. Creo que aquí la AEPD se excede en sus competencias, y me preocupa que genere un «efecto llamada» que contribuya a colapsar todavía más esta institución. En mi opinión, la normativa de protección de datos no está para esto”.

Por último, este jurista cree que “puede abrir un negocio impensado a las empresas de buzones inteligentes. De esa forma, en muchas viviendas pueden aparecer este tipo de buzones para que se dejen esos productos que se reparten a domicilio. De esa forma se recogen los productos y se evitarían esas multas a las empresas de reparto a domicilio”, vislumbra.

No hay infracción clara

Por su parte, Xavier Ribas, socio de Ribas y Asociados, recuerda que nos enfrentamos aquí ante “situaciones habituales de portería y recepciones donde se reciben paquetes y que el frente que se abre es peligroso. No creo que en este caso concreto exista infracción en materia de protección de datos, porque tampoco hay mala fe al respecto”, coincide con su compañero.

Desde su punto de vista, este tipo de resoluciones de la AEPD no aparecen bien fundamentadas. “Vemos que en muchas de ellas no está atinando. Creo que este asunto es recurrible ante la Audiencia Nacional que pudiera poner un poco de cordura en este caso concreto”.

Para este jurista existen tres niveles de confidencialidad en este asunto. En primer lugar, el nivel 1 referido a los datos del destinatario que aparecen en el paquete. “Son datos de contacto que incorpora cualquier carta, paquete o postal. Su divulgación a personas de la propia comunidad de vecinos no supone una violación de la confidencialidad, ya que cada vecino forma parte de una figura asociativa en la que se accede constantemente a estos datos”, comenta.

En la misma línea, Ribas reconoce que, “por ejemplo, en las actas de las juntas de vecinos, en los presupuestos de la comunidad, en las derramas basadas en coeficientes de superficie”, aparecen tales datos.

A su juicio, “es absolutamente desproporcionado considerar este hecho como una violación de la confidencialidad que genera riesgos para los derechos y libertades del interesado. No hay realmente infracción”.

Ribas apoya este argumento en el hecho de que “esta resolución entra en contradicción con cientos de resoluciones de archivo de una brecha de seguridad en las que la AEPD ha considerado que no se había producido un riesgo para el interesado al haberse limitado la divulgación a los datos de contacto”.

«¿Qué habría hecho el destinatario del paquete en el caso de coincidir en el rellano con el vecino en el momento de la entrega?»

Este jurista habla del nivel 2: la información adicional de la parte exterior del paquete y peso del paquete. “Esta información únicamente aporta el atributo de que el destinatario ha adquirido un producto más o menos pesado en MediaMarkt. No es información relevante ni confidencial”.

También indica que “el vecino no puede saber qué producto ha comprado”. Es decir, “equivaldría a ver al vecino saliendo de una tienda física de MediaMarkt con una bolsa o un paquete. O incluso sería similar a la coincidencia de una entrada o salida del domicilio por parte del vecino en el momento de la entrega del paquete”, ejemplifica.

“¿Qué habría hecho el destinatario del paquete en el caso de coincidir en el rellano con el vecino en el momento de la entrega? ¿Ocultar el paquete? ¿Ocultar al repartidor?”, se pregunta Ribas.

Por último, habla de un nivel 3 donde se incluiría el contenido del paquete. “Ese contenido del paquete es confidencial y está protegido por el secreto de la correspondencia. Hay una excepción que consiste en los productos que tienen un envoltorio robusto. En estos casos se acostumbra a informar al cliente de la posibilidad de que el paquete del producto no se incorpore en otro paquete de la tienda, por lo que terceras personas podrán conocer el contenido del envío. Esta es una práctica muy habitual en Amazon”, subraya. “En tal caso, el cliente conoce la advertencia y puede requerir un envoltorio que oculte el contenido del envío o dejar la caja descubierta”, concluye Ribas.

Una sanción desproporcionada

Para Xavier Saula, socio de Auris Advocats, la resolución aquí comentada de la AEPD aborda dos conceptos sumamente interesantes. En primer lugar, “es muy interesante ver como se califica el hecho infractor en sí. La posibilidad de los servicios de mensajería y entrega a domicilio de entregar los paquetes o correspondencia a una persona que no es el destinatario, sin disponer de una autorización expresa por parte del afectado”.

Este jurista recuerda que es una práctica extendida que, en términos generales, “nos beneficia a todos, aunque es evidente que no está exenta de riesgo en determinados supuestos. En la mayoría de los casos, el mensajero desconoce la relación o la confianza que hay entre la persona que recoge el paquete y el destinatario, ni tampoco el nivel de proteccionismo de su intimidad que tiene el destinatario del envío”.

Para este experto, “cuando no se dispone del consentimiento del receptor directo, la entrega a cualquier otra persona que parezca estar autorizada (tales como vecinos), tal como se describe en los Términos y Condiciones de UPS, puede ser, a entender de esta parte, una práctica arriesgada”.

A su modo de ver, “desde el punto de vista del denunciante, podemos entender ajustada a derecho la decisión de la AEPD considerar que se ha producido una infracción del RGPD”. Es decir, “un envío puede contener información personal más allá de los datos de entrega, pues el origen y/o forma del paquete pueden revelar información. Por ello, podría producirse un tratamiento de datos no autorizado cuando no se ha obtenido el consentimiento expreso para entregar ese paquete a ese tercero determinado”, destaca.

El socio de Auris Advocats cree que este tipo de asuntos puede cambiar el modo de trabajo de las empresas de mensajería “obligándolas a establecer mecanismos para garantizar que se autoriza la entrega a una persona determinada”. También cree que “implicará que se pueda identificar a la persona que se va a entregar, porque una autorización genérica, como la que tiene ahora UPS, podría suponer fácilmente un acceso no autorizado a los datos, por lo que entendemos no es acorde a derecho”.

«Aun cuando creemos que se califica bien la infracción, la cuantía de la sanción la consideramos desproporcionada»

En segundo lugar, Saula señala que “la resolución es sumamente interesante al abordar el alcance de la responsabilidad cuando quién comete la infracción es una empresa subcontratada, en este caso, la empresa de mensajería”.

En su opinión, “los argumentos de UPS (que en este caso sí les vemos recorrido, aunque con muchas dudas) vienen a defender la ausencia de responsabilidad porque son, a grandes rasgos, Encargados de Tratamiento, que siguen las instrucciones del Responsable (MediaMarkt)”.

También recuerda que “en sus términos y condiciones, aceptados por el Responsable, UPS especifica la posibilidad de entregar el paquete a cualquier persona que parezca estar autorizada. Si bien ya hemos dado nuestra opinión sobre esta cláusula genérica, es cierto que MediaMarkt la aceptó. Y es cierto que, de ser UPS un Encargado de Tratamiento, MediaMarkt debe imponer el deber de confidencialidad debido y, además, obtener el consentimiento del destinatario”.

“La AEPD resuelve en base a la inadecuación del contrato que rige entre las partes, al no cumplir con las especificaciones del art. 28.3 del RGPD. No se puede determinar si existe un Encargo de Tratamiento o un simple contrato de prestación de servicios”, aclara este jurista.

A su juicio, “la resolución no aclara si hubiera habido ausencia total de responsabilidad para UPS en caso de que el contrato fuera impecable, y no hubiera duda de que UPS actúa como Encargado de Tratamiento”.

“Recordemos que la STS de 15 de febrero de 2022 establece que el Encargado de Tratamiento debe también adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos. Hubiera sido interesante ver qué nivel de responsabilidad se le atribuía al Encargado en este caso”, comenta Saula.

Asimismo, el experto apunta que “el contrato de Encargado de Tratamiento debe cumplir a rajatabla lo establecido en la normativa, porque en caso contrario no se puede definir como tal y los límites de la responsabilidad pueden quedar difusos. Se puede apreciar en la resolución de la AEPD que este es el motivo clave por el que se imputa responsabilidad a UPS y no a MediaMarkt”.

Por último, sobre UPS cree que puede defender que es incuestionable la existencia de una relación de «Encargo de Tratamiento», al margen de lo establecido en el contrato, debiendo primar para su interpretación la realidad del servicio que se presta, por encima del texto literal de mismo”. igualmente, “también podría alegar que el contenido del contrato de Encargo de Tratamiento (y por ende el nivel de protección) debía imponerlo MediaMarkt como responsable de los datos, y no ellos, que son la empresa a quién se delega el tratamiento”, concluye este jurista.

Fuente: https://www.economistjurist.es/

Discrepando de la interpretación que se hizo en la sentencia de instancia, la Audiencia Provincial de León ha declarado que un hombre tendrá que abonar 150.000 euros a su expareja por su dedicación plena a las tareas del hogar y al cuidado de sus hijas durante los 22 años que duró el matrimonio.

La sentencia, de 28 de julio de 2022, anuncia que, con anterioridad a contraer matrimonio, la mujer trabajaba en Telefónica y percibía unos ingresos anuales de casi 14.000 euros.

El caso

En noviembre de 2021, el Juzgado de Primera Instancia declaró disuelto por divorcio el matrimonio contraído por las partes en 1998 y condenó al hombre a abonar a su expareja la cantidad de 1.200 euros mensuales, en concepto de pensión compensatoria, por un período de tres años.

La mujer recurrió en apelación y solicitó, entre otros extremos, que, como contribución al sostenimiento de las cargas familiares, consecuencia de su dedicación pasada a la familia, su exmarido debía abonarle la suma de 150.000 euros, en concepto de compensación/indemnización del art. 1.438 del Código Civil.

“Parece obvia la procedencia de la compensación económica reclamada”

En primer término, la AP de León adelanta que no puede compartir la interpretación que se hizo en la sentencia de instancia para denegar la indemnización del art. 1438 del CC, señalando que no se daban los parámetros para conceder una pensión compensatoria de pago único, lo cual se consideraba que constituía una indemnización encubierta al amparo del art. 1.438 del C. Civil que no fue peticionada en la reconvención.

En particular, según el parecer de la Sala, aunque es cierto que en el escrito de reconvención no se hacía alusión al repetido art. 1438 del CC, “claramente se deduce de la lectura integra del escrito, que lo que se está solicitando, es una indemnización al amparo del referido precepto”. Además, para mayor argumento, la parte reconvenida, en su contestación a la reconvención, argumentó porqué consideraba que no procedía la compensación del art. 1.438 del CC, “lo que evidencia que era perfectamente conocedora de lo que se le estaba pidiendo, de ahí que ninguna indefensión se puede causar a dicha parte al resolver sobre el tema, pues ha tenido la posibilidad, de argumentar al respecto, lo que ha considerado conveniente en el momento procesal oportuno”, agrega la sentencia.

En segundo lugar, entrando ya en el fondo del asunto, la Audiencia llama la atención que la recurrente, en el momento de contraer matrimonio, en régimen de separación de bienes, era empleada de Telefónica y se vio obligada a pedir la baja por maternidad a los cinco meses de celebrarse la unión matrimonial. Tras la excedencia por cuidado de sus hijas menores, la mujer se reincorporó a su empresa. Sin embargo, a los tres meses, a la recurrente le concedieron una nueva excedencia voluntaria que solicitó para la atención y cuidado de sus hijas y familia.

Durante la vigencia del matrimonio, la mujer se ha dedicado a las tareas del hogar y al cuidado de sus dos hijas y esposo, viviendo de los ingresos de este último, que era quien corría con todos los gastos de la familia, y gestionaba su propia empresa, dejando por tanto de percibir su salario, que en el año 1996 se cifraron en 152.056 pesetas mensuales, por 15 pagas, que suponía unos ingresos anuales de 13.708,12 euros.

El trabajo para la casa no solo es una forma de contribución, sino que constituye también un título para obtener una compensación en el momento de la finalización del régimen

Dicho esto, en palabras del Tribunal, “parece obvia la procedencia de la compensación económica reclamada”, al margen de que durante el matrimonio el esposo le haya donado a su expareja el dinero para la compra de un solar o de un coche, o le haya dado 1.000 euros para constituir una sociedad (una funeraria), “toda vez que la recurrente ha venido contribuyendo con su dedicación a la familia y a las cargas del matrimonio”.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la cantidad que se solicita se cuantifica sobre la media del salario mínimo interprofesional durante 22 años de matrimonio, la AP de León estima procedente acceder a la indemnización peticionada en la cuantía de 150.000 euros, que podrá ser satisfecha, a elección del obligado a su pago, de una sola vez o plazos, sin intereses, que no podrán ser inferiores a 500 euros al mes y que se ingresarán en la misma cuenta en que se ingresa la pensión compensatoria.

Fuente: www.economistjurist.es

El anexo de la orden determina los criterios que rigen la actualización de las bases técnicas actuariales, la cual se llevará a cabo cada cinco años a contar desde la entrada en vigor de la actualización anterior, salvo que concurran circunstancias excepcionales adecuadamente justificadas, y, además, establece las diferentes metodologías de cálculo de indemnizaciones

Ya es pública la Orden ETD/949/2022, de 29 de septiembre, mediante la cual se actualizan las bases técnicas actuariales en las que se sustentan las tablas de lucro cesante, de ayuda de tercera persona y las tablas técnicas contenidas en el anexo del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, de acuerdo con lo establecido en los artículos 48 y 49.2 de dicho texto refundido.

Asimismo, el anexo de la orden determina los criterios que rigen la actualización de las bases técnicas actuariales, la cual se llevará a cabo cada cinco años a contar desde la entrada en vigor de la actualización anterior, salvo que concurran circunstancias excepcionales adecuadamente justificadas, y, además, establece las diferentes metodologías de cálculo de indemnizaciones.

Actualización de las bases técnicas actuariales

La Orden ETD/949/2022 incorpora en un anexo las bases técnicas actuariales, las cuales se componen de los criterios que rigen la actualización de las mismas, de cuatro documentos, dos tablas actuariales de mortalidad y tres tablas técnicas.
Dichas bases se refieren a las hipótesis que sirven para el cálculo de las cuantías indemnizatorias contenidas en las tablas de lucro cesante, de ayuda de tercera persona y las tablas técnicas del anexo del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, permitiendo llevar a cabo la reparación íntegra y vertebrada del daño de acuerdo con el artículo 33 de dicho texto refundido.

Asimismo, se dispone que las hipótesis que subyacen en las bases técnicas actuariales deben revisarse periódicamente, permitiendo con ello su adaptación a la evolución socioeconómica del país.

La revisión completa de las tablas de lucro cesante y ayuda de tercera persona se realiza conforme a las bases técnicas actuariales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49.2.

Indemnizaciones por lucro cesante de los perjudicados que dependen económicamente de la víctima

En el primer documento de las bases se establece la metodología del cálculo de indemnizaciones por lucro cesante de los perjudicados que dependen económicamente de la víctima a causa de su fallecimiento por accidente de circulación.

Para proceder al cálculo del perjuicio debe tenerse en cuenta la concurrencia de las cuotas de los perjudicados.

Así, respecto al cónyuge de la víctima la indemnización se determina atendiendo a las pérdidas generadas por el fallecimiento de la víctima, las compensaciones ocasionadas por dicho fallecimiento como consecuencia de la percepción de la pensión de viudedad y se calcula su lucro cesante.

Respecto a los hijos de la víctima se tendrán en cuenta las pérdidas ocasionadas por su fallecimiento, las compensaciones por la pensión de orfandad y se calcula su lucro cesante.
También se establece la forma de determinar la indemnización de hermanos, padres, abuelos, nietos y allegados de la víctima.

E incluye las hipótesis biométricas y económico-financieras utilizadas para calcular los valores actuariales de las rentas y la elaboración de las tablas en base a la metodología expuesta.

Indemnizaciones por lucro cesante del lesionado por incapacidad permanente

El segundo documento fija la metodología del cálculo de indemnizaciones por lucro cesante del lesionado por incapacidad permanente a causa de accidente de circulación.

La indemnización del lesionado se determinará considerando las pérdidas ocasionadas por la incapacidad permanente, la duración del perjuicio, las pensiones de incapacidad permanente y el cálculo de su lucro cesante.

Se establecen las hipótesis biométricas y económico-financieras y se elaboran las tablas de acuerdo con la metodología expuesta (por incapacidad permanente absoluta, por incapacidad permanente total, por incapacidad permanente parcial, por incapacidad permanente absoluta para lesionados pendientes de acceder al mercado laboral y por incapacidad permanente total para lesionados pendientes de acceder al mercado laboral). Y se incorpora las tablas de mortalidad PEIB2014 (Incapacidad permanente).

Indemnizaciones por necesidad de ayuda de tercera persona

En el tercer documento la Orden ETD/949/2022 determina la metodología del cálculo de indemnizaciones por necesidad de ayuda de tercera persona a causa de accidente de circulación.

En este sentido contiene la modelización del cálculo del perjuicio por necesidad de ayuda de tercera persona, la determinación de la indemnización, se valora esta necesidad, se determinan las horas de ayuda necesarias, se calculan las pérdidas o perjuicios económicos ocasionados por esa necesidad de ayuda y se determina la prestación pública a considerar en las proyecciones.

También incluye las hipótesis biométricas y económico-financieras que sirven de base para elaborar la tabla y las Tablas de Mortalidad PEIB2014 (Necesidad de ayuda de tercera persona para los denominados niveles 3 y 4).

Tablas de ayuda para la tramitación de siniestros

Por último, el cuarto documento se refiere a las tablas de ayuda para la tramitación de siniestros: tabla técnica de coeficientes actuariales de conversión entre capitales y rentas vitalicias (TT1), tabla técnica de esperanzas de vida (TT2) y la tabla técnica de coeficientes de capitalización de prótesis y órtesis (TT3).

La actualización de las hipótesis implica la modificación de las cuantías de las tablas de lucro cesante, ayuda de tercera persona y las tablas técnicas del anexo del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.

Entrada en vigor

La Orden ETD/949/2022, de 29 de septiembre, entra en vigor el 7 de octubre de 2022, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Las bases técnicas actuariales del anexo serán de aplicación a los accidentes ocurridos a partir de su entrada en vigor y a los lesionados en accidentes ocurridos anteriormente cuyas secuelas se hayan estabilizado a partir de esa fecha.

Fuente: https://noticias.juridicas.com