Juzgado de Lleida perdona una deuda de 1.376.041 € a un constructor gracias a la segunda oportunidad

El Juzgado de Primera Instancia n.º 6 (mercantil) de Lleida ha perdonado una deuda de 1.376.041 euros a un empresario vecino de Preixana, al aplicar la Ley de la Segunda Oportunidad.

El hombre, cliente del despacho situado en Agramunt Bergadà Asociados, era administrador de una empresa de construcción de la cual avalaba personalmente obligaciones económicas de la sociedad y se vio afectada de forma directa por el estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008, sufriendo así la caída brusca de la demanda del mercado lo que derivó en el impago generalizado a sus clientes.

En este sentido, «después de más de 13 años sin poder tener ni una cuenta abierta a su nombre, ni optar siquiera a ser titular de una simple tarjeta de crédito, de ser acosado incesantemente por sus acreedores y sufrir múltiples embargos procedentes de ejecuciones sobre sus salarios», señalan desde Bergadà Asociados, el pasado 28 de diciembre el titular del citado Juzgado emitió un Auto por el que se le perdonaban todas sus deudas.

El magistrado remarcó que «en el presente caso procede la conclusión del concurso al constar el informe favorable de la administración concursal y no consta oposición de ninguna de las partes», concediéndose así la exoneración del pasivo insatisfecho sin un plan de pagos.

«Al conocer la noticia me quedé impactado e, incluso, aquella noche me costó dormir porque llevaba muchos años sufriendo esa situación, la cual llegó a suponer un trauma psicológico y anímico, ya que no podía nada con las entidades bancarias ni tener nada a mi nombre. Han sido unos años de una pesadilla emocional constante y dura«, confiesa el cliente de la firma.

«Esta EPI llegó en forma de un regalo de Reyes que nuestro cliente nunca hubiese soñado»

«Cuando se lo explico a la gente se queda anonadada», reconoce el usuario. Y por todo ello, «por fin, ha llegado el momento de respirar. Esta situación me ha cambiado tanto a mí como a mi familia, pero ahora vemos el futuro muy diferente».

«Pese a que fue el Día de los Santos Inocentes, esta EPI llegó en forma de un regalo de Reyes que nuestro cliente nunca hubiese soñado», argumenta la abogada, especialista en derecho concursal y en la Ley de la Segunda Oportunidad y socia fundadora del despacho y colaboradora de Economist & JuristMarta Bergadà.

Además, remarca que «no se trata de ningún premio de la lotería, sino de la aplicación de la Ley Concursal y la exoneración del pasivo insatisfecho a los deudores de buena fe mediante el procedimiento de la Ley de la Segunda Oportunidad».

Un camino difícil

Desde el despacho recuerdan que el usuario conoció la Ley de la Segunda Oportunidad a través de un empresario que le recomendó acogerse a este procedimiento, «ya que él mismo, de la mano de Bergadà Asociados, había logrado que le perdonaran una deuda de 400.000 euros».

La abogada especialista en derecho concursal y socia fundadora de Bergadà Asociados, Marta Bergadà, indica que «sólo se comprende la situación por la que pasan algunas personas afectadas por las deudas cuando antes has pasado por ello».

En esta línea, añade que «es una situación desesperante y rocambolesca, en la que debes recurrir a tu familia y amigos para salir a flote. Además, sientes que no eres parte de la sociedad, sino que debes de ir siempre con la cabeza agachada, como si hubieses realizado algún hecho delictivo o vergonzante».

Marta Bergadà Minguell

Marta Bergadà Minguell, Abogada y Socia-fundadora de Bergadà Asociados. (Foto: Bergadà Asociados)

Según comenta Bergadà, «la sensación de acompañar a estos clientes desde el principio del procedimiento hasta el final del mismo es un altibajo de emociones«. Y es que, «empiezan llorando y explicando su cruda realidad, y pasan a empezar a ver una luz, por fin, al final del túnel. Paralelamente, en ocasiones también se da la incredulidad, incluso dentro del procedimiento, debido a que siempre hay comentarios realizados por personas que no creen que exista una ley que permita perdonar las deudas. Al final, reciben la llamada de su abogado anunciándoles que ya no tienen deudas y que se les ha concedido la oportunidad de empezar de cero. Es entonces cuando arrancan a llorar de nuevo, pero esta vez de alegría extrema». Por ello, puntualiza, «esas sensaciones te las llevas a casa irremediablemente y te sientes parte de su historia«.

«La sensación de acompañar a estos clientes desde el principio del procedimiento hasta el final del mismo es un altibajo de emociones«

Por otro lado, Marta Bergadà explica que la Ley Concursal es una de las leyes que más reformas ha sufrido desde su entrada en vigor, más de 30, y cuenta con multitud particularidades, «por lo que es necesaria una gran profesionalización y experiencia». De hecho, la última reforma, que entró en vigor el pasado 26 de septiembre de 2022, «cambia radicalmente la norma y dota a la deuda pública de una gran protección, aunque acelera los procedimientos y disminuye sus costes», concluye.

Fuente: https://www.economistjurist.es

La empresa debe pagar el coste de las gafas graduadas a los empleados que trabajen con pantallas

Según el TJUE, el reembolso por parte del empresario del coste de adquisición de las lentes garantizaría un mayor nivel de protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores

La Sala Segunda del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que la empresa deberá pagar el coste de las gafas graduadas o de las lentillas de aquellos empleados que trabajen frente a una pantalla de ordenador y que las necesiten para corregir su agudeza visual.

La sentencia, de 22 de diciembre de 2022, responde a una cuestión prejudicial planteada por un tribunal rumano.

El caso

El usuario afectado trabajaba para la Inspección General de Inmigración del Departamento de Cluj (Rumanía) y desempeñaba sus funciones con equipos que incluían pantallas de visualización.

Según el empleado, trabajar frente a una pantalla de ordenador le provocó un importante deterioro de su vista. De hecho, siguiendo la recomendación de su médico especialista, el hombre decidió cambiarse de gafas graduadas para corregir la disminución de su agudeza visual.

Como el sistema nacional de sanidad rumano no contemplaba el reembolso de los 530 euros que le costaron las mencionadas gafas graduadas, el trabajador peticionó a la empresa que le reembolsara dicha cantidad. Sin embargo, la Inspección denegó tal solicitud.

La empresa debe pagar el coste de las gafas graduadas a los empleados que trabajen con pantallas

Ya en sede judicial, el Tribunal de Distrito de Cluj desestimó la demanda planteada por el trabajador y advirtió que no se cumplían las condiciones para obtener el reembolso solicitado, puesto que la normativa interna no establecía el derecho al reembolso de los costes de los dispositivos correctores especiales, sino únicamente un derecho a obtener tales dispositivos en caso de que fuese necesaria su utilización.

No conforme con lo anterior, el empleado recurrió en casación ante el Tribunal Superior de Cluj.

Entonces, este órgano jurisdiccional decidió suspender el procedimiento y plantear al TJUE cuatro cuestiones prejudiciales. En concreto, entre ellas, el Tribunal preguntaba si la Directiva 90/270 referente a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, debía interpretarse en el sentido de que la obligación del empresario de proporcionar a los trabajadores afectados un dispositivo corrector especial podía cumplirse, bien mediante la entrega directa del dispositivo al trabajador, bien mediante el reembolso de los gastos que este haya tenido que efectuar, o bien mediante el abono al trabajador de un complemento salarial de carácter general.

La empresa deberá sufragar los gastos de las gafas graduadas

En primer término, el Alto Tribunal Europeo recalca que el art. 9.3 de la Directiva 90/270 impone al empresario la obligación de garantizar que los trabajadores afectados obtengan, en su caso, un dispositivo corrector especial, pero no especifica el modo en el que la compañía está obligada a cumplir con dicho cometido.

«El reembolso por parte del empresario del coste de adquisición de un dispositivo corrector especial es conforme con el objetivo de la Directiva»

Tras ello, siguiendo la línea marcada por la abogada general, el TJUE abre la posibilidad a que las empresas asuman el coste de adquisición de unas gafas graduadas. En palabras de la Sala Segunda, “el reembolso por parte del empresario del coste de adquisición de un dispositivo corrector especial es conforme con el objetivo de la Directiva 90/270, puesto que garantiza un mayor nivel de protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores”.

Por último, la sentencia recoge que la finalidad de los apartados 3 y 4 del art. 9 de la repetida Directiva de proporcionar a los trabajadores, “sin carga financiera alguna”, dispositivos correctores especiales en el supuesto de que resulten necesarios, puede alcanzarse, “bien directamente, mediante la entrega de tal dispositivo al trabajador afectado por parte del empresario, o bien indirectamente, mediante el reembolso del coste de dicho dispositivo por parte de dicho empresario”. Eso sí, como matiz, el TJUE imposibilita que esa obligación se efectúe mediante el abono al trabajador de un complemento salarial de carácter general.

Fuente: https://www.economistjurist.es

Santander, BBVA, Caixabank y Bankinter, demandados por los avales de créditos ICO

Las entidades financieras pretenden cobrar el 100% del aval de créditos ICO cuando el contrato hablaba solo de que los empresarios asumían el 20% del mismo

El Gobierno va a aprobar una moratoria contable para evitar que muchas empresas quiebren y ya aprobó la nueva normativa concursal al objeto de frenar la insolvencia de muchas empresas tras la entrada en vigor de esta reforma el pasado 26 de septiembre.

Sin embargo, la situación de cientos de empresas que pidieron créditos ICO sigue siendo preocupante. Muchas de ellas suscribieron avales personales para recibir ese dinero, lo que ha empeorado su situación y encarecido de forma notable la devolución de dichos créditos. En este sentido, se está dando el caso de que muchos avalistas se están enfrentando a las entidades financieras porque éstas reclamaban la totalidad del importe del aval del crédito ICO y no el 20%, como se suscribió en el momento de formalizar dichos créditos.

La plataforma de afectados del despacho Fieldisher supera los 300 afectados, y sigue creciendo, mientras otros despachos, como HIspacolex o Gab Abogados, entre otras firmas, también han entrado en esta guerra.

Según el informe de estabilidad financiera del Banco de España de primavera de 2022, el 22,7% de los prestamos ICO Covid-19 (unos 20.000 millones de euros) estarían en riesgo de impago, lo que supone que docenas de miles de avalistas podrían verse obligados a pagar estos préstamos con su patrimonio.

Cabe aclarar que los créditos ICO ya existían antes de la aparición del coronavirus, mientras que el novedoso producto que se ideó entonces, denominado técnicamente “Líneas de avales ICO Covid-19”, fue creado ex profeso por parte del Gobierno central. La diferencia esencial entre un crédito ICO y una línea de aval ICO radica en que en el primer caso el ICO diseña las condiciones del préstamo y aporta los fondos, mientras que en el segundo caso la financiación la otorgan los bancos, que al mismo tiempo solicitan el aval del ICO.

Las entidades financieras se van a defender con uñas y dientes hasta llegar al Supremo si es necesario, es una estrategia para desincentivar esas demandas. Lo recurren todo, aunque no tengan razón. BBVA ha encargado a Uría Menéndez muchos de estos asuntos”, aclara Jordi Ruiz de Villa, socio de Fieldfisher, que asesora a la llamada Plataforma de Afectados ICO COVID-19 (PAICO).

Jordi Ruiz de Villa, socio de Fieldfisher. (Foto: Fieldfisher)

Desde las entidades financieras se mantiene una calma tensa y prefieren no hacer declaraciones. Indican que la situación es la que es “y que todo el mundo debe entender las condiciones en las que se suscribió esa cláusula de los avales”.

En este sentido, estas entidades bancarias ya han retirado toda la información existente de los préstamos ICO COVID-19 que en su día tenían a disposición del público. No obstante, despachos como Fieldfisher han levantado acta notarial de todos los bancos sobre dicha información, que ya no existe en ninguna entidad financiera.

“Sin embargo, la situación no es clara”, apunta Ruiz de Villa a Economist & Jurist. “Se firma la cláusula citada y el propio anexo del que nadie habla, donde se dice que el préstamo y el aval personal se condiciona a que el ICO dé un aval del 80% del importe. Y que si no se da ese 80%, el préstamo se resuelve automáticamente”.

Un nuevo frente contra la banca

Para este jurista, el problema está en la adenda o anexo del contrato donde “se les dijo a estos empresarios que en caso de devolución solo iban a asumir el 20% del aval y que el ICO se encargaría del 80% restante, pero se están encontrado con otra realidad más dura y preocupante, porque les piden devolver el 100% del préstamo y ahí surge el conflicto que ahora se judicializa”.

En los últimos dos meses, este despacho internacional ha interpuesto ya una treintena de demandas de empresarios afectados en una situación financiera límite. “Hemos interpuesto diez demandas contra el Banco de Sabadell, otras tantas contra el Banco de Santander, diez también contra BBVA, siete contra Caixabank y dos frente a Bankinter en estas últimas semanas”, aclara este abogado.

Ruiz de Villa subraya que “en este tipo de asuntos el banco tiene la tranquilidad de que, si pierde sus demandas, será el ICO quien le abone esas pérdidas en un 80%, sin embargo, la demanda va contra los bancos que se hicieron cargo de dichos contratos para la concesión de los créditos y sus avales. Ahora el banco exige el aval al 100%”.

Solo se avalaba el 20%

Este frente judicial se abrió a primeros de septiembre, cuando el bufete de abogados Fieldfisher, que asesora la plataforma PAICO, interpuso la primera demanda que solicita la nulidad de dos avales (por importe de 140.000 y 112.000 euros) de un avalista y su esposa respecto de dos préstamos ICO COVID-19 suscritos por una empresa arrendataria de AENA que hizo concurso de acreedores.

Cambio condiciones aval, judicialización

Todas estas demandas tienen el mismo denominador común. Los empresarios afectados por esta medida explican que se sienten estafados porque en las condiciones que suscribieron esos créditos nunca se habló de responder del total del aval. En muchos casos los bancos exigieron que estos préstamos estuvieran avalados por los administradores compañías. Cuando el ICO concedió el aval, los clientes fueron al notario a elevar a público los préstamos, en uno de cuyos anexos figuraba un certificado de que el ICO había concedido el aval.

Con estas demandas “queremos dejar claro que el aval es nulo y que, si al final no se logra esa declaración de nulidad, solo responder al 20% del total, que fue lo estipulado cuando se suscribieron los créditos ICO. Lo que no quieren es perder la vivienda. Han perdido el negocio y están en una situación muy complicada. Un drama”, aclara este jurista.

El perfil de los empresarios atrapados por estos créditos ICO es diverso “hay muchos con unas deudas de entre 20.000 y 50.000 euros. En nuestro caso estamos centrados en demandas de 300.000 a un millón de euros. Suelen ser varios avalistas conjuntos, el administrador de la sociedad junto con una sociedad patrimonial que también avala dichos créditos ICO”.

Muchos de esos negocios tuvieron que cerrar con la pandemia y una parte de ellos han perdido su viabilidad, algunos de ellos empresas familiares de larga tradición. Verdaderos dramas humanos. “Hay empresas que han hecho concurso, vendido su unidad productiva para responder a los avales. Y al mismo tiempo ha hecho concurso de personas físicas para ver si se pueden beneficiar con el mecanismo de la Segunda Oportunidad”.

El vicio del consentimiento

Desde Granada, Ana Nestares, socia y abogada del Departamento Civil y Mercantil de HIspacolex Abogados, cree que podemos estar ante un nuevo frente contra la banca como en su día fueron los derivados o swaps, donde el vicio del consentimiento producido por la falta de información a la hora de contratar ha sido clave en que muchas demandas fueran resueltas por los tribunales en favor del empresario.

Ana Nestares, socia de HIspacolex Abogados. (Foto: HIspacolex)

“La situación se ha agravado mucho porque ya ha pasado el plazo de carencia de estos créditos ICO y hay que devolverlos. Junto a la devolución de esos créditos, que muchas empresas no pueden realizar, están los avales que firmaron a nivel personal. Habrá batalla judicial con sentencias contradictorias hasta que el Tribunal Supremo marque la pauta como hizo con los swaps en su momento”.

Nestares, experta en derecho bancario, señala que “todo parte, como siempre, de una información precontractual que no se dio de forma clara al empresario o autónomo que lucha por mantener abierto su negocio. Aquí no está vigente la normativa de consumidores, pero se podrá demostrar el conocimiento de causa del empresario, si tuvo toda la información para contratar”.

La abogada explica que estos avales ICO se dieron en un contexto de pandemia, “de forma rápida, con poca información. Era una posibilidad para no cerrar la empresa. El Gobierno los vendió como una ayuda a la empresa a modo de financiación y mantener la economía más o menos estable. La reclamación tiene un plazo, que por vicio de consentimiento que es de cuatro años”.

Para esta letrada, “en teoría, si no paga la empresa, el ICO se hacía cargo del préstamo. Pero hay un detalle importante en el momento de la firma de esos préstamos se pidieron avales personales. Muchos firmaron porque pensaban que al estar el ICO solo avalaban el 20% a nivel personal. Error, porque se avalaba el 100% y los bancos están yendo contra el patrimonio de estos empresarios que no lo pueden devolver”.

Al final “solo en el caso de que la empresa no pague, y ese empresario no sea solvente económicamente va a pagar el ICO a la entidad bancaria. Eso deja claro que la ayuda para autónomos y profesionales lo que hacía era garantizar que el banco diera el dinero. Ahora muchos de estos profesionales se encuentran entrampado y no pueden devolver el dinero, de ahí las demandas”.

Diversificar actividades procesales

Por su parte, Jaime Briso, socio de Derecho Mercantil y Civil de GAB Abogados, subraya que su despacho “estudia varios casos de clientes con dificultades a fin de definir la estrategia que mitigue al máximo el enorme gravamen que la íntegra exigibilidad del préstamo pudiendo, en algunos casos, abocar directamente al concurso de acreedores”.

Jaime Briso, socio de GAB Abogados. (Foto: GAB Abogados)

A este respecto señala que “estamos ponderando múltiples estrategias, tanto en sede concursal como en sede civil a fin de instar la nulidad del aval o su reducción hasta el 20%, tal y como se comunicó por Estado”.

A su juicio, “la deficitaria y capciosa campaña de comunicación realizada por el Gobierno abocó a muchísimos empresarios a suscribir este tipo de préstamo, no siendo conscientes de que estaban garantizando la totalidad del préstamo y, en otros muchos casos, de la garantía personal prestada, lo cual vacía de sentido el aval del ICO y hace cuestionar con no poco fundamento la existencia de un vicio en el consentimiento acreedor de nulidad del aval”.

El Real Decreto-Ley 5/2021 de 12 de marzo de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, dice en su artículo 16 que, en el caso de la ejecución de los avales otorgados por el Estado, “se seguirá para el conjunto del principal de la operación avalada el mismo régimen jurídico de recuperación y cobranza que corresponda a la parte del principal del crédito no avalada por el Estado, de acuerdo con la normativa y prácticas de las entidades financieras… Corresponderá a las entidades financieras la formulación de reclamaciones extrajudiciales o ejercicio de acciones judiciales por cuenta y en nombre del Estado para la recuperación de los importes impagados de créditos de la Hacienda Pública derivados de la ejecución de estos avales. No obstante, las entidades de crédito no podrán conceder aplazamientos, fraccionamientos y quitas de las cantidades reclamadas por cuenta y en nombre del Estado sin recabar previamente su aprobación por parte del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria”.

Este experto indica que aquí se ve “la perfecta coordinación entre el Estado y las entidades financieras en la canalización del crédito y la ulterior exigibilidad de la totalidad del importe prestado”

A este respecto señala que “de un lado, vimos que en muchísimos casos el empresario avalaba el 100% del importe, a pesar de creer este que sólo respondería del 20%, y, adicionalmente, avalaba personalmente el pago del crédito deviniendo totalmente estéril el aval del Estado pues, caso de operar éste, será la entidad prestamista la que efectuará la reclamación del crédito como si del mismo crédito se tratare, siendo los efectos de tal reclamación idénticos al caso de no existir tal aval”.

Fuente: https://www.economistjurist.es

Nuevas condenas al Sabadell por sus seguros de vida vinculados con préstamos hipotecarios

El banco ocultó a sus clientes las consecuencias abusivas de los seguros de vida de prima única

Dos Juzgados de Aragón han declarado la nulidad de unos seguros de vida de prima única vinculados con préstamos hipotecarios por resultar abusivos y han ordenado al Banco Sabadell a devolver a los clientes el importe de las primas, más los intereses pagados por el exceso de financiación hipotecaria.

Juzgado de Zaragoza: hay desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes

El Juzgado de Primera Instancia n.º 18 de Zaragoza, mediante su sentencia de 29 de septiembre de 2022, ha declarado la nulidad del seguro de vida contratado por la actora con el Sabadell y ha condenado a la entidad a devolver al cliente el importe de los intereses cobrados por el exceso de financiación, esto es, 8.134,94 euros.

Con carácter previo, el Magistrado-Juez explica que la referencia a “prima única financiada” no hace alusión a un tipo de seguro sino más bien al modo como se pacta el pago de la prima. Es decir, se trata de anticipar el pago de la prima completa del seguro que se pagaría a lo largo de toda su duración, y por ello se financia.

En estos supuestos, el Juzgado califica de “esencial” que la entidad alerte e informe al cliente que esta forma de pago del seguro aumenta el coste del préstamo. Asimismo, según el tenor literal de la sentencia, “es preciso informar del modo de desvincularse del contrato y si ello permite reducir ese capital financiado y la reconstrucción del cuadro de amortización”.

A modo de ejemplo, el Magistrado-Juez explica que sería “relevante” que la demandada hubiese proporcionado la diferencia del coste entre el pago adelantado y financiado y el pago aplazado. Sin embargo, según se razona en la sentencia de 8 páginas a la que ha tenido acceso Economist & Jurist, “no consta que en este caso se haya proporcionado información de estos extremos y no se ha practicado prueba alguna al respecto”.

Por otro lado, el Juzgado de Zaragoza constata que, “en la medida en la que en el contrato de préstamo con prima financiada no exista alguna previsión de resolución con posibilidad de devolver el importe restante y de reconstrucción del cuadro de amortización, habrá un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes”. De hecho, en el caso de autos, “no consta que se haya proporcionado esta posibilidad ni que se haya informado de ello”.

Así las cosas, el Juzgador considera que la circunstancia de que el Sabadell imponga esta forma de pago genera un desequilibrio entres las partes “que hace que esta forma de pago sea abusiva”.

Juzgado de Jaca: la estipulación no está negociada individualmente

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Jaca, a través de su sentencia de 7 de noviembre de 2022, ha declarado la nulidad de dos contratos de seguros de vida suscritos por dos usuarios con el Sabadell y ha condenado a la entidad a devolver a los actores cerca de 5.000 euros.

La sentencia, de 22 páginas, especifica que no ha quedado acreditado que el comercial del Banco Sabadell “informase detalladamente” a los clientes “de la repercusión económica que la contratación de los seguros tendría en el préstamo hipotecario”.

“Nos encontramos ante una estipulación no negociada individualmente (…) y no consentida expresamente (…), que es contraria a la buena fe (…), que opera en perjuicio del consumidor y que genera un desequilibrio importante de las obligaciones”, de modo que no puede interpretarse que la financiera “hubiera podido presumir que, en un trato leal y equitativo con su cliente en el marco de una negociación individualizada, éste hubiera aceptado dichas condiciones en su integridad”, añade la Magistrada-Juez.

Fuente: https://www.economistjurist.es/

Asociaciones de jueces alertan del retroceso democrático que supondrá el control por parte del Gobierno del CGPJ y del Constitucional

Esta reforma exprés del Código Penal llegará el martes 13 a la Comisión de Justicia del Congreso y nueve días después al Senado para su convalidación.

Nunca un trámite parlamentario de una reforma del Código Penal fue tan polémico. En este puente de la Constitución, las enmiendas de PSOE y Unidas Podemos en la reforma del delito de sedición han alcanzado la modificación del delito de malversación de fondos públicos y también pretenden modificar el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional y del CGPJ.

Pedro Sánchez

Según se ha podido saber, esta reforma exprés del Código Penal, que modifica los delitos de sedición y malversación de fondos y cambia la LOPJ, llegaría a la Comisión de Justicia del Congreso el próximo martes 13 de diciembre. Con posterioridad el Senado recibiría dicha proposición de ley el 22 de diciembre, jueves para su tramitación definitiva apenas mes y medio tras su registro en el Congreso.

Mientras que los partidos políticos hablan del control de las instituciones por parte del Gobierno y en el caso del PP y VOX anuncian recursos ante el Tribunal Constitucional, el colectivo de jueces, en su mayoría, muestra su preocupación ante lo que consideran un deterioro democrático este cambio de normas del juego.

La única nota discordante es Jueces y Juezas para la Democracia, quien aún no se ha pronunciado sobre este tema y apela a un comunicado de prensa sobre el 44 aniversario de la Constitución de su secretariado.

Ahí indican que pese a los avances logrados por la Carta Magna en cuanto a progreso en igualdad y derechos, el “sistema institucional que allí se dispuso está en crisis, porque se está permitiendo que órganos constitucionales de especial relevancia, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Tribunal Constitucional permanezcan en funciones o incompletos«.

Para este colectivo “los derechos fundamentales y libertades públicas tienen que ser asegurados por los poderes públicos, lo que exige que los organismos que los salvaguardan operen plenamente. De ahí que la interinidad del CGPJ, órgano de gobierno del Poder Judicial que ya dura cuatro años es inaceptable”.

Desde esta perspectiva, esta asociación de jueces reclama “su renovación para volver a una situación de normalidad que nunca debió abandonarse, así como reclamar a los vocales del CPGJ que cumplan con su mandato de elegir a dos magistrados del Constitucional porque ninguna excusa justifica la inestabilidad de este órgano judicial”.

Degradación de las instituciones

Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Alejandro Gonzalez,  magistrado Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 Palma de Mallorca explica a Economist & Jurist que “es una reforma peligrosa porque rompe el sistema de contrapesos existentes en el CGPJ. Cambiar las reglas de juego a mitad de camino es bastante peligroso. Si se elimina esta forma de elegir se rompe el consenso y cualquier negociación”.

Con posterioridad, poco antes de la medianoche de este viernes, este colectivo hacia público la postura de su Comité Nacional a través de un comunicado donde se indica que dicha reforma de la LOPJ “busca una mayoría simple sin necesidad de un quorum mínimo previo y limitando el voto de cada vocal a un solo candidato o candidata, siendo elegidos los que hayan obtenido un mayor número de votos”.

En dicho comunicado se recuerda que “esta propuesta evoca la planteada en 2020 con relación a la modificación de las mayorías para la elección de los miembros del CGPJ, cuya retirada había sido calificada por la Comisión Europea en su último Informe publicado sobre el Estado de Derecho, como “un avance positivo”.

De hecho, esa propuesta “habría incrementado la percepción del Consejo como una institución vulnerable a la politización”, valoración favorable despreciada por las enmiendas presentadas al intentar, nuevamente, cambiar las reglas, previamente establecidas, que arbitran un procedimiento de elección en trámite”.

En dicha nota también se indica que con este cambio “se eliminan los requisitos necesarios por los magistrados propuestos, verificación que se califica por los expresados grupos parlamentarios de “trámite legal adicional”, en el momento que el Gobierno publica en el BOE el acuerdo para nombrar dos candidatos suyos como magistrados del TC.

Desde la APM que preside Maria Jesus del Barco, juez decana de Madrid,  se insiste en que la propuesta contribuye “a una indeseable degradación de las instituciones y a la extendida sensación de fracaso en la defensa de los derechos de los ciudadanos para reclamar que se garanticen los del Estado de Derecho en los términos fijados por la Unión Europea y por el Consejo de Europa, valores que se infringen, manifiestamente, con propuestas como las anunciadas”.

El Gobierno, sin controles

Por su parte, Jorge Fernandez, portavoz de la Asociacion de Jueces Francisco de Vitoria, señala que “estamos viviendo una situación de auténtica  alarma para el Estado de Derecho en España. Tenemos un Congreso de los Diputados y Senado que no cumplen su función constitucional papel de renovar el CGPJ. Un Tribunal Constitucional que no ejerce sus funciones porque decide los asuntos en función de razones de oportunidad política del asunto y del momento que se trate”.

Con posterioridad el Comité Nacional de esta entidad judicial también hacia público otro comunicado donde señalaba las graves implicaciones de esta medida tomada por PSOE y Unidas Podemos para modificar la LOPJ, señalando que “esas cuatro modificaciones de la LOPJ se hacen de forma apresurada y con objetivos políticos claros. Una medida de este tipo quiebra el imprescindible equilibrio institucional que necesariamente ha de presidir la normal relación entre los poderes del Estado”.

La nota de AJFV destaca “que varios órganos estén incumpliendo las obligaciones que la Constitución y la ley les imponen – como sucede con el Congreso de los Diputados y el Senado, que llevan cuatro años sin renovar el CGPJ; o con el propio CGPJ, que no ha designado a los dos magistrados del TC que le corresponden– no legitima al Gobierno de la Nación, ni a las mayorías parlamentarias que lo sustentan, para alterar los equilibrios entre instituciones”.

Desde AJFV se insiste en que “las enmiendas que se han conocido hoy tratan, por el contrario, de conseguir que la composición del Tribunal Constitucional sea una determinada y, en tal sentido, en el contexto institucional que vive el país, ponen en riesgo el Estado de Derecho”.

Para esta asociación es necesario “un escrupuloso respeto a las normas constitucionales que la regulan. Desde AJFV se exige “en consecuencia, que el CGPJ cumpla su obligación de nombrar los magistrados del TC que le corresponden y que el Gobierno de la Nación y las Cortes Generales respeten los límites que a uno y otras impone nuestra Constitución”.

Una mala noticia

Fernando Portillo, magistrado y presidente de la Comisión Gestora de Foro Independiente Judicial, también señala lo peligroso de la situación que envuelve las enmiendas del Gobierno y sus socios de cambiar las mayorías para que los vocales del CGPJ elijan a los magistrados del Constitucional.

“El cambio de mayorías para elegir a estos magistrados supone un retroceso de las garantías de nuestra calidad democrática y Estado de Derecho. En el 2005 se modificó la LOPJ para que las mayorías fueran de 3/5, con la idea de evitar que un bloque ideológico del CGPJ hiciera rodillo y asi garantizar que los elegidos tuvieran un perfil más técnico y profesional. Esa mayoría era garantía de funcionamiento”, señala Portillo.

Desde su punto de vista, “ahora lo que hacemos es retroceder a otras épocas donde un bloque del CGPJ puede hacer estos nombramientos. De esta forma los mecanismos de control y contrapeso desaparecen y ponen en tela de juicio nuestro Estado de Derecho. Este afán desmedido de controlar los nuevos nombramientos del Tribunal Constitucional nos tiene preocupados. Parece que el problema es que faltan los magistrados que el Gobierno quiere que estén”.

Portillo no entiende las prisas cuando “se dio a conocer que el CGPJ celebraría un pleno el próximo 22 de diciembre para hacer estas votaciones de magistrados del Tribunal Constitucional. Primero el Gobierno eligió al magistrado Campo y a la Catedrática Diaz, que criticamos abiertamente en un comunicado y ahora establecen un nuevo procedimiento para asegurar que sean elegidos. Curiosamente el Gobierno que pide cumplir la ley, ahora cambia esta normativa para sus intereses”.

Por desgracia, esta modificación “no es para aumentar las garantías y para mejorar el sistema de separación de poderes sino justo lo contrario. Con esta maniobra de modificar la LOPJ esta reforma de calado podría hacerse en un par de semanas”.

Este jurista, al igual que el resto de asociaciones consultades por este medio creen que es inaceptable que en dichas enmiendas planteadas por PSOE y Unidas Podemos pudieran derivarse responsabilidades a los vocales del CGPJ incluso del tipo penal sin bloqueasen estos nombramientos.

Para este magistrado, el momento que se vive es crucial a todos los niveles: “Veremos qué alcance tienen los recursos de inconstitucionalidad planteen los partidos políticos y cómo encaja Europa este cambio normativo que ante situaciones parecidas en Hungría y Polonia reaccionaron con rapidez”.

Rompe la división de poderes

Desde la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ), asociación transversal formada por magistrados, fiscales, catedráticos, abogados, así como otros ciudadanos ajenos al ámbito jurídico, constituida para la despolitización de la Justicia española, su portavoz y secretario general,  el magistrado Jesus Villegas, también subraya esta invasión del Poder ejecutivo en el poder judicial.

En cuanto al cambio de mayorías que señala la LOPJ de los 3/5 a la mayoría simple para elegir los vocales del Tribunal Constitucional, este jurista indica que “esta medida de rebajar las mayorías supone perder la función de control. El Gobierno puede con la mayoría que le apoya colocar a sus candidatos en el propio Tribunal Constitucional. Seria el poder ejecutivo quien controlase a este órgano judicial”.

Al final de lo que se trata es “trasladar miméticamente la mayoría gubernamental al propio Tribunal Constitucional. Ya hubo recientemente un intento para rebajar estas mayorías del CGPJ y chocaron con Europa”.

Para Villegas, “esta medida viola todos los principios establecidos por la UE y como por el Consejo de Europa para establecer un sistema de división de poderes”.

Otra cuestión que destaca este jurista como tercera idea es que “esta iniciativa, caso de que prospere puede significar la ruptura del consenso de la transición. Hasta ahora determinaos órganos claves del Estado se habían considerado que eran resultante de un consenso de las diferentes fuerzas políticas.”

Desde su punto de vista, “si el consenso se rompe mediante la rebaja de las mayorías para beneficiar a una fuerza política en particular, los órganos constitucionales ya no obedecen al sentir de la ciudadanía, sino al sentir de un partido político”.

Este colectivo intensificará su labor de denuncia en Europa de los movimientos del Gobierno por controlar el poder judicial: “Estamos enviado comunicaciones a Europa. Ahora la más inmediata es participar en el informe del Estado de Derecho que realiza la Comisión Europea sobre España donde consulta a distintos agentes sociales. Estos hechos los pondremos en conocimiento, por ello”.

Fuente: https://www.economistjurist.es/

6.000 € de multa por publicar una sentencia sin censurar datos personales

La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado con 6.000 euros a una entidad deportiva por carecer de delegado de protección de datos y por publicar íntegramente en su web una sentencia y una resolución administrativa sin censurar los personales de las partes implicadas.

El caso

Un usuario puso en conocimiento de la autoridad de control que la Federación Andaluza de Esgrima tenía publicada en su página web varios documentos del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía en materia de un proceso electoral. En concreto, según el primer reclamante, allí constaba una resolución que contenía sus datos personales que, aunque tachados, eran visibles al trasluz.

En la misma línea, un segundo afectado alertó que la mencionada federación también tenía publicada en su web una sentencia íntegra dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en la que figuraban la totalidad de informacion de los documentos, conteniendo su nombre y apellidos sin haber prestado consentimiento.

Además, ambos reclamantes alertaron a la AEPD que la entidad deportiva no disponía de un delegado de protección de datos.

6.000 euros de multa

En primer término, la AEPD reconoce que, en el presente supuesto, la entidad reclamada no ha acreditado que concurra “interés público” para exponer en su web la sentencia y resolución administrativa conteniendo los datos de los afectados y su información asociada.

Además, en el caso de que existiera una habilitación para tal publicación, la autoridad de control advierte que los documentos expuestos “no deberían permanecer más que un tiempo concreto determinado para la finalidad por la que se exponen, en aplicación del principio de limitación del plazo de conservación”  que establece que los datos personales serán mantenidos de forma que se permita identificar a los interesados “durante no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales”.

«La entidad no ha dado ninguna explicación sobre la designación y nombramiento de un delegado de protección de datos».

6000€ de multa por publicar una sentencia sin censurar datos personales

6000€ de multa por publicar una sentencia sin censurar datos personales

La federación tendría que haber anonimizado las resoluciones, “de modo que no fuera posible identificar o hacer identificable a los afectados, ni directa ni indirectamente”, recuerda la Agencia.

Por lo expuesto, la institución dirigida por Mar España Martí estima adecuado sancionar a la federación con una multa de 5.000 euros por la infracción del art. 6.1 del RGPD.

En segundo lugar, la reciente resolución llama la atención que la reclamada expide licencias deportivas para menores y ofrece otra informacion en su web sobre competiciones y edades desde la que se puede practicar la esgrima. Sin embargo, la entidad no ha dado “ninguna explicación sobre la designación y nombramiento” de un delegado de protección de datos. En concreto, cabe recordar que tal obligación viene impuesta por lo previsto en el art. 34 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Lo anterior supone que la AEPD entienda oportuno sancionar a la organización deportiva con una multa de 1.000 euros por la infracción del art. 37 del RGPD.

Así, para imponer la sanción global de 6.000 euros, la autoridad de control ha tenido en cuenta, entre otras circunstancias que revelan una mayor antijuridicidad y/o culpabilidad en la conducta de la reclamada, la vinculación de la actividad de la infractora con la realización de tratamientos de datos personales. Es decir, la Agencia no interpreta como inhabitual o “extraño” el tratamiento de datos personales por la actividad de la reclamada en asuntos como “licencias” o “disciplina deportiva”.

Los herederos tienen derecho a acceder a las operaciones bancarias del fallecido

El Banco Santander ha sido condenado por no permitir que los herederos accediesen a los datos aún siendo ellos cotitulares de la cuenta

La Audiencia Provincial de Asturias confirma la condena al Banco Santander por denegar el acceso a los datos de la cuenta de un fallecido a sus herederos, aun cuando ellos eran cotitulares de la cuenta corriente y legítimos herederos.

La entidad bancaria justificó su decisión de no facilitar a los hijos del fallecido datos sobre las operaciones bancarias de este último porque supondría una invasión de su intimidad, sin embargo, la Sala ha fallado a favor de los herederos al razonar que desde la muerte del titular de la cuenta, sus hijos estaban legitimados para exigir al banco la información y documentación referente a las operaciones bancarias vinculadas a tales contratos.

Pues el artículo 661 del Código Civil recoge que el heredero, por efecto de la sucesión, pasa a ocupar la misma posición jurídica de este y en consecuencia, no le pueden afectar las reservas de las informaciones relativas a datos, posiciones, transacciones y demás operaciones de los clientes.

Es por ello que, este derecho a la información no se agota en la defensa de la herencia, no al menos en los casos en los que los sucesores son herederos forzosas y ostentan evidente interés en conocer los actos de disposición del causante que hayan podido vulnerar la integridad de su legítima.

acceso a la cuenta del fallecido

«Los herederos legítimos están legitimados para exigir al banco la información y documentación referente a las operaciones bancarias» (Foto: Archivo)

Sucesores legítimos de las relaciones jurídicas

La Sala razona que la pluralidad de intervinientes en el contrato de cuenta corriente atribuye a cada uno de ellos, tanto el derecho de operar en ella como el derecho a información sobre el conjunto de operaciones asentadas en la cuenta común. Todo ello sin pueda prevalecer el derecho a la intimidad personal y familiar del otro contratante ya que, fue el fallecido quien consintió de manera anticipada y expresa la invasión de ese espacio por el resto de los intervinientes en el contrato.

Pues, por virtud de la sucesión hereditaria, los demandantes sucedieron a su pariente en todas las relaciones jurídicas de los que era titular en el momento de la apertura de la sucesión, subrogándose por ello en la titularidad de sus derechos y obligaciones de contenido patrimonial.

Además, el Tribunal ha querido dejar constancia en la sentencia que, el Servicio de Reclamaciones del Banco de España no es órgano a quien incumba la interpretación del alcance del derecho fundamental  a la intimidad personal y familiar, ni siquiera una fuente de especial relevancia al respecto.

Por todo lo expuesto, la Sala ha desestimado el recurso de apelación que interpuso el Banco Santander contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº4 de Oviedo y confirmado a su vez dicha resolución, la cual obliga a la condenada a entregar a la actora copia de todos los contratos que el fallecido tuviera suscritos con la entidad, un extracto detallado de las cuentas corrientes o de los depósitos, así como a informar si en estos había otros cotitulares o personas autorizadas.

Fuente: https://www.economistjurist.es

Las entidades bancarias se lavan las manos ante la nueva ola de phishing que sufren pequeños ahorradores

Aluden a un articulo de la Ley de Servicios de Pago que habla del comportamiento negligente del cliente para no responsabilizarse de ese dinero sacado fraudulentamente por Internet

Los ciberatacantes han buscado otro tipo de víctimas para seguir recaudando de forma fraudulenta miles de euros de sus actividades irregulares. Según ha podido constatar Economist & Jurist la oleada de phishing que han lanzado contra las entidades bancarias está afectando a pequeños ahorradores que ven cargos no consentidos o dinero que no aparece en estas cuentas.

Las entidades bancarias, basándose en una interpretación particular de la Ley de Servicios de Pagos, no se han responsabilizado de estos asuntos, lo que genera que muchos de estos consumidores demanden al banco.

Asi, BBVA, Santander, Unicaja, se encuentran en esta lista de entidades bancarias que no colaboran con el consumidor

Lo peor es que estos asuntos, al judicializarse, suponen un coste de abogado y procurador para el reclamante y un proceso judicial que en primera instancia puede ser de doce meses, con lo cual las víctimas vuelven a estar perjudicadas por la citada demora.

Sin demanda judicial los bancos no hacen caso

Desde Bilbao, Marisa Gracia, socia del despacho RNL Abogados, miembro fundador de RED ABAFI, red de abogados y economistas que ahora cumple sus primeros cinco años de vida, también constata que el phishing se ha incrementado de forma notable después del verano.

Marisa Gracia

Marisa Gracia: «“Si no interpones demanda judicial los bancos no te hacen demasiado caso” (Foto: RNL Abogados)

Otra cuestión que nos señala es que “las entidades bancarias en muchos casos si no les interpones la demanda judicial no se avienen a negociar ni a estudiar el problema de tu cliente. La mayor parte de las reclamaciones extrajudiciales que planteamos son desestimadas”, advierte

Esta experta recuerda para nuestra publicación un joven que recibió un phising a través de ING. Trabaja en Holanda con un contrato de prácticas y le vaciaron la cuenta y los 3000 euros que tenia: “Al parecer esperaba un paquete por su cumpleaños desde España, recibió un enlace por el móvil en el que pinchó. Ahí le extrajeron sus datos bancarios”, indica

En esta situación, este joven cliente interpuso la reclamación en Holanda y también en España a la entidad bancaria, pero hicieron caso omiso. También la reclamación que hizo Gracia no fue estimada. “Pero en cuanto interpusimos la demanda ING se allanó. Ahora le tienen que devolver 3000 euros mas intereses”.

Otro asunto que está pendiente de que se celebre el juicio tiene que ver con los autónomos que reciben facturas falsas por Internet: “Se hacen pasar por un proveedor tuyo. Te interceptan tu operativa y le dicen que hay una factura con la que hay problemas y esta sin pagar. Se presentan como proveedor y asi el ingreso que se hace sirve para que capten los datos de estos empresarios”.

Este tipo de casuística fraudulenta se está dando con entidades bancarias como La CaixaBanco de SantanderING, un banco que solo opera por Internet. Hay algun caso donde se han utilizado los datos para abrir créditos en otras oficinas, además de vaciarles la cuenta correspondiente”.

Sobre la polémica Ley de Servicios de Pagos, que vino a mejorar la  relacion de los bancos con sus clientes, esta jurista recuerda que “la carga de la prueba es del banco, no del consumidor a la hora de demostrar la culpabilidad del cliente. La entidad financiera tendría que demostrar dónde esta ese agujero donde su cliente ha cometido esa conducta negligente grave de la que habla la ley”.

Fraudes fáciles de cometer

Para un experto en ciberseguridad como es el abogado y socio de Ecix Group, Francisco Pérez Bes, “hay un crecimiento de estos fraudes a través de Internet, fáciles de cometer y difícil de investigar y que generan un dinero sencillo de conseguir”.

Franciasco Pérez Bes

Franciasco Pérez Bes: “Los bancos creen que dar tu contraseña a un tercero es negligencia grave, pese a que haya sido a través de un engaño, con lo cual trasladan la responsabilidad al consumidor y el asunto se judicializa en muchos casos”

“Los delincuentes a través de un engaño te mandan un mensaje a través de Internet, en muchos casos suplantan la identidad de una empresa o entidad bancaria y te piden la contraseña de tu cuenta corriente, alegando que hay cambios en el sistema. Es el phishing de toda la vida más sofisticado”.

El problema legal radica en que “si bien en determinadas prácticas los bancos responden de esa situación de engaño, en muchas otras alegan que no son responsables porque hay un artículo en la Ley de Servicios de Pago a Distancia que señala que su responsabilidad queda exenta en los casos en los que el cliente actúe con negligencia grave”.

En definitiva, “dar tu contraseña a un tercero es negligencia grave, pese a que haya sido a través de un engaño, con lo cual trasladan la responsabilidad al consumidor. Eso está generando la judicialización de esos asuntos”.

Pérez Bes, recuerda que “aún no ha habido ninguna sentencia judicial que aborde el tema de la negligencia grave del consumidor al que alude la Ley de Servicios de Pagos.

Destaca , sin embargo  un fallo reciente del Juzgado de Instrucción 6 de Vigo que condenaba a Caixabank a abonar al cliente 2.559 euros por autorizar una operación con su tarjeta por ese importe cuando tenía un límite de 2.500 euros.

La jueza considera que el demandante no ha acreditado haber sido víctima de un fraude de phishing porque no aportó la copia del correo electrónico, ni del SMS que dice haber recibido.

“En todo caso, le da la razón porque entiende que la entidad bancaria incumplió lo estipulado en el contrato, en el cual el límite para las operaciones con la tarjeta estaba fijado en 2.500 euros”, señala Pérez Bes.

Este jurista nos aclara que “tenemos muchas sentencias en cuanto a la responsabilidad del banco porque le ha sido suplantada su imagen, pero aún no hay ninguna donde se pronuncie el juez sobre el concepto de negligencia grave en relación con el consumidor”.

A su juicio, se echan en falta campañas de sensibilización en medios como radio y televisión: “Igual que se han hecho campañas sobre vacunarse habría que hacer sobre el phishing y sus riesgos. A nivel de usuario saber que el banco nunca te va pedir contraseñas ni datos personales. Ante la duda contactar por teléfono para aclarar qué esta pasando”.

Respecto a las entidades bancarias, este experto considera que tienen capacidad tecnológica para rastrear ciertos movimientos o por lo menos avisar al cliente si hay salidas de dinero no habituales en determinada cuenta para “se trata sobre todo que el fraude tenga éxito controlando estas salidas de dinero”.

“Hay que darse cuenta que el problema es la gente mayor o que es poco ducha con las herramientas tecnológicas e Internet. Tienen dinero en el banco pero éste funciona casi todo online. Son víctimas adecuadas de estos fraudes financieros. La gente tiende a dar esos datos porque no están educados en lo contrario”, destaca nuestro experto.

Judicializar la reclamación

Por su parte, desde Málaga, Belén Rincón, con despacho propio volcado al mundo hipotecario y financiero, también integrado en RED ABAFI “la generalización de los pagos online esta generando el incremento de los fraudes financieros como el phishing. Son estafas que se han multiplicado de forma notable en los últimos meses”.

Belen Rincon

Belen Rincon: “Salvo excepciones como es el caso de Caja Sur que devuelven el dinero de forma extrajudicial en 24 horas, lo habitual es que acabe en pleito”

Esta jurista nos aclara que “se han incrementado las consultas de los clientes que ven como en sus cuentas bancarias aparecen cargos que ellos no han autorizado o determinadas salidas de dinero Van a la policía al presentar la denuncia y acuden al banco, este les dice que ellos son los negligentes por no usar correctamente sus claves. No se hacen cargo y hay que a pleito”.

Para esta abogada, “el problema radica en que los ciberdelincuentes cada vez son mas sofisticados. Pueden llegar a imitar la operativa del banco,  con lo cual puedes pesar que estás operando con él. Al final al pinchar ese enlace te redirigen a una pagina simulada y en ese momento cuando se dan las claves de acceso empiezan a realizar operaciones bancarias irregulares”.

En este tipo de situaciones se reclama lo primero al banco, “pero al final, la única salida que queda es la vía judicial y presentar demanda contra la entidad bancaria que tiene la responsabilidad de custodiar esas cuentas y de sus fondos, así como de tener un entorno seguro para impedir este tipo de operaciones fraudulentas”.

El banco siempre alega la responsabilidad negligente del consumidor que viene reflejada en la Ley de Servicios de pagos. Para ellos es negligente acceder a ese enlace o pinchar el SMS. Pero a nivel jurídico no hay negligencia si realmente hay una apariencia de veracidad de la pagina del banco. Salvo excepciones como es el caso de Caja Sur que devuelven el dinero de forma extrajudicial en 24 horas, lo habitual es que acabe en pleito”, apunta la jurista.

Estas demandas acaban en los juzgados de primera instancia generales: “Tarden dependiendo de la cuantía es un procedimiento ordinario por encima de 6000 euros si es menos es un juicio verbal, pero suele tardar entre el año y año y medio si el juzgado no está muy cargado, solo en primera instancia”.

Así, nos relata varios casos que lleva su despacho, ya judicializados: “Uno de ellos, un jubilado que recibe un mensaje en su móvil. En el momento que llama a su banco BBVA, se realiza la operación bancaria y le sustraen 900 euros.  Puesta la reclamación ante el banco, este le tacha de negligente cuando ni siquiera pincho el enlace.

Otra operativa tiene que ver cuando el delincuente se hace pasar por una entidad como Unicaja: “Se contacta con la afectada porque se alega que su DNI está caducado y necesitan actualizarlo. Le dan un enlace en el que pincha donde incluye sus datos personales. Mientras que actualiza le llega un mensaje que está realizando una transferencia. Llama al banco y no pueden parar la operación porque el banco receptor no lo acepta y al final acaba el tema en el juzgado.

Fuente: https://www.economistjurist.es/

La multa de 70.000 € por entregar un paquete a un vecino alerta a las empresas de reparto

A las puertas de la Navidad, expertos en privacidad cuestionan que realmente se haya generado una brecha de seguridad

La entrega por parte de un repartidor de paquetería de un envío a un tercero que no sea el destinatario supone dos infracciones graves, según una reciente resolución de la Agencia Española de Protección de Datos. En concreto, ha sancionado a UPS con una multa de 70.000 euros por entregar un paquete a un vecino del destinatario.

Esta sanción tan controvertida que aún puede ser recurrida ante la propia AEPD y posteriormente en la Audiencia Nacional en caso de confirmarse, puede hacer cambiar el modus operandi de las empresas de reparto a domicilio.

Por el momento, UPS, según explican a Economist & Jurist, estudian la resolución y no han decidido si recurrirán o pagarán la multa, con lo cual si lo hacen por pronto pago tendrían un descuento del 20%.

Los expertos consultados por esta publicación creen que esta sanción de la AEPD es desproporcionada y a un mes largo de Navidad, donde se entregan miles de paquetes en domicilios y oficinas no siempre al destinatario, podría abrir un frente litigioso importante.

El efecto de esta sanción puede suponer que todas las empresas del sector cambien su procedimiento de cara a terceros en cuanto a la entrega de estos paquetes. En estos casos se crearían centros de recogida por donde se pasaría el propio cliente destinatario del envío.

Sanción que no es de protección de datos

Para José Leandro Núñez, socio de la boutique legal Audens y miembro de la junta directiva de ENATIC, “imponer dos sanciones por un único hecho que están relacionadas entre sí, desde el punto de vista del derecho administrativo, no me parece correcto: estaríamos ante un concurso medial de infracciones”.

Sobre este principio que viene reflejado en el art. 29 de la Ley 40/2015 el jurista indica que “si para cometer una infracción administrativa tienes que cometer otra más leve, las dos se fusionan y la Administración solo podría sancionar por una de ellas, que es la más grave”.

Entregar un paquete a un vecino del destinatario.

José Leandro Núñez. (Foto: Audens)

“La resolución de la AEPD indica que ha habido una brecha de confidencialidad que, según el regulador, se produce porque no había unas medidas de seguridad suficientes; e impone dos multas, una por la confidencialidad y otra por las medidas de seguridad”, anuncia Núñez.

Para este jurista “la propia resolución refleja que se ha producido un concurso medial, al concluir que la vulneración de la confidencialidad ocurre porque no hay medidas de seguridad suficientes. Por tanto, la AEPD solo debería haber sancionado por la infracción más grave, ya que una acción es causa de la otra. Solo esto supondría reducir la multa en 20.000 euros”.

«Los datos que supuestamente se vulneran relacionados con la confidencialidad están en el buzón de esa vivienda»

A partir de ahí, este experto en privacidad opina que “estamos hablando de una sanción muy dura por una cuestión que no tiene que ver con protección de datos, sino con la ley postal universal. Tampoco se aprecia mala fe”, puntualiza.

A su juicio, “los datos que supuestamente se vulneran relacionados con la confidencialidad están en el buzón de esa vivienda. Los vecinos pueden saber fácilmente quién vive en cada piso: basta bajar al vestíbulo y leer los buzones. No hay vulneración real de la confidencialidad, porque la persona que recibe ese paquete ya sabe quién es esa persona destinataria y conoce su dirección. Por eso, la sanción me parece desproporcionada”.

Desde su punto de vista, “dejar un paquete por ausencia del destinatario en otro vecino no es una infracción de protección de datos”.

En este tipo de casos cree que “hubiera bastado con un apercibimiento porque realmente el daño que se produce para los derechos y libertades de los afectados es mínimo. Otra cuestión es que el vecino se hubiera quedado con el paquete, entonces podríamos hablar de apropiación indebida o incumplimiento de la ley de servicio postal universal”.

En cuanto a la repercusión de esta sanción, “esta resolución abre un escenario nuevo que podría incrementar la litigiosidad en este tipo de supuestos, especialmente si el destinatario no recibe su pedido. Creo que aquí la AEPD se excede en sus competencias, y me preocupa que genere un «efecto llamada» que contribuya a colapsar todavía más esta institución. En mi opinión, la normativa de protección de datos no está para esto”.

Por último, este jurista cree que “puede abrir un negocio impensado a las empresas de buzones inteligentes. De esa forma, en muchas viviendas pueden aparecer este tipo de buzones para que se dejen esos productos que se reparten a domicilio. De esa forma se recogen los productos y se evitarían esas multas a las empresas de reparto a domicilio”, vislumbra.

No hay infracción clara

Por su parte, Xavier Ribas, socio de Ribas y Asociados, recuerda que nos enfrentamos aquí ante “situaciones habituales de portería y recepciones donde se reciben paquetes y que el frente que se abre es peligroso. No creo que en este caso concreto exista infracción en materia de protección de datos, porque tampoco hay mala fe al respecto”, coincide con su compañero.

Desde su punto de vista, este tipo de resoluciones de la AEPD no aparecen bien fundamentadas. “Vemos que en muchas de ellas no está atinando. Creo que este asunto es recurrible ante la Audiencia Nacional que pudiera poner un poco de cordura en este caso concreto”.

Entregar un paquete a un vecino del destinatario.

Xavier Ribas. (Foto: Ribas y Asociados)

Para este jurista existen tres niveles de confidencialidad en este asunto. En primer lugar, el nivel 1 referido a los datos del destinatario que aparecen en el paquete. “Son datos de contacto que incorpora cualquier carta, paquete o postal. Su divulgación a personas de la propia comunidad de vecinos no supone una violación de la confidencialidad, ya que cada vecino forma parte de una figura asociativa en la que se accede constantemente a estos datos”, comenta.

En la misma línea, Ribas reconoce que, “por ejemplo, en las actas de las juntas de vecinos, en los presupuestos de la comunidad, en las derramas basadas en coeficientes de superficie”, aparecen tales datos.

A su juicio, “es absolutamente desproporcionado considerar este hecho como una violación de la confidencialidad que genera riesgos para los derechos y libertades del interesado. No hay realmente infracción”.

Ribas apoya este argumento en el hecho de que “esta resolución entra en contradicción con cientos de resoluciones de archivo de una brecha de seguridad en las que la AEPD ha considerado que no se había producido un riesgo para el interesado al haberse limitado la divulgación a los datos de contacto”.

«¿Qué habría hecho el destinatario del paquete en el caso de coincidir en el rellano con el vecino en el momento de la entrega?»

Este jurista habla del nivel 2: la información adicional de la parte exterior del paquete y peso del paquete. “Esta información únicamente aporta el atributo de que el destinatario ha adquirido un producto más o menos pesado en MediaMarkt. No es información relevante ni confidencial”.

También indica que “el vecino no puede saber qué producto ha comprado”. Es decir, “equivaldría a ver al vecino saliendo de una tienda física de MediaMarkt con una bolsa o un paquete. O incluso sería similar a la coincidencia de una entrada o salida del domicilio por parte del vecino en el momento de la entrega del paquete”, ejemplifica.

“¿Qué habría hecho el destinatario del paquete en el caso de coincidir en el rellano con el vecino en el momento de la entrega? ¿Ocultar el paquete? ¿Ocultar al repartidor?”, se pregunta Ribas.

Por último, habla de un nivel 3 donde se incluiría el contenido del paquete. “Ese contenido del paquete es confidencial y está protegido por el secreto de la correspondencia. Hay una excepción que consiste en los productos que tienen un envoltorio robusto. En estos casos se acostumbra a informar al cliente de la posibilidad de que el paquete del producto no se incorpore en otro paquete de la tienda, por lo que terceras personas podrán conocer el contenido del envío. Esta es una práctica muy habitual en Amazon”, subraya. “En tal caso, el cliente conoce la advertencia y puede requerir un envoltorio que oculte el contenido del envío o dejar la caja descubierta”, concluye Ribas.

Una sanción desproporcionada

Para Xavier Saula, socio de Auris Advocats, la resolución aquí comentada de la AEPD aborda dos conceptos sumamente interesantes. En primer lugar, “es muy interesante ver como se califica el hecho infractor en sí. La posibilidad de los servicios de mensajería y entrega a domicilio de entregar los paquetes o correspondencia a una persona que no es el destinatario, sin disponer de una autorización expresa por parte del afectado”.

Este jurista recuerda que es una práctica extendida que, en términos generales, “nos beneficia a todos, aunque es evidente que no está exenta de riesgo en determinados supuestos. En la mayoría de los casos, el mensajero desconoce la relación o la confianza que hay entre la persona que recoge el paquete y el destinatario, ni tampoco el nivel de proteccionismo de su intimidad que tiene el destinatario del envío”.

Entregar un paquete a un vecino del destinatario.

Xavier Saula. (Foto: Auris Advocats)

Para este experto, “cuando no se dispone del consentimiento del receptor directo, la entrega a cualquier otra persona que parezca estar autorizada (tales como vecinos), tal como se describe en los Términos y Condiciones de UPS, puede ser, a entender de esta parte, una práctica arriesgada”.

A su modo de ver, “desde el punto de vista del denunciante, podemos entender ajustada a derecho la decisión de la AEPD considerar que se ha producido una infracción del RGPD”. Es decir, “un envío puede contener información personal más allá de los datos de entrega, pues el origen y/o forma del paquete pueden revelar información. Por ello, podría producirse un tratamiento de datos no autorizado cuando no se ha obtenido el consentimiento expreso para entregar ese paquete a ese tercero determinado”, destaca.

El socio de Auris Advocats cree que este tipo de asuntos puede cambiar el modo de trabajo de las empresas de mensajería “obligándolas a establecer mecanismos para garantizar que se autoriza la entrega a una persona determinada”. También cree que “implicará que se pueda identificar a la persona que se va a entregar, porque una autorización genérica, como la que tiene ahora UPS, podría suponer fácilmente un acceso no autorizado a los datos, por lo que entendemos no es acorde a derecho”.

«Aun cuando creemos que se califica bien la infracción, la cuantía de la sanción la consideramos desproporcionada»

En segundo lugar, Saula señala que “la resolución es sumamente interesante al abordar el alcance de la responsabilidad cuando quién comete la infracción es una empresa subcontratada, en este caso, la empresa de mensajería”.

En su opinión, “los argumentos de UPS (que en este caso sí les vemos recorrido, aunque con muchas dudas) vienen a defender la ausencia de responsabilidad porque son, a grandes rasgos, Encargados de Tratamiento, que siguen las instrucciones del Responsable (MediaMarkt)”.

También recuerda que “en sus términos y condiciones, aceptados por el Responsable, UPS especifica la posibilidad de entregar el paquete a cualquier persona que parezca estar autorizada. Si bien ya hemos dado nuestra opinión sobre esta cláusula genérica, es cierto que MediaMarkt la aceptó. Y es cierto que, de ser UPS un Encargado de Tratamiento, MediaMarkt debe imponer el deber de confidencialidad debido y, además, obtener el consentimiento del destinatario”.

“La AEPD resuelve en base a la inadecuación del contrato que rige entre las partes, al no cumplir con las especificaciones del art. 28.3 del RGPD. No se puede determinar si existe un Encargo de Tratamiento o un simple contrato de prestación de servicios”, aclara este jurista.

A su juicio, “la resolución no aclara si hubiera habido ausencia total de responsabilidad para UPS en caso de que el contrato fuera impecable, y no hubiera duda de que UPS actúa como Encargado de Tratamiento”.

“Recordemos que la STS de 15 de febrero de 2022 establece que el Encargado de Tratamiento debe también adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos. Hubiera sido interesante ver qué nivel de responsabilidad se le atribuía al Encargado en este caso”, comenta Saula.

Asimismo, el experto apunta que “el contrato de Encargado de Tratamiento debe cumplir a rajatabla lo establecido en la normativa, porque en caso contrario no se puede definir como tal y los límites de la responsabilidad pueden quedar difusos. Se puede apreciar en la resolución de la AEPD que este es el motivo clave por el que se imputa responsabilidad a UPS y no a MediaMarkt”.

Por último, sobre UPS cree que puede defender que es incuestionable la existencia de una relación de «Encargo de Tratamiento», al margen de lo establecido en el contrato, debiendo primar para su interpretación la realidad del servicio que se presta, por encima del texto literal de mismo”. igualmente, “también podría alegar que el contenido del contrato de Encargo de Tratamiento (y por ende el nivel de protección) debía imponerlo MediaMarkt como responsable de los datos, y no ellos, que son la empresa a quién se delega el tratamiento”, concluye este jurista.

Fuente: https://www.economistjurist.es/

Despedida por usar la tarjeta de la empresa estando de baja médica

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que calificaba de procedente el despido de una trabajadora que, estando de baja médica por una patología grave (cáncer de mama), empezó a usar la tarjeta de la empresa para fines personales, habiéndosela facilitado para labores meramente profesionales.

El caso

La trabajadora prestaba sus servicios para una empresa farmacéutica dedicada a la producción y venta de medicamentos.

En junio de 2019, a raíz de una auditoría interna, la compañía tuvo conocimiento que la empleada, estando en situación de incapacidad temporal, había utilizado la tarjeta Solred que la mercantil había puesto a su disposición para realizar recargas de combustible.

La trabajadora estuvo de baja desde el diciembre de 2017 a junio de 2019, por un cáncer de mama

Consecuencia de ello, la empresa, tras la tramitación del correspondiente expediente, comunicó a la empleada su despido disciplinario ya que la referida tarjeta solo podía usarse por el trabajador para labores o cometidos profesionales.

La carta de despido entregada a la trabajadora recogía que esta última había causado un perjuicio económico a la compañía por importe de 4.797 euros, y una evidente transgresión de la buena fe contractual, fraude, deslealtad y/o abuso de confianza, al utilizar de manera reiterada y constante para fines particulares ajenos al trabajo la aludida tarjeta proporcionada por la mercantil para la ejecución del trabajo.

Despido procedente

En primer término, el Juzgado de lo Social n.º 2 de Cáceres desestimó la demanda planteada por la empleada y calificó el cese de procedente

En segundo lugar, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura desestimó el recurso de suplicación formulado por la trabajadora y ratificó la sentencia de instancia.

No suficiente con ello, la representación de la empleada formalizó un recurso de casación para la unificación de doctrina contra la sentencia de la Sala de lo Social antes citada.

La acusada utilizó la tarjeta de la empresa para fines personales

En concreto, la recurrente invocó como sentencia de contraste la dictada por el TSJ de Extremadura 669/2019, de 26 de diciembre. En este caso se examinaba el despido del gestor de una sucursal del banco Sabadell que fue cesado por operativas incorrectas en las cuentas que el trabajador tramitaba. Según el Tribunal, la actividad de la cuenta en cuestión era conocida y controlada por el banco en todo momento, sin que se reaccionase nunca a las alertas generadas por el sistema antiblanqueo. Entonces, a juicio del TSJ, el Sabadell tenía conocimiento de los hechos mucho antes de la fecha en que la sentencia de instancia había fijado el dies a quo, lo que determinaba que la falta estaba prescrita en la fecha del despido.

Turno de nuestro Alto Tribunal, su Sala Cuarta, por medio de su reciente auto, de 28 de septiembre de 2022, asegura que no existe contradicción entre las sentencias comparadas “porque nada tienen que ver ni los hechos cometidos por cada trabajador ni el conocimiento que la empresa tiene de los mismos en cada caso en orden a la aplicación de la prescripción”.

En relación al argumento de la trabajadora referido a que la empresa tenía conocimiento diario del uso de la tarjeta por la actora a través del departamento de efectividad comercial, la Sala de lo Social rechaza tal conclusión y declara que consta fehacientemente que la farmacéutica tuvo conocimiento el 3 de mayo de 2019 de los hechos que imputa a la trabajadora a través de un informe de auditoría interno y el despido es de fecha 21 de junio de 2019, cuando no había transcurrido el plazo de prescripción.

Así las cosas, antes de declarar la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina formulado, el TS destaca que la calificación de conductas a los efectos de su inclusión en el art. 54 del ET, salvo en escenarios excepciones, “no es materia propia de la unificación de doctrina ante la dificultad de que se produzcan situaciones sustancialmente iguales”.

Fuente: www.economistjurist.es