En el ámbito de la Ley de la Segunda Oportunidad, uno de los obstáculos para conseguir el perdón de las deudas es que el solicitante a ese derecho sea un deudor de mala fe.

Nuestro legislador entendió, y así lo plasmó en la norma, que eran deudores de mala fe los que se encontraban inmersos en algunos de los casos que establece el artículo 487 TRLC.

Entre ellos, uno de los más conflictivos ha resultado ser el del artículo 487.1.6 TRLC, que establece que no podrán acogerse a la exoneración de las dudas (entre otros).

«Cuando haya proporcionado información falsa o engañosa o se haya comportado de forma temeraria o negligente al tiempo de contraer endeudamiento o de evacuar sus obligaciones, incluso sin que ello haya merecido sentencia de calificación del concurso como culpable. Para determinar la concurrencia de esta circunstancia, el juez deberá valorar:

1. a) La información patrimonial suministrada por el deudor al acreedor antes de la concesión del préstamo a los efectos de la evaluación de la solvencia patrimonial.
2. b) El nivel social y profesional del deudor.
3. c) Las circunstancias personales del sobreendeudamiento.
4. d) En caso de empresarios, si el deudor utilizó herramientas de alerta temprana puestas a su disposición por las Administraciones Públicas«.

El precepto lleva su “miga”, puesto que esa temeridad o negligencia ha de demostrarse y para poder proceder alguien deberá de alegarla. Normalmente, y por sentido común, serán los acreedores los que aleguen esas circunstancias cuando se alza en su responsabilidad y derechos protectores de sus créditos.

La realidad es que no es sencillo demostrar temeridad y/o negligencia a la hora de contraer endeudamiento o “evacuar” obligaciones (pongo en evacuar entre comillas, pues otro verbo hubiese, en mi opinión, quedado mucho más aclaratorio y de mejor gusto).

Esa negligencia o responsabilidad por el crédito no es únicamente imputable al deudor, sino a la entidad que le otorga la financiación o crédito, pues es quién analiza su situación y a ello le obliga la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo que establece en su artículo 14 lo siguiente:

«1. El prestamista, antes de que se celebre el contrato de crédito, deberá evaluar la solvencia del consumidor, sobre la base de una información suficiente obtenida por los medios adecuados a tal fin, entre ellos, la información facilitada por el consumidor, a solicitud del prestamista o intermediario en la concesión de crédito. Con igual finalidad, podrá consultar los ficheros de solvencia patrimonial y crédito, a los que se refiere el artículo 29 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en los términos y con los requisitos y garantías previstos en dicha Ley Orgánica y su normativa de desarrollo.

En el caso de las entidades de crédito, para la evaluación de la solvencia del consumidor se tendrán en cuenta, además, las normas específicas sobre gestión de riesgos y control interno que les son aplicables según su legislación específica.

2. Si las partes acuerdan modificar el importe total del crédito tras la celebración del contrato de crédito, el prestamista deberá actualizar la información financiera de que disponga sobre el consumidor y evaluar su solvencia antes de aumentar significativamente el importe total del crédito«.

Acuña el concepto de “responsabilidad crediticia” la reputada catedrática Matilde Cuena, quien se ha convertido en fuente renombrada en innumerables ocasiones en resoluciones judiciales por su defensa del concepto de buena fe del deudor cuando no hay prueba en contra.

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha revocado varias de las sentencias de los Mercantiles de Zaragoza apoyándose en su doctrina y considerando que los deudores eran de buena fe, pues en la mayor parte de los casos recurridos que no se había demostrado un endeudamiento temerario o negligente por no haber sido desvirtuada esa “buena fe” por parte de los acreedores cuyos créditos quedaban afectados por la exoneración.

Algunas de estas consideraciones las encontramos en sentencias, de las que hemos recopilado las más destacadas, de la Audiencia Provincial de Zaragoza, que ha dado un vuelco y un “tirón de orejas” a sus correspondientes Mercantiles, pues se tornaba una de las “zonas negras” en el derecho a la exoneración del pasivo insatisfecho en España.

Sentencia AP Zaragoza 1101/2024, de 29 de mayo

La sentencia subraya la presunción de buena fe del deudor, que no fue desvirtuada por los acreedores. Además, destaca la responsabilidad de las entidades de crédito en la evaluación de la solvencia del prestatario. Los acreedores no demostraron que la deudora hubiera actuado de manera temeraria al endeudarse, lo que fue crucial para la decisión final.

Sentencia AP Zaragoza 1371/2024, de 1 de julio

La sentencia subraya la importancia de la buena fe en los procesos de exoneración del pasivo. Según el Tribunal, la buena fe se presume, y corresponde a los acreedores demostrar lo contrario. En este caso, la falta de oposición de los acreedores privados a la exoneración de sus créditos fue un factor clave. Además, la Sala destacó que la carga de la prueba sobre el endeudamiento temerario recae en quien lo alega, no en el deudor.

«Estas consideraciones de derecho material permiten inducir a la doctrina a la opinión de que la regulación establece inicialmente la existencia de una presunción de buena fe en la conducta del deudor con referencia a su endeudamiento -art. 486 TRLCon-, que solo puede ser desvirtuada mediante la acreditación de alguna de las circunstancias expresamente previstas en el art. 487.1.

La mayor parte de ellas consisten en la aportación al proceso concursal para obtener el EPI de previas declaraciones judiciales de otros órganos – sentencia penal de condena – art 487.1. 1º TRLCon-, resoluciones administrativas firmes -art. 487.1, 2º-, o concursales -art 487.1.3º y 4º TRLCon-. Estas causas enervan la presunción de buena fe del precepto anterior sin mucha capacidad casi nula de valoración por parte del juez del concurso«.

Sentencia AP Zaragoza 1241/2024, de 1 de julio

Esta sentencia es significativa porque refuerza el principio de segunda oportunidad para los deudores no empresarios, permitiéndoles reestructurar sus vidas financieras sin el peso de deudas insostenibles. La decisión también destaca la importancia de la buena fe en los procedimientos concursales, estableciendo que la carga de la prueba recae en los acreedores para demostrar la falta de esta.

«Resulta evidente que serán los acreedores, a la vista de la concesión del crédito y el modo en que el mismo se ha ido cumplimento en cuanto a su devolución, los que primariamente y con arreglo al principio de facilitad, deberán aportar la prueba, singularmente la documental, que acredite el sobreendeudamiento y/o el incumplimiento temerario o negligente de las obligaciones del deudor«.

Sentencia AP Zaragoza 1282/2024, de 3 de julio

Esta sentencia refuerza la idea de que la exoneración de deudas es un derecho del deudor de buena fe y que los acreedores deben asumir la carga de probar cualquier conducta indebida. Además, subraya la importancia de la transparencia y la protección del consumidor en la concesión de créditos.

«La excepción relativa al comportamiento de forma temerario  negligente a la hora de contraer el endeudamiento genera una grave inseguridad al consumidor, así como una carga probatoria injustificada e imposible al deudor, persona física.

Ninguno de los acreedores se ha manifestado en relación a la concesión de la exoneración del pasivo insatisfecho, alegando temeridad o negligencia en el endeudamiento. Y en el momento de la contratación no llevarán a cabo ningún estudio de solvencia, ni explicaron la aplicación excesiva de los intereses revolving».

Sentencia AP Zaragoza 1340/2024, de 3 de julio

Esta sentencia tiene importantes implicaciones y refuerza la idea de que los deudores en situación de insolvencia deben tener la oportunidad de reintegrarse a la vida económica sin el peso de deudas insostenibles, siempre que actúen de buena fe. Este enfoque está alineado con las recomendaciones de organismos internacionales y busca evitar que los deudores caigan en la economía sumergida.

Además, la sentencia aclara que la exoneración del pasivo insatisfecho se extiende a todas las deudas, excepto aquellas que son legalmente inexonerables, como ciertos créditos de derecho público.

«Con claridad meridiana lo establece el art. 489 del TRLCon. titulado «ámbito de aplicación de la exoneración del pasivo insatisfecho», que posibilita la solicitud de exoneración al deudor, persona natural, sean o no empresarios«.

Sentencia AP Zaragoza 1337/2024, de 4 de julio de 2024

Esta sentencia tiene importantes implicaciones para los deudores en situaciones similares. Refuerza la idea de que la buena fe es crucial para obtener la exoneración del pasivo insatisfecho y aclara las excepciones aplicables a las deudas de derecho público. Además, subraya la importancia de la conducta del deudor y del acreedor en la evaluación de la solvencia y la concesión de préstamos.

«Es sintomático que la Administración Tributaria no se haya opuesto a la exoneración, lo que es demostrativo de la ausencia de mala fe del deudor. Mala fe que se encuentra ligada a conductas verdaderamente graves, como lo evidencia el contenido de los párrafos 1º y 2º del artículo 487 TRLC, que excluye de la exoneración del pasivo insatisfecho, con límites cuantitativos y salvedades en caso de pago, al deudor que hubiera sido condenado por delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social a penas privativas de iguales o superiores a tres años, así como a aquel que hubiera sido sancionado por resolución administrativa firme por infracciones tributarias o de seguridad social muy graves o graves, en este último caso cuando la sanción sea superior a 5.000 euros.

Nada de esto ocurre en el caso que nos ocupa, pues, la falta de oposición de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria ha supuesto que no se haya aportado prueba alguna indiciaria de un comportamiento temerario o negligente del deudor«.

Sentencia AP Zaragoza 1283/2024, de 5 de julio

Esta sentencia ofrece una visión detallada de cómo se aplica la exoneración de deudas. Destaca la importancia de la buena fe y la conducta del deudor, así como las limitaciones en la exoneración de deudas públicas.

«La determinación de este concepto de buena fe, que parece alejarse en estos extremos de su carácter normativo, llevará al juez a valorar la información facilitada, y tal valoración no se limitará a constatar unos requisitos de matiz objetivo, sino a la valoración de la conducta seguida con criterios de reproche culpabilísimo, negligencia, culpa consciente o dolo.

Por tanto, el examen de la situación del deudor y las circunstancias que han llevado a su sobreendeudamiento han de ser examinadas en cada caso y sobre los elementos fácticos disponibles a la luz de las circunstancias del TRLCon y matizado tal examen por las anteriores consideraciones«.

Sentencia AP Zaragoza 1407/2024, de 5 de julio

Esta sentencia concluye con la exoneración parcial del pasivo del deudor. Se exoneraron las deudas con la Seguridad Social, mientras que se mantuvieron otras, como las deudas con el Ayuntamiento de Zaragoza. La decisión se basó en la evaluación de la buena fe del deudor y en la falta de oposición de los acreedores.

«Frente a la presunción de existencia de buena fe en el actuar del concurso, habrá de aportarse material probatorio al mismo que la desvirtué. Singularmente en las dos últimas causas referidas, que aproximan el sistema español los denominados -sistemas de merecimiento- en los que el deudor ha de acreditar que se hace merecedor de la exoneración por haber observado una conducta de buena fe en su actuar, especialmente al tiempo de la concesión del crédito, pero también para el cumplimiento del mismo«.

Sentencia AP Zaragoza 1345/2024, de 10 de julio

La Audiencia Provincial de Zaragoza analizó varios aspectos clave para determinar la buena fe del deudor, un requisito esencial para la exoneración del pasivo insatisfecho. La sentencia destaca la importancia de la información patrimonial proporcionada por el deudor y las circunstancias personales que llevaron al sobreendeudamiento. Además, se consideró la normativa vigente, que establece una presunción de buena fe que debe ser desvirtuada por los acreedores.

«Los artículos 8 y 23 de la citada Directiva obligan de oficio a comprobar si se ha producido el incumplimiento de la obligación precontractual del prestamista de evaluar la solvencia del consumidor y deduzcan las consecuencias que de ello deriven en el Derecho Nacional. Oponiéndose a un régimen nacional con arreglo al cual el incumplimiento del prestamista se sanciona únicamente con la nulidad, el contrato y la consiguiente obligación del consumidor de devolver el principal al prestamista«.

Sentencia AP Zaragoza 1367/2024, de 10 de julio

La sentencia revocó la decisión inicial, concediendo la exoneración del pasivo insatisfecho, y subraya que, según la nueva regulación del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLCon), se presume la buena fe del deudor, y corresponde a los acreedores desvirtuar esta presunción. En este caso, los acreedores no presentaron pruebas suficientes para demostrar que los deudores actuaron de manera temeraria o negligente al contraer sus deudas.

«Si bien la TRLCon no lo contempla expresamente, también ha de tenerse en cuenta para ello determinadas normas que imponen al acreedor la obligación de una correcta evaluación del riesgo para la concesión del crédito al deudor.

Puede citarse con carácter general para las entidades de crédito la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios. Su artículo 18 establece la obligación de evaluar la capacidad del cliente para cumplir las obligaciones que contraiga con la entidad «sobre la base de la información suficiente obtenida por medios adecuados a tal fin, entre ellos, la información facilitada por el propio cliente a solicitud de la entidad».

Dicho artículo establece los concretos procedimientos que deben emplearse con carácter general para evaluar la concesión de crédito y, en especial, para determinadas categorías del mismo.

Concluye, no obstante lo anterior, en su número 6 que «la evaluación de la solvencia prevista en este artículo se realizará sin perjuicio de la libertad de contratación que, en sus aspectos sustantivos y con las limitaciones que pudieran emanar de otras disposiciones legales, deba presidir las relaciones entre las entidades y los clientes y, en ningún caso afectará a su plena validez y eficacia, ni implicará el traslado a las entidades de la responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones de los clientes. Esto es, con respeto a lo pactado y al principio de autonomía de la voluntad -1255 CC-.

Por tanto, el examen de la situación del deudor y las circunstancias que han llevado a su sobreendeudamiento han de ser examinadas en cada caso y sobre los elementos facticos disponibles a la luz de las circunstancias del TRLCon y matizado tal examen por las anteriores consideraciones”.

La recuperación del concursado para la vida económica, tras el fracaso que el concurso supone, permite al deudor volver a emprender reincorporándose con éxito a la actividad productiva, probablemente sacando enseñanza de la crisis sufrida, en beneficio de la sociedad en general e incluso de los propios acreedores que tampoco obtendrían satisfacción a la legítima pretensión de cobro en ausencia de un expediente como el de la exoneración si el deudor, como la experiencia reiteradamente ha demostrado, se mantenía en situaciones de economía sumergida«.

La buena fe es un elemento crucial para ser merecedor del derecho a la obtención de la Segunda Oportunidad o derecho a la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI), y, al ser un derecho, para ser desvirtuado hace falta probar que no se cumplen los requisitos para ser así entendido.

Estas sentencias dejan sentado este extremo, al que ya hace referencia la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 217.3:

«Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior«.

Así pues, y tras analizar todas estas sentencias, nos quedamos con la esperanza de que cada vez más deudores honrados, pero desafortunados, que no pueden hacer frente a sus deudas, tengan la posibilidad de acogerse al procedimiento que significará un reinicio financiero en sus vidas y, a su vez, cada vez más “zonas negras” se conviertan en zonas de esperanza para ellos.

Fuente: https://www.economistjurist.es

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictaminado que un trabajador que afirma ser víctima de hostigamiento y faltas de respeto por parte de sus compañeros no puede extinguir el contrato laboral alegando incumplimiento de la empresa si la empleadora actuó de manera rápida y correcta al conocer los hechos denunciados.

Con esta sentencia dictada por la Sala de lo Social (disponible en el botón ‘descargar resolución’) se establece que cuando la empresa ha respondido no tolerando esa situación, los trabajadores no pueden acogerse al artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores para extinguir el contrato por voluntad propia. En consecuencia, la decisión del empleado de finalizar la relación contractual es constitutiva de una dimisión, es decir, de una baja voluntaria.

Los hechos

En el presente caso enjuiciado, el demandante trabajaba para la empresa demandada como director del departamento de renta fiscal.

En julio de 2022, el trabajador remitió un burofax al consejero delegado poniendo de manifiesto la existencia de una situación de hostigamiento, falta de respeto y constantes comentarios y actitudes homófobas hacia su persona por parte de los compañeros con los que compartía espacio físico en el departamento. Seguidamente, a los pocos días, el actor inició un periodo de incapacidad temporal.

Al día siguiente de recibir el burofax del trabajador poniendo de manifiesto los extremos denunciados, la directora de Recursos Humanos de la empresa dio traslado del burofax a la Comisión de Igualdad de la entidad mercantil para que iniciara un procedimiento formal de seguimiento y evaluación.

La Comisión de Igualdad de la empresa activó los protocolos e inició dos investigaciones; una laboral, con el fin de analizar los supuestos incumplimientos, alegados y referidos a expresiones homofóbicas, insultos y agresiones; y otra de cumplimiento penal en relación con unos supuestos hechos también denunciados sobre determinados pagos.

Concretamente, la empleadora, para iniciar el procedimiento de seguimiento y evaluación de la denuncia, encargó a un despacho externo que investigara y emitiera un informe. Asimismo, se suspendió puntual y temporalmente de sus funciones en la Comisión de Igualdad a dos de los compañeros de departamento del actor porque estaban involucrados en los hechos objeto de investigación, y se decidió de forma cautelar separar físicamente al demandante de esos compañeros.

A las dos semanas de iniciarse el procedimiento, la Comisión de Igualdad recibió el informe emitido por la firma externa, que concluía que, a la vista de los testimonios de las personas involucradas, el lenguaje mal hablado en el departamento de renta fija puede constituir un riesgo psicosocial por ser generador de estrés; pero que no existió ninguna agresión física hacia el actor; y que no se había insultado al actor en ningún momento por su posible orientación sexual.

Asimismo, en dicho informe se proponía amonestar a una de las compañeras del trabajador por el lenguaje que utiliza habitualmente y, además, se indica una serie de actuaciones dirigidas a proporcionar formación específica a las personas involucradas; entrevistarse con las personas que supuestamente utilizaban lenguaje malsonante y analizar si ese lenguaje mal hablado se producía en otros departamentos.

La extinción contractual fue por dimisión voluntaria

A finales de agosto el actor remitió un nuevo burofax a la compañía. Esta vez manifestaba que resolvía su contrato de trabajo, por recomendación médica, con motivo de los graves incumplimientos cometidos respecto de su persona en el ámbito laboral por parte de la empresa, que se venían prolongando durante un largo periodo de tiempo y que comportaban “una denigración a nivel personal de extrema profundidad”.

La empresa le contestó comunicándole que no había existido ninguna situación constitutiva de lo que denunciaba y que tampoco se había tampoco detectado ninguna conducta fraudulenta; por lo que su decisión de resolver el contrato por voluntad propia no se debía a ningún incumplimiento por parte de la empleadora, si no a una decisión propia del actor que constituía una dimisión. Por lo que la empresa tramitó la baja voluntaria del trabajador.

El actor, disconforme con esa decisión empresarial, demandó a la empleadora y a los tres trabajadores de su departamento que supuestamente habían menoscabado su integridad. En la demanda el trabajador afirmaba que la resolución del contrato se debió situación de hostigamiento, falta de respeto y constantes comentarios y actitudes homófobas por parte de esos compañeros. Asimismo, el demandante afirmaba que “después de 6 años en la compañía he sido aislado, discriminado por mi condición homosexual y maltratado personalmente con gritos, insultos y malas formas, siendo esta una actitud y un comportamiento sin parangón en el sector, ni en ningún sitio medianamente normal para trabajar”.

El Juzgado de lo Social número 25 de Madrid desestimó la demanda de reclamación por despido, confirmando que la extinción de la relación contractual fue fruto de una dimisión voluntaria del trabajador.

El actor recurrió la sentencia dictada por el Juzgado, sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha desestimado el recurso de suplicación y confirmado el fallo de primera instancia.

La empresa no toleró los extremos denunciados

EL TSJ de Madrid ha recordado que la extinción contractual por iniciativa del trabajador debe estar basada en que el empresario haya llevado a cabo una conducta que haya alterado sustancialmente las condiciones en que se desarrolla la realidad del trabajo en términos tales que éste no se encuentra jurídicamente obligado a soportarlos, “porque alteran en su perjuicio condiciones contractuales que resulten transcendentes para la permanencia y que suponen una grave frustración del programa de prestaciones de tal índole que puede justificar la ruptura de una relación que en principio está llamada a mantenerse según el principio civil de conservación del negocio”.

Asimismo, para estimar la causa de extinción del contrato por voluntad del trabajador, al amparo del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, debe haber existido un incumplimiento grave de las obligaciones del empresario que “conlleve un ataque a la dignidad, igualdad, integridad y paz del recurrente, para lo que resulta esencial tener en cuenta el inalterado relato fáctico de la sentencia de instancia”.

Algo que no ocurre en el presente caso en el que el trabajador no puede acogerse al artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores para ejecutar por su voluntad la extinción contractual. Pues, tan pronto comunicó los supuestos incumplimientos que consideraba estaban ocurriendo en el departamento, “la empresa dio una respuesta inmediata” a fin de no tolerar la situación denunciada.

Por tanto, para la Sala de lo Social, esta actitud por parte de la empleadora no puede considerarse constitutiva de incumplimiento empresarial, “pues se dio amparo al recurrente iniciando el correspondiente protocolo de acoso, que tiene por objeto investigar y evaluar lo acontecido” para esclarecer los extremos denunciados.

Además, y en aras de lograr la máxima objetividad al respecto, la empresa encargó a un despacho externo la investigación y la emisión de un informe, suspendiendo temporalmente de sus funciones a las personas involucradas en los extremos denunciados, “dando así de nuevo respuesta al recurrente y tratando de impedir cualquier situación que pudiera suponerle un perjuicio”.

Fuente: https://www.economistjurist.es

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Lleida ha perdonado una deuda de 29.093 euros a una pensionista que estaba en situación de insolvencia a raíz de que Hacienda le reclamara unas cantidades no declaradas provenientes de la pensión de viudedad y de la prestación de desempleo, y que la actora desconocía que tenía que tributar.

La mujer solicitó una serie de préstamos para hacer gastos a la reclamación de la Administración, así como a numerosos gastos cotidianos (ayudar económicamente a sus hijos, que se quedaron sin trabajado, y tener que pagar una hipoteca que ella había avalado). Sin embargo, esos préstamos tenían intereses muy elevados, por lo que la situación económica de la mujer se fue agravando en el tiempo hasta tal punto de no poder asumir las deudas.

No obstante, el Juzgado, tras examinar el caso, ha aplicado el mecanismo de la Segunda Oportunidad y le ha concedido la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) a la mujer, al tratarse de una deudora de buena fe.

La abogada y socia fundadora del despacho Bergadà Abogados, Marta Bergadà, que ha representado legalmente a la deudora señala a Economist & Jurist que “hoy en día, hay numerosas personas mayores que se encuentran en una situación de insolvencia por las adversidades que han sufrido a lo largo de los años y muchas de ellas por avales prestados a sus hijos. La Ley de la Segunda Oportunidad es clave para ayudarles, ya que ellas siempre lo han hecho con todos sus allegados. Como abogados estamos en la obligación de estar a su lado para que tengan una vejez tranquila, como se merecen”.

Los hechos

La actora prestaba servicios en el sector geriátrico, pero en el año 2010 tuvo que dejar su puesto de trabajo por conflictos con la empresa y porque su pareja estaba enferma, por lo que tenía que cuidarla. Poco después enviudó, por lo que, además de cobrar la prestación de desempleo también percibía la pensión de viudedad.

A los pocos años, la Administración Tributaria le envió una carta indicándole que durante los años anteriores tenía que haber hecho la declaración de la renta al haber tenido dos pagadores.

La mujer, que desconocía que tenía que haber declarado dichas cantidades, y ante los gastos diarios propios y de sus hijos —quienes se encontraban en situación de desempleo y tuvo que ayudarles económicamente con sus gastos así como en el pago de los cuotas de una hipoteca de la cual ella era avaladora—, solicitó varios préstamos ante los numerosos gastos que tenía que asumir y dado que la pensión de viudedad que percibía era de poca cuantía, al igual que la ayuda por desempleo.

Sin embargo, esos préstamos que solicitó tenían intereses muy elevados, lo que provocó que empezara a enfrentarse a numerosas dificultades financieras que culminó con la incapacidad de hacer frente a los pagos.

Además, la situación de inestabilidad económica que padecía repercutió en su salud mental, que se vio gravemente afectada, sufriendo un considerable estrés.

Una deudora de buena fe

La deudora solicitó un abogado de oficio para que le ayudara a salir de dicha situación mediante un procedimiento judicial, pero se le fue denegado. Por ello, el pasado mes de junio acudió al despacho Bergadà Abogados, donde tras exponer su caso los letrados de la firma vieron que se trataba de una deudora de buena fe y, por lo tanto, podría acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad.

El despacho inició el correspondiente procedimiento, y el pasado 17 de septiembre el magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Lleida, Eduardo M. Enrech Larrea, dictó auto mediante el cual le perdonaba a la actora una deuda de 29.093 euros.

Fuente: https://www.economistjurist.es/

El Juzgado de lo Social número 3 de Logroño ha declarado —a través de una sentencia firme dictada el pasado 29 de agosto— que no cabe denegar la reducción de jornada a un empleado para el cuidado de su hijo menor de edad por el simple hecho de que su mujer, también empleada de la empresa, ya está disfrutando de tal derecho, pues es necesario que se justifique un daño real para la organización empresarial. En base a ello, ha condenado a la compañía a otorgar al demandante la reducción de jornada por guarda legal de 30 horas semanales, en horario de 7.00 a 13.00 horas hasta que el menor cumpla 12 años de edad.

Según consta en el fallo (cuyo contenido puede consultarse pinchando en ‘descargar resolución’), fue el pasado 25 de marzo cuando el trabajador solicitó a la empresa una reducción de jornada, la cual debía durar de abril a diciembre. Pero pese a tal requerimiento, sus pretensiones fueron rápidamente desoídas por la mercantil, que mediante escrito de denegación le explicó que, dado que su mujer —también empleada en el mismo departamento que él— ya se había acogido a tal reducción, no podían concederle a él la misma reducción.

Esta denegación hacía, además, referencia al artículo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores, el cual señala que «si dos personas trabajadoras de la misma empresa ejercen este derecho por el mismo sujeto causante, podrá limitarse su ejercicio simultáneo por razones fundadas y objetivas de funcionamiento de la empresa».

Por lo tanto, entendiendo la compañía que los dos cónyuges no podían disfrutar del derecho a la conciliación a la vez, pues no sólo ejercen las mismas funciones, sino que son los únicos dos trabajadores que las empeñan, la entidad concluyó que «si se concediese se causaría con ello un grave perjuicio a la empresa en la organización y funcionamiento del puesto de trabajo almacén por ser las dos únicas personas que lo desarrollan».

Las reducciones de jornada constituyen un derecho individual

Disconforme con este desenlace, el empleado presentó una demanda ante la Justicia, que terminó llevando el pleito al Juzgado de lo Social número 3 de Logroño (La Rioja). En su escrito, el hombre reiteraba su intención de acogerse al derecho de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, pues tres años antes había sido papá. Asimismo, referenciaba el artículo 37 ET, por el cual «quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario».

Además, el trabajador recordaba que tal precepto también establece que «las reducciones de jornada contempladas en este apartado constituyen un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres». Un derecho que se puede denegar si el empresario expone razonadamente cuáles son las razones «fundadas y objetivas» que le impiden conceder tal derecho, «debiendo en tal caso la empresa ofrecer un plan alternativo que asegure el disfrute de ambas personas trabajadoras y que posibilite el ejercicio de los derechos de conciliación».

El conflicto surgía después de recordar la empresa que la madre del menor, también trabajadora de la compañía, ya disponía de la jornada reducida, con lo cuál podía hacerse ella cargo del niño, sin necesidad de que el demandante se acogiese también a ese derecho de conciliación. Una valoración que, sin embargo, no argumentaron los representantes de la empresa durante el acto del juicio, pues ni tan siquiera se presentaron.

En este sentido —y dada la falta de asistencia de la empresa al juicio— el Juzgado ha considerado que la compañía no justificó los perjuicios organizativos derivados de conceder la solicitud. No ofrecieron explicaciones sobre cómo la reducción horario afectaría al funcionamiento del almacén ni presentaron alternativas para suplir las horas que ambos progenitores dejarían de trabajar. En ausencia de pruebas concretas, el Juzgado ha concluido que los argumentos de la empresa carecían de fundamento suficiente para denegarle al empleado su derecho.

Por todo ello, el Juzgado ha estimado la demanda del trabajador. En su fallo, ha considerado que el empleado había acreditado plenamente su derecho a la conciliación, mientras que la empresa, al no comparecer en el juicio ni presentar alegaciones sólidas, había incumplido con su obligación de justificar razonadamente la denegación. En base a ello, ha estimado íntegramente la demanda presentada por el trabajador.

Fuente: https://www.economistjurist.es