Intervención de Mª Jose Majano en las XVIII Jornadas de Justicia Constitucional: “TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y CATALUÑA” celebradas en Toledo, los días 9 y 10 de noviembre de 2017 y dirigidas a estudiantes, graduados, licenciados y diplomados de Derecho y Gestión y Administración Pública, así como a abogados, funcionarios y profesionales del sector jurídico.

Su exposición se titulaba: «REQUISITOS PARA LA INDEPENDENCIA DE UN TERRITORIO Y PARA EL RECONOCIMIENTO DE UN NUEVO ESTADO«, donde analizo si Cataluña podría invocar un derecho a la autodeterminación desde el punto de vista del Derecho internacional.

A continuación exponemos un resumen de la misma.

La conclusión debe ser negativa, dado que NO concurren los requisitos que el Dª internacional reconoce para ello. La secesión unilateral de parte del territorio de un Estado no es aceptada por ninguna Constitución del mundo ni por el derecho internacional más que en casos excepcionales. Así se resume en el manifiesto firmado en septiembre de este año por más de 400 de los aproximadamente 550 profesores de Derecho Internacional de toda España  y de ellos 50 profesores pertenecientes a  universidades catalanas,

En efecto, ni la Carta de Naciones Unidas, ni las resoluciones que desarrollan este principio, ni los Pactos Internacionales sobre derechos humanos (todos ellos textos de Derecho positivo), facultan a los territorios de NINGÚN estado para invocar un derecho a la secesión, salvo en unos supuestos taxativos y excepcionales que se resumirían según estos textos internacionales en:

1. Aquellos pueblos de los territorios coloniales o sometidos a subyugación, dominación o explotación extranjeras, o que vieran violados sus derechos.
2. Comunidades territoriales cuya identidad étnica, religiosa, lingüística o cultural es perseguida reiteradamente por las instituciones centrales y sus agentes periféricos, o cuyos miembros son objeto de discriminación grave y sistemática en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, de forma que se produzcan violaciones generalizadas de los derechos humanos fundamentales de los individuos y de los pueblos.

Esta materia se regula principalmente en dos Resoluciones de la ONU, la 1514, aprobada en 1960 y la 2425, aprobada en 1970, y el principio general es el del reconocimiento del principio de unidad e integridad territorial de los estados, proclamado del siguiente modo:

«Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de la Naciones Unidas».

La libre determinación en el seno de un estado que no tiene colonias, ni es racista ni ocupa territorios de otros pueblos (es decir en estados consolidados) se ejerce cuando se opta por fórmulas distintas a la independencia para los territorios que forman el estado consolidado  a través de fórmulas que resulten respetuosas con la unidad del Estado. Esto es, a través de las fórmulas que ya conocemos mediante las cuales puede organizarse un estado descentralizado: como pueden ser la opción autonómica, federal, cantonal, municipal o regional. Estas, son consideradas por el Derecho internacional como las únicas formas legítimas de ejercicio de la libre determinación dentro del territorio de un estado respetando el derecho o principio a la integridad territorial de ese estado.

Esta y otras materias relativas al reconocimiento de un estado, fueron las que se trataron en su intervención.

Mª José Majano junto con una delegación de profesores del Área de Derecho Constitucional de la UCLM de Toledo visitaron la sede del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo (Francia), donde fueron recibidos por el juez español y los letrados de nuestro país que ejercen en el Tribunal

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH; también denominado Tribunal de Estrasburgo y Corte Europea de Derechos Humanos) es la máxima autoridad judicial para la garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales en toda Europa. Se trata de un tribunal internacional ante el que cualquier persona que considere haber sido víctima de una violación de sus derechos reconocidos por el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales o cualquiera de sus Protocolos adicionales, mientras se encontraba legalmente bajo la jurisdicción de un Estado miembro del Consejo de Europa, y que haya agotado sin éxito los recursos judiciales disponibles en ese Estado, puede presentar una denuncia contra dicho Estado por violación del Convenio. Este Convenio es un tratado por el que los 47 Estados miembros del Consejo de Europa (todos los Estados europeos salvo Bielorrusia y Kazajistán) han acordado comprometerse a proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, tipificarlos, establecer el Tribunal y someterse a su jurisdicción, es decir, acatar y ejecutar sus sentencias. La ejecución de las sentencias del Tribunal por los Estados miembros que han sido condenados está supervisada por el Comité de Ministros, órgano decisorio del Consejo de Europa compuesto por un representante de cada Estado miembro. Es importante resaltar que el TEDH no es una institución de la Unión Europea, no está relacionado con ella ni por lo tanto con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El TEDH es un órgano judicial que se crea en virtud del CEDH.