El Tribunal Supremo ha denegado a una mujer el derecho a percibir la prestación por muerte y supervivencia en favor de familiares, al no constar acreditado el requisito legal de convivencia con el causante (el fallecido) al menos dos años antes de su fallecimiento. Pues, la convivencia entre ambos, padre e hija, se interrumpió cuando el progenitor ingresó en una residencia, es decir, dos años y dos meses antes de morir.

La Sala de lo Social revoca así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, recurrida en casación por el INSS, y que reconocía el derecho a tal prestación a la ciudadana por considerar el Tribunal catalán que, tras tantos años de convivencia, el ingreso del padre en una residencia a avanzada edad no interrumpía el requisito de convivencia.

Sin embargo, el Alto Tribunal rechaza la interpretación del Tribunal de Cataluña por cuanto no hubo dependencia económica entre la hija y el padre ni tampoco una relación frecuente durante la estancia de éste último en la residencia.

En esta línea, el Supremo subraya que, para poder aplicar una interpretación flexible del concepto de convivencia, es necesario que exista una continuidad afectiva y de cuidados, requisitos que no han quedado probados en el presente caso enjuiciado.

El caso

La sentencia (disponible en el botón ‘descargar resolución’) llega a raíz de que una ciudadana solicitara la prestación de muerte y supervivencia en favor de familiares tras el fallecimiento de su padre.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le denegó la prestación por no constar acreditado el requisito de convivencia con el causante (el padre) y a su cargo con al menos dos años de antelación al fallecimiento del causante, ya que este había sido ingresado en una residencia dos años y dos meses antes de su muerte, en la que había permanecido durante dicho tiempo.

Ante la negativa del organismo público a reconocerle dicha prestación, la mujer acudió a la vía judicial y presentó demanda contra el INSS en aras de que se le reconociera la ayuda. No obstante, en primera instancia el Juzgado de lo Social número 18 de Barcelona desestimó la demanda por no cumplir la actora los requisitos necesarios para el renacimiento de la prestación solicitada. Dichos requisitos consistían en no haber acreditado la convivencia con el causante y a su cargo, al menos con dos años de antelación al fallecimiento del mismo, ni tampoco haber acreditado la dependencia económica del causante.

La sentencia fue recurrida en suplicación por la interesada y, en segunda instancia, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña dio la razón a la ciudadana. El Tribunal reconoció el derecho de la beneficiaria a recibir la mencionada prestación por resultar acreditada (gracias al padrón municipal) la convivencia previa con el causante y considerar que el ingreso en una residencia a tan avanzada edad (contaba 87 años) no interrumpía el requisito de convivencia.

Sin embargo, la resolución dictada por el Tribunal de Justicia de Cataluña ha sido revocada por el Tribunal Supremo, cuya Sala de lo Social —estimando el recurso de casación interpuesto por el INSS contra dicha sentencia— ha resuelto el debate declarando la firmeza del fallo judicial del Juzgado y, por ende, desestimando la demanda en materia de prestación por muerte y supervivencia a favor de familiares.

El Supremo delimita el alcance de la interpretación flexible del requisito de convivencia en prestaciones por muerte y supervivencia

No consta acreditado el requisito de convivencia con al menos dos años de antelación al fallecimiento

La cuestión planteada en el presente litigio era decidir si la actora cumplía con el requisito de convivencia con el causante durante dos años anteriores al fallecimiento, a efectos del percibo de la prestación en favor de familiares, en un supuesto en que el padre fue ingresado en una residencia dos años y medio antes de que se produjese el óbito.

Para resolver el debate, los magistrados del Tribunal Supremo han comenzado recordado en la sentencia lo establecido al respecto en la Ley General de la Seguridad social (LGGS) y en el Reglamento General que determina la cuantía de las prestaciones económicas del Régimen General de la Seguridad Social y condiciones para el derecho a las mismas (RD 3158/1966).

Por un lado, el artículo 226 LGSS establece en su apartado segundo que “se reconocerá derecho a pensión a los hijos o hermanos de beneficiarios de pensiones contributivas de jubilación e incapacidad permanente, en quienes se den, en los términos que se establezcan reglamentariamente, las siguientes circunstancias: a) Haber convivido con el causante y a su cargo; b) Ser mayores de cuarenta y cinco años y solteros, divorciados o viudos; c) Acreditar dedicación prolongada al cuidado del causante. d) Carecer de medios propios de vida”.

Por otro lado, el artículo 40 del Reglamento citado exige que el beneficiario de la prestación hubiera convivido “con el causante y a sus expensas, al menos con dos años de antelación al fallecimiento de aquél o desde la muerte del familiar con el que convivieran, si ésta hubiere ocurrido dentro de dicho periodo”.

Una vez citada la legislación y los requisitos necesarios para acceder a dicha prestación de la Seguridad Social, el Tribunal Supremo explica que la finalidad de la misma (la prestación por muerte y supervivencia a favor de familiares) es “subvenir a la situación de necesidad a que los hijos o hermanos del causante se ven abocados por el fallecimiento del padre o hermano del que dependían económicamente”.

En este sentido, la Sala de lo Social continúa argumentando que “es por ello por lo que el término convivencia no ha sido interpretado como un mero vivir en compañía de alguien sino, con un criterio más amplio en el que lo que debe valorase es, por un lado, la dependencia económica del beneficiario respecto de su causante; y, por otro, la dedicación al cuidado y compañía del causante, realizada por el beneficiario”.

“Se trataría de un criterio de interpretación flexible y humanizador del concepto de convivencia física que priorizaría la efectividad de las atenciones y cuidados hacía el sujeto causante y que la Sala ha aplicado en circunstancias excepcionales impuestas por circunstancias transitorias de trabajo fuera de la residencia habitual con la finalidad de atender mejor al sostenimiento de la familia cuando las relaciones afectivas y económicas no han desaparecido”, afirman los magistrados.

Sin embargo, en el presente caso enjuiciado no consta ningún dato que permita aplicar este tipo de interpretación flexible, pues la actora no dispensó cuidados a su padre durante su estancia en la residencia de mayores, por lo que no es posible acreditar la permanencia de una relación directa, frecuente o habitual entre ambos (la actora y el causante). Y, en consecuencia, ello “impide poder tener por superado el requisito de la convivencia, ni siquiera en su interpretación más flexibilizadora”.

Fuente: https://www.economistjurist.es/

En una sentencia que ya se percibe como un hito en la jurisprudencia fiscal, el Tribunal Supremo ha dictado el 14 de julio de 2025 un fallo decisivo (STS 956/2025) que supone un firme correctivo a la voracidad de la Administración Tributaria y, especialmente, a las prácticas excesivas de la Inspección. Esta resolución no solo establece un criterio claro sobre la interpretación del artículo 27.2 de la Ley del IRPF, sino que consagra una protección esencial para las empresas familiares en materia del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD).

Un cambio de rumbo jurisprudencial en favor de la seguridad jurídica

El Alto Tribunal concluye que para beneficiarse de la reducción del 95% (e incluso del 99% en este caso concreto) en el ISD por transmisión de participaciones en una empresa familiar, basta con cumplir los requisitos legales: disponer de un local afecto y contar con un trabajador contratado a jornada completa. Ni más, ni menos.

Este pronunciamiento es especialmente relevante porque la Inspección Tributaria había venido negando el beneficio fiscal alegando que no existía una “carga de trabajo suficiente” que justificara la contratación del empleado, introduciendo así una exigencia económica que no está prevista en la norma. El Tribunal Supremo desmonta de forma tajante esta interpretación arbitraria, calificando como inadmisible que se impongan requisitos adicionales no contemplados legalmente.

Crítica expresa a la actuación inspectora

Uno de los aspectos más llamativos de esta sentencia es la severa crítica del Supremo a la actitud de la Administración. El fallo señala con claridad que la Inspección ha actuado como si se tratara de un caso de simulación —es decir, como si la contratación del trabajador fuera ficticia— pero sin haberlo declarado formalmente ni seguido el cauce legal necesario para ello. La Sala considera inaceptable esta forma de proceder: «no cabe establecer la simulación de forma oscura, imprecisa o ininteligible», reza literalmente la sentencia.

El Tribunal Supremo frena a la Inspección Tributaria y protege a las empresas familiares

En este sentido, el Tribunal reprocha a la Administración que utilice conceptos vagos como la “razonabilidad económica” para negar derechos sin base jurídica, y alerta del grave perjuicio que esta práctica tiene para la seguridad jurídica de los contribuyentes.

Una victoria de las empresas familiares y del principio de legalidad

Este fallo sienta una doctrina clara: cumplidos los requisitos objetivos del artículo 27.2 LIRPF, debe presumirse la existencia de una actividad económica, sin necesidad de valorar la rentabilidad o carga de trabajo concreta. Esto supone una garantía para cientos de miles de empresas familiares que, hasta ahora, se veían a merced de valoraciones subjetivas por parte de la Inspección.

Además, el Tribunal reivindica el espíritu protector de la norma, recordando que su finalidad es facilitar la continuidad de las empresas familiares tras una sucesión, evitando su disolución por cargas fiscales excesivas. En palabras del fallo: “la reducción busca proteger la empresa y su continuidad, lo que no solo beneficia al heredero, sino a la sociedad en su conjunto”.

Conclusión: una sentencia para enmarcar

Esta resolución del Supremo marca un antes y un después en la interpretación del ISD vinculado a empresas familiares. No solo pone coto a los abusos de la Inspección, sino que devuelve a la norma su sentido original y otorga a los contribuyentes la certeza que el Derecho debe garantizarles. Un paso adelante en la defensa de la legalidad, de la iniciativa empresarial y de un sistema tributario justo.

Fuente: https://www.economistjurist.es/

El Juzgado de Primera Instancia número 44 de Madrid ha dictado una importante sentencia a favor de la convivencia respetuosa y bienestar de unos vecinos del centro de Madrid. Concretamente, el juzgador ha ordenado que se cierren 10 pisos turísticos que había en un bloque residencial de la capital.

Este fallo judicial llega a raíz de que una familia propietaria y residente de ese bloque, ubicado en el famoso barrio de La Latina, presentara una demanda solicitando el cese de las viviendas con fines turísticos que había en el edificio debido al malestar que provocaban dichos pisos en la convivencia vecinal.

Previamente, los inquilinos ya habían denunciado el ruido constante que provocaban los turistas, así como otros altercados que estos habían protagonizado, como daños en elementos comunes (buzones y ascensor) y situaciones de insalubridad, como vómitos en zonas comunes y suciedad. Todas estas situaciones, además del malestar provocado en el resto de vecinos que convivían en el edificio, ocasionó que los inquilinos de la comunidad tuvieran que asumir una derrama extraordinaria y contratar a un vigilante de seguridad en aras de mantener la seguridad y el orden.

Es más, los residentes del bloque intentaron llegar a un acuerdo amistoso en la vía extrajudicial con las empresas responsables de los pisos turísticos —cuatro sociedades distintas—, manifestándolas de manera reiterada el malestar que provocan en la convivencia vecinal algunos turistas que alquilan los pisos. Sin embargo, las negociaciones no funcionaron debido a la pasividad de las mercantiles, que no adoptaron medidas eficaces que consiguieran minimizar las molestias.

Un juzgado de Madrid ordena el cese de 10 pisos turísticos porque su actividad vulnera los derechos fundamentales del resto de vecinos

Prima el derecho a la intimidad y la vida de los residentes

El titular del Juzgado de Primera Instancia número 44 de Madrid considera que la actividad de estos apartamentos turísticos en el bloque de viviendas provoca no solo situaciones ilícitas, también de insalubridad.

Por lo que a juicio del juez, no se trata de simples trastornos causales, sino de un conflicto grave y permanente en el tiempo, y que pese a las continuas quejas manifestadas por los vecinos a las empresas propietarias responsables de dichas viviendas turísticas, su pasividad a la hora de poner fin al problema, o al menos buscar soluciones, es clave para determinar la necesidad de ordenar el cierre de los 10 pisos turísticos.

En consecuencia, y dado que la situación de malestar que provocan las citadas viviendas turísticas atenta directamente a los derechos fundamentales de los residentes del edificio, entre ellos, el derecho a la intimidad personal y familiar en el domicilio, el Juzgado ha estimado parcialmente la demanda de los inquilinos en el sentido de admitir la acción de cese y prohibir la continuidad de la actividad turística en el inmueble, al ser la misma incompatible con el ejercicio de los derechos fundamentales de los demandantes.

Asimismo, el titular del Juzgado de Primera Instancia número 44 de Madrid también ha condenado a las empresas responsables de los pisos turísticos a indemnizar a los demandantes con la cuantía de 37.000 euros en concepto de indemnización por daños morales.

Fuente: https://www.economistjurist.es