¿Es posible el desahucio por precario entre familiares?

Nuestra Constitución recoge en su artículo 47 CE el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Asimismo, la Constitución Española reconoce en su artículo 33 el derecho a la propiedad privada y a la herencia, mientras que el artículo 348 Código Civil  define la propiedad como el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes”.

Sin embargo, estos derechos básicos pueden entrar en quiebra cuando dos o más personas entran en pugna por su consecución, ya sea a raíz de un proceso hereditario o en un proceso de divorcio. Si hablamos de bienes inmuebles, la situación puede derivar en un disfrute de la cosa ilícito, cuya consecuencia más inmediata es el conocido como desahucio por precario.

Precario

La del precario carece de una definición legalmente establecida, habiendo sido perfilada por la jurisprudencia, en relación con el artículo 1565 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como la ocupación de una cosa ajena sin título, o en virtud de un título nulo o que haya perdido su validez, es decir, sin que medie renta o cualquier otra contraprestación.

Como sostiene la Doctrina Jurisprudencial en numerosas resoluciones, entre ellas, STS Sala 1.ª, de 27 de febrero de 2001, el concepto de precarista a que aludía el artículo 1565 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 no se refiere a la graciosa concesión a su ruego del uso de una cosa mientras lo permite el dueño concedente sino que se extiende a cuantos sin pagar merced utilizan la posesión de un inmueble sin título para ello. De esta forma, el concepto del precario ha sido extendido hasta comprender no solamente los supuestos en que se detenta una cosa con la tolerancia o por cuenta de su dueño, sino también todos aquellos en que la tenencia del demandado no se apoya en ningún título y presenta caracteres abusivos.

Precario y familia

La figura del precario no se limita únicamente a relaciones entre desconocidos. El supuesto de hecho donde un hijo u otro familiar ocupa un inmueble es muy habitual. Esta situación queda reflejada en la reciente sentencia 456/2018 de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife (cuyo texto puede leerse aquí), que desestima el recurso interpuesto por un hijo que vivía en casa de su madre sin hacer frente a ningún tipo de gasto.

En el fallo, la Audiencia ratificó la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de San Cristóbal de la Laguna, que estimó la demanda interpuesta por la madre al declarar el desahucio por precario que obliga al hijo a dejar libre la vivienda.

Se acredita en este caso que el demandado ocupa la vivienda por concesión graciosa de la madre, la demandante, sin pagar renta ni merced, situación que correctamente puede ser considerada como precario. El recurrente reconoce no ser propietario ni pagar alquiler, así como otros gastos como agua o luz, habiendo vivido en el inmueble más de seis años. La madre aduce que su hijo, al que de manera solidaria cedió el piso para unos días ahora lo ocupa, impidiéndola alquilarlo.

La sentencia de primera instancia ya resolvió de manera impecable el asunto relativo a la legitimación activa de la demandante, en cuanto el artículo 250 de la LEC  considera parte legítima para promover un desahucio por precario a los dueños, usufructuarios o cualquier persona con derecho a poseer el bien. En esencia, basta la justificación del derecho a poseer el inmueble, que en el caso de la madre se traduce en el hecho de la madre de ser heredera legítima de los primeros dueños.

Cuando la cesión de uso deja de cumplir su función

Respecto a la cesión de uso de inmueble entre familiares, la doctrina del Tribunal Supremo, en su STS 25-2-2010 número 45/2010 (consulta aquí el texto íntegro), rec. 2541/2005 establece que “a pesar de la existencia inicial de comodato como título que legitima la ocupación gratuita de un inmueble, en la medida en la existe un uso autorizado para un fin concreto, en consideración el carácter temporal y la duración limitada del comodato como características esenciales de dicha institución, cuando dicha ocupación se perpetúa o el cumplimiento del fin queda al arbitrio de la voluntad unilateral del ocupante, debe entenderse concluido el comodato transformándose el título de ocupación en precario.

Pugna entre herederos y viuda usufructuaria

Otro supuesto de hecho que puede plantearse es la pugna entre los hijos herederos y la vida usufructuaria de una vivienda. En este supuesto, la doctrina del Supremo, con casos como la STS 839/2013 de 20 de enero de 2014, rec. 495/2011 (sentencia completa en el siguiente enlace) se inclina por favorecer el derecho del usufructuario.

En este supuesto, donde el Alto Tribunal fija doctrina jurisprudencial, se da la concurrencia de dos derechos enfrentados, el del heredero legítimo que ocupa la vivienda fruto de la sociedad de gananciales de sus padres y el de la viuda, instituida legataria del usufructo universal de la herencia. El Tribunal Supremo fija doctrina jurisprudencial en orden a la plena legitimación y atribución de facultades del legatario de usufructo universal de la herencia, con independencia de su posible concurrencia con otros derechos hereditarios que resulten sujetos a la situación de indivisión de la comunidad hereditaria.

Divorcio y adjudicación del inmueble a la esposa

Otra de las situaciones comúnmente repetidas es la adjudicación del inmueble a una de las partes tras el proceso de divorcio. En esta ocasión, se plantea el supuesto de los propietarios del inmueble que cedieron gratuitamente a su hijo o hija para que la utilice como hogar conyugal.

Un caso que plantea este contexto es la STS 910/2008 de 2 de octubre de 2008, rec. 1745/2003 (sentencia aquí). Tras el proceso de separación, el piso fue atribuido a la esposa, siendo calificada la situación como precario al afirmar el Supremo que “a situación de quien ocupa una vivienda cedida sin contraprestación y sin fijación de plazo por su titular para ser utilizada por el cesionario y su familia como domicilio conyugal o familiar es la propia de un precarista, una vez rota la convivencia, con independencia de que le hubiera sido atribuido el derecho de uso y disfrute de la vivienda, como vivienda familiar, por resolución judicial” (STS 910/2008 de 2 de octubre de 2008, rec. 1745/2003).

Fuente: http://noticias.juridicas.com

¿Son deducibles los gastos de reformas y compra de electrodomésticos que realiza el arrendador cuando la vivienda no está arrendada?

La arrendadora debe hacer frente a ciertas reformas tras los daños que su inquilino provocó en la vivienda alquilada en el año 2017. Así tuvo que comprar electrodomésticos y otros enseres. Y como consecuencia de unas filtraciones de agua que a principios del año 2018, afectaron a la vivienda de abajo, tuvo que realizar obras en el baño y en la cocina.

La Ley reguladora del IRPF exige a efectos de la deducibilidad, una correlación entre los gastos de conservación y reparación y los ingresos derivados del arrendamiento. Por ello, para la DGT, en Consulta Vinculante V0440-19, de 28 de febrero, esos gastos que la arrendadora tiene que afrontar serán deducibles siempre y cuando obtenga rendimientos del capital inmobiliario, pudiendo en su caso, practicarse tal deducción en los cuatro años siguientes.

Respecto a las obras mencionadas, en el supuesto de que puedan calificarse de mejora, su coste constituirá un mayor valor de adquisición del inmueble y será deducible su importe vía amortización, aplicando un porcentaje anual del 3% anual. Del mismo modo, y de conformidad con lo previsto en las tablas de amortización simplificada podrán amortizarse los gastos de adquisición de electrodomésticos y otros enseres al 10% anual, con un período máximo de 20 años.

Por último son igualmente deducibles las cuotas relativas a la Comunidad de Propietarios y el seguro de hogar.

Todo ello es así en el supuesto de que la vivienda se encuentre arrendada. En los periodos en que no sea así, deberá imputarse la renta inmobiliaria prevista en el art. 85 LIRPF.

Fuente: http://noticias.juridicas.com

El TC prohíbe a los partidos políticos recopilar datos sobre las opiniones políticas de los ciudadanos

El TC declara inconstitucional el art. 58 bis. 1 de LOREG que permitía a los partidos políticos recopilar datos personales relativos a las opiniones políticas de los ciudadanos

El Pleno del Tribunal Constitucional por unanimidad ha declarado contrario a la Constitución y nulo el apartado 1 del art. 58 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, que permite a los partidos políticos recoger datos personales relativos a las opiniones políticas de los ciudadanos.

La sentencia, cuyo ponente ha sido el Magistrado Cándido Conde-Pumpido, ha estimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo el pasado 5 de marzo de 2019.

La parte dispositiva de la sentencia tiene el siguiente contenido:

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la constitución de la nación española, ha decidido. Estimar el presente recurso de inconstitucionalidad y, en consecuencia, declarar contrario a la Constitución y nulo el apartado 1 del art. 58 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, incorporado a esta por la disposición final tercera, apartado dos, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

El derecho de acrecer

Cuando un llamado a la sucesión testada o intestada, heredero o legatario, finalmente no llega a adquirir, por la razón que sea, se ponen en funcionamiento una serie de mecanismos jurídicos como son las sustituciones, el derecho de acrecer, el derecho de transmisión, la representación, o la apertura de la sucesión intestada, instituciones  cuya comprensión y desarrollo resulta complicado y es en todo caso excluyente: en cada situación jurídica solamente una de ellas es aplicable.

Te invitamos desde este enlace a que amplíes más información sobre el derecho de acrecer, y puedas resolver dudas como estas:

  • ¿En qué consiste el derecho de acrecer?
  • Requisitos para la aplicación del derecho de acrecer
    • a) Llamamiento conjunto
    • b) Porción vacante
    • c) Que no haya sustitución
  •  ¿Qué ocurre cuando no hay testamento?

Requisitos exigidos para deducir por inversión en vivienda habitual las cantidades satisfechas en la amortización de un nuevo préstamo

Requisitos exigidos para deducir por inversión en vivienda habitual las cantidades satisfechas por la amortización de un nuevo préstamo

En el régimen transitorio para continuar aplicando la deducción por inversión en vivienda habitual a partir del ejercicio 2013 está regulado por la disposición transitoria decimoctava de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobada por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre (BOE de 29 de noviembre). Esta dispone que adquirida una vivienda para su destino como vivienda habitual, si se modifica la financiación, sustituyendo el inicial préstamo por otro con mejores condiciones y cancelando el anterior, se mantiene la posibilidad de seguir practicando la deducción por inversión en vivienda habitual siempre el nuevo préstamo se dedique efectivamente a la amortización del anterior.

Amortización de un nuevo préstamo

Amortización de un nuevo préstamo

Esta es la consulta que resuelve la Subdireccion General de Impuestos sobre la Renta de las Personas Fisicas de la DGT en la Consulta Vinculante V0268-19, de 12 de febrero de 2019.

Las cuotas de amortización e intereses, así como otras cuantías que se satisfagan por el nuevo préstamo -en su constitución, vida y cancelación-, en la parte proporcional que del capital obtenido en este sean atribuibles a la amortización o cancelación del préstamo originario -habiéndose este primero destinado exclusivamente a la adquisición de la vivienda habitual-, incluida en su caso la cancelación registral hipotecaria, si dan derecho a deducción por inversión en vivienda habitual, formando parte de la base de deducción del periodo impositivo en que se satisfagan.

Pero es distinto el supuesto de cancelación, parcial o total, de la deuda y una posterior obtención de crédito, incluso con la garantía de los bienes, sin continuidad directa entre ambos préstamos, porque en este caso sí se pierde el derecho a practicar la deducción por inversión en vivienda habitual por la nueva financiación. Es el contribuyente quien debe acreditar esta continuidad directa con el nuevo préstamo.

La operación consultada queda sujeta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

La constitución del préstamo está sujeta a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas y la cancelación anticipada del anterior estás sujeta al  de actos jurídicos documentados, pero exenta en aplicación del apartado 18 del artículo 45.I.B).

El Tribunal europeo retira a Correos la competencia exclusiva para vender medios de franqueo

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha retirado a Correos la competencia exclusiva para vender medios de franqueo distintos de sellos. En una sentencia dictada hoy, el Tribunal europeo rechaza la normativa española que garantiza al operador postal un derecho exclusivo a la distribución de medios de franqueo distintos de los sellos de correos. “Los Estados miembros no pueden otorgar o mantener en vigor derechos especiales o exclusivos para el establecimiento y la prestación de servicios postales”, apunta la sentencia.

El asunto parte de una denuncia de Correos que acusaba a Asendia Spain de comercializar unos medios de franqueo o etiquetas prepago que imitan y se confunden con los sellos utilizados por Correos y que los comercializaba fuera de su red postal interna. Por su parte, Asendia aseguraba que no está cometiendo ninguna infracción a la Ley de la competencia desleal, ya que no imita ningún sello de Correos, no induce a confusión a los usuarios y no utiliza la red postal existente de Correos.

correos

correos

Los medios de franqueo controvertidos se venden al público en hoteles, tiendas de recuerdos y supermercados, especialmente en aquellos situados en lugares turísticos. Estos medios se ofrecen a los clientes de dichos establecimientos esencialmente para el envío de tarjetas postales, que los clientes pueden depositar directamente en los buzones situados en esos mismos establecimientos.

“El legislador europeo considera, en efecto, que el objetivo básico de garantizar la prestación sostenible de un servicio universal puede quedar garantizado sin necesidad de que existiera un sector reservado y que, por consiguiente, procede poner fin a la utilización de un sector reservado y de derechos especiales como medio para garantizar la financiación del servicio universal”, explica el fallo. “Incluso cuando siga siendo necesario recurrir a la financiación externa del coste neto residual del servicio universal, la normativa europea no menciona la atribución de derechos exclusivos o especiales al operador designado entre las opciones expresamente autorizadas para financiar el servicio universal”, añade.

Esa conclusión, el TJUE considera que no queda en entredicho por el hecho de que otra disposición de la Directiva establezca que los Estados miembros tienen derecho a organizar con arreglo a su Derecho interno, entre otras materias, la emisión de sellos de correos. “Es patente que la emisión de medios de franqueo distintos de los sellos de correos, como los que distribuye Asendia Spain, no está comprendida en el ámbito de aplicación de esa disposición, que únicamente se refiere a la instalación de buzones en la vía pública, a la emisión de sellos de correos y al servicio de correo certificado utilizado en el marco de procedimientos judiciales o administrativos”, apunta.  “Además, esa excepción debe ser interpretada estrictamente”, apostilla.

Por otra parte, el Tribunal europeo entiende que “la designación de la entidad o entidades que tienen derecho a emitir los sellos postales indicando el país de origen siga correspondiendo a los Estados miembros obedece tan sólo a razones de orden público y de seguridad pública, y no a razones relacionadas con la financiación del servicio universal”.

Fuente: https://www.eleconomista.es

El TC anula parte de la ley educativa de la Generalitat y avala la docencia en catalán

Hace diez años, el Parlamento catalán aprobó con una amplia mayoría la ley de educación de Cataluña. Se trataba de la primera impulsada por el Gobierno autonómico a partir de la reforma del Estatuto del 2006. La norma blindaba la inmersión lingüística, daba más autonomía a los centros educativos y ampliaba los conciertos con el sector privado. Por primera vez definía el catalán como lengua vehicular y dejaba sin efecto una norma estatal que preveía una tercera hora de castellano. Ahora, dos lustros después, el Constitucional ha avalado el régimen lingüístico de Cataluña, aunque al mismo tiempo ha tumbado diez de los 38 artículos recurridos de la ley de educación -en lo que hace referencia a la regulación del currículum y las enseñanzas de Primaria y ESO- al entender que invaden competencias del Estado.

El alto tribunal considera que la inmersión lingüística en catalán en las escuelas es constitucional siempre que se garantice también «el pleno dominio del castellano al final de la enseñanza obligatoria». Y lo afirma pese a que el PP no recurrió el artículo 11 que hace referencia a este modelo. «Como no se impugnan los apartados 1 y 3 del art. 11 del mismo cuerpo legal, el recurso no cuestiona realmente la constitucionalidad del sistema de conjunción lingüística», precisa la sentencia.

Desde el Gobierno catalán siempre han defendido que el dominio del castellano por los alumnos es el adecuado y se argumenta que el nivel suele estar por encima de la media nacional en las pruebas de evaluación que suele hacer el Ministerio de Educación.

El TC también anula algunos artículos que detallan los objetivos de las enseñanzas, entre otros elementos, porque ya están recogidas en la Lomce. Y tumba otros que regulan las enseñanzas artísticas y deportivas, y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de un cuerpo de catedráticos de Educación, porque existe un desajuste entre los distintos cuerpos docentes fijados por ley orgánica, asegura.

La ley fue aprobada en la época del tripartito de José Montilla y contó con el aval del PSC, CiU y Esquerra, que en el 2009 concentraban el 82 % de los escaños de la Cámara catalana. Iniciativa se abstuvo y el PP y C’s (que por entonces tenía 3 diputados) votaron en contra. Los populares recurrieron la norma al Constitucional.

El consejero de Educación de la Generalitat, Josep Bargalló, celebró el fallo del Constitucional aunque criticó que haya tardado tanto tiempo. «La sentencia no altera nada en todo aquello que seguramente había generado más preocupación en la ciudadanía en general como es el modelo lingüístico», se felicitó. Así, Cataluña tiene la competencia de crear un sistema educativo en que la lengua autonómica sea la vehicular en toda la enseñanza y, por tanto, todas las materias se impartan en ese idioma, mientras que el castellano tiene una posición residual, con dos horas lectivas a la semana.

En la célebre sentencia contra el Estatuto, en el 2010, el Constitucional ya estableció que, pese a que se consideraba el catalán como lengua vehicular de enseñanza, eso no podía significar la exclusión del castellano de las aulas. La sentencia dio pie a recursos de padres de alumnos que reclamaban poder escolarizar a sus hijos en castellano. Y en fallos judiciales posteriores, el Tribunal Supremo ordenó a la Generalitat que adoptara cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza para que el castellano se utilice también como lengua vehicular en el sistema educativo junto con el catalán.

El Poder Judicial considera que los jueces deben evitar búsquedas en internet sobre los implicados en sus procesos

La Comisión de Ética Judicial aconseja a los magistrados limitarse a las pruebas presentadas en los cauces procesales

La Comisión de Ética Judicial considera que los jueces deben ser especialmente cuidadosos a la hora de evitar consultar informaciones a través de internet o de las redes sociales de las partes implicadas en los procesos que estén llevando a cabo.

Este organismo independiente de los órganos de gobierno del Poder Judicial, cuya función es orientar sobre la interpretación de los Principios de Ética Judicial, señala: “No es aconsejable que el juez haga una búsqueda de la verdad material fuera del acervo probatorio”, porque ello puede “alterar la posición imparcial que deben adoptar [los magistrados] en su enjuiciamiento”.

Ya que el juez puede llegar a conocer hechos o circunstancias que no han sido aportadas al proceso u obtener información sobre alguna de las partes o sus letrados que sesguen de forma inconsciente su enjuiciamiento, la Comisión concluye que “en cualquier caso, no es aconsejable que el juez haga una búsqueda de la verdad material fuera del acervo probatorio”.

Esta directriz se produce como respuesta a una consulta realizada por un magistrado que preguntaba si el juzgador puede hacer alguna indagación relacionada con el hecho objeto de enjuiciamiento a través de internet o de las redes sociales.

La respuesta de la Comisión de Ética es clara al afirmar que el juez no debe contaminarse “por cualquier clase de prejuicio contra alguna de las partes que pudiera tener su origen en información obtenida fuera de los cauces procesales oportunos”.

Toledo, la provincia con mayor tasa de pendencia en sus juzgados en todo el ámbito nacional

La jurisdicción civil necesitaría más de un año para dar salida a todos los asuntos sin que en ese tiempo ingresase ninguno. El Mercantil sigue muy colapsado.

Hemos decidido compartir este interesante artículo publicado en La Tribuna de Toledo, sobre “Toledo, la provincia con mayor tasa de pendencia en sus juzgados en todo el ámbito nacional”.

Encabezar una lista no siempre es sinónimo de buena posición. Es lo que le ocurrió el año pasado a Toledo en el ámbito judicial, ya que ocupó el primer puesto como la provincia con mayor tasa de pendencia en sus juzgados en todo el ámbito nacional, según los datos  que ha publicado recientemente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Y a pesar de la capacidad resolutiva de la plantilla, los juzgados necesitarían ocho meses y un día para dar salida a todo el volumen de asuntos en general siempre que no entrara ninguno más, algo imposible teniendo en cuenta el ingreso constante de asuntos de todo tipo el año pasado. En esta misma línea se encuentran también las provincias de Lugo, Lleida, que también precisarían siete meses y nueve días para resolver la gran cantidad de asuntos que mantienen a pesar de un ritmo ágil de resolución, y Cuenca, Guadalajara y La Coruña, que se mueven prácticamente en esos niveles de pendencia.

Toledo

Toledo

Sin embargo, es necesario desmenuzar la estadística para comprobar que la saturación se encuentra fundamentalmente en la jurisdicción civil, cuya tasa de pendencia indica que en Toledo haría falta un año para normalizar la carga de trabajo, ya que el año pasado se recibieron 31.492 asuntos, 4.108 más que en 2017. En esta jurisdicción los juzgados de la provincia también encabezan la lista, aunque las cifras se moderan en la jurisdicción penal, que  pasa a ocupar un cuarto puesto en el ranking de provincias con los juzgados más colapsados, ya que en prácticamente cinco meses se podría resolver el atasco siempre que no entrara ningun asunto en ese periodo.

En la jurisdicción de lo Social los juzgados toledanos ocupan un discreto vigésimo sexto puesto y la de lo Contencioso-Administrativo la provincia no destaca por sus niveles de pendencia.

más actividad. La estadística confirma también que la actividad en los juzgados de la provincia ha crecido un 6,9% en 2018 respecto a 2017, ya que estos órganos recibieron 71.004 asuntos a lo largo del año, 4.638 más que en 2017. El aumento es significativo si se compara con lo ocurrido en los juzgados del resto del país, en los que se produjo una subida del 2%.

Entrando al detalle, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Toledo, que aglutina también la materia mercantil, mantiene unos niveles de saturación preocupantes, ya que el año pasado recibió 537 asuntos, 23 más que en 2017, inició el año con 871 pendientes y finalizó con 908 en trámite.

A pesar de los refuerzos y de las medidas puntuales del Ministerio de Justicia para intentar descongestionar este órgano la única posibilidad para que preste servicio en un tiempo razonable es la creación de un juzgado mercantil exclusivo para aliviar una carga que suele superar el 300% de lo que aconseja el Consejo General del Poder Judicial desde hace bastantes años. Incluso ha llegado a acumular la carga de cinco juzgados contando con las cláusulas suelo que, entre otras cosas, ya que hubo unas 7.000 demandas de esta naturaleza sólo en el primer semestre del año pasado.

Fuente: https://www.latribunadetoledo.es

 

Lo que ahora conocemos como derechos humanos

Hemos decidido compartir el interesante artículo del Profesor Díaz Revorio, catedrático de Derecho Constitucional de la UCLM sobre la polémica generada por la petición del Presidente mexicano de que España pida perdón por los abusos cometidos durante la colonización. Suscribimos íntegramente el contenido del artículo.

El presidente de México ha exigido al rey de España disculpas por las violaciones cometidas durante la conquista “a lo que ahora conocemos como derechos humanos”. Bastaría señalar que es imposible vulnerar una norma o parámetro que todavía no existe para evidenciar que están fuera de lugar esas disculpas por la violación de lo que ni siquiera se conocía. Pero cabría añadir que, se crea o no en unos valores previos universales, para que lo que hoy conocemos como derechos humanos haya llegado a ser eso, ha habido un proceso secular, en el cual figura como antecedente destacado el pensamiento filosófico de la Escuela de Salamanca y las reflexiones, impulsadas por la Corona, sobre la condición moral y jurídica de los indígenas. Y, desde luego, los intensos esfuerzos de la monarquía hispánica por proteger a los indígenas, aprobando una amplia legislación que venía -por decirlo en el lenguaje actual que parece gustarle al presidente de México- a reconocer sus derechos y su igual dignidad humana. España fue pionera en ello: más de un siglo antes del primer Bill of rights del mundo, fue el primer Estado en prohibir la esclavitud de los indígenas y proclamar sus derechos. Sin embargo, y por desgracia, es innegable que hubo abusos y excesos. Pero estos obedecen, sobre todo, a que algunos de los tatarabuelos de López Obrador incumplieron esas leyes proteccionistas que aprobaron los tatarabuelos de Felipe VI.

Lo que ahora conocemos como derechos humanos

Lo que ahora conocemos como derechos humanos

Utilizar ese revisionismo histórico tratando de aplicar parámetros actuales a situaciones pasadas es absurdo, y no puede traer nada bueno. El mismo criterio permitiría a España exigir disculpas a la República Italiana por la invasión romana (que, entre la violencia y los abusos de una conquista forzada, nos trajo la base de nuestra civilización); o, sin ir tan lejos y como ha mencionado el ministro de exteriores de España, reclamar a la República Francesa por la invasión napoleónica, no muy pacífica por cierto. Podríamos seguir poniendo ejemplos… pero es que, con el mismo rasero, quien parece situarse como sucesor de los “pueblos originarios” (y, por cierto, no exige disculpas a Estados Unidos o Francia por otras conquistas o invasiones que afectaron ya a la actual República mexicana…), tendría él mismo que disculparse, en nombre del imperio mexica, por haber sojuzgado a tantos otros indígenas, miles de los cuales se aliaron gustosos con los españoles para desprenderse de ese yugo. O por los sacrificios humanos y el canibalismo que practicaron, salvo que, por alguna razón que no alcanzo a ver, no haya que juzgar esos actos con el parámetro de “lo que hoy conocemos como derechos humanos”, sino hacer un esfuerzo de tolerancia, contextualización y comprensión que, sin embargo, no hay que aplicar a los españoles del siglo XVI. España y México tienen mucha cultura en común, y España tiene mucho que agradecer a México. Pero lo que es absurdo, es absurdo.

Fuente: http://javierdiazrevorio.com/lo-que-ahora-conocemos-como-derechos-humanos/