Hace diez años, el Parlamento catalán aprobó con una amplia mayoría la ley de educación de Cataluña. Se trataba de la primera impulsada por el Gobierno autonómico a partir de la reforma del Estatuto del 2006. La norma blindaba la inmersión lingüística, daba más autonomía a los centros educativos y ampliaba los conciertos con el sector privado. Por primera vez definía el catalán como lengua vehicular y dejaba sin efecto una norma estatal que preveía una tercera hora de castellano. Ahora, dos lustros después, el Constitucional ha avalado el régimen lingüístico de Cataluña, aunque al mismo tiempo ha tumbado diez de los 38 artículos recurridos de la ley de educación -en lo que hace referencia a la regulación del currículum y las enseñanzas de Primaria y ESO- al entender que invaden competencias del Estado.

El alto tribunal considera que la inmersión lingüística en catalán en las escuelas es constitucional siempre que se garantice también «el pleno dominio del castellano al final de la enseñanza obligatoria». Y lo afirma pese a que el PP no recurrió el artículo 11 que hace referencia a este modelo. «Como no se impugnan los apartados 1 y 3 del art. 11 del mismo cuerpo legal, el recurso no cuestiona realmente la constitucionalidad del sistema de conjunción lingüística», precisa la sentencia.

Desde el Gobierno catalán siempre han defendido que el dominio del castellano por los alumnos es el adecuado y se argumenta que el nivel suele estar por encima de la media nacional en las pruebas de evaluación que suele hacer el Ministerio de Educación.

El TC también anula algunos artículos que detallan los objetivos de las enseñanzas, entre otros elementos, porque ya están recogidas en la Lomce. Y tumba otros que regulan las enseñanzas artísticas y deportivas, y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de un cuerpo de catedráticos de Educación, porque existe un desajuste entre los distintos cuerpos docentes fijados por ley orgánica, asegura.

La ley fue aprobada en la época del tripartito de José Montilla y contó con el aval del PSC, CiU y Esquerra, que en el 2009 concentraban el 82 % de los escaños de la Cámara catalana. Iniciativa se abstuvo y el PP y C’s (que por entonces tenía 3 diputados) votaron en contra. Los populares recurrieron la norma al Constitucional.

El consejero de Educación de la Generalitat, Josep Bargalló, celebró el fallo del Constitucional aunque criticó que haya tardado tanto tiempo. «La sentencia no altera nada en todo aquello que seguramente había generado más preocupación en la ciudadanía en general como es el modelo lingüístico», se felicitó. Así, Cataluña tiene la competencia de crear un sistema educativo en que la lengua autonómica sea la vehicular en toda la enseñanza y, por tanto, todas las materias se impartan en ese idioma, mientras que el castellano tiene una posición residual, con dos horas lectivas a la semana.

En la célebre sentencia contra el Estatuto, en el 2010, el Constitucional ya estableció que, pese a que se consideraba el catalán como lengua vehicular de enseñanza, eso no podía significar la exclusión del castellano de las aulas. La sentencia dio pie a recursos de padres de alumnos que reclamaban poder escolarizar a sus hijos en castellano. Y en fallos judiciales posteriores, el Tribunal Supremo ordenó a la Generalitat que adoptara cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza para que el castellano se utilice también como lengua vehicular en el sistema educativo junto con el catalán.

La jurisdicción civil necesitaría más de un año para dar salida a todos los asuntos sin que en ese tiempo ingresase ninguno. El Mercantil sigue muy colapsado.

Hemos decidido compartir este interesante artículo publicado en La Tribuna de Toledo, sobre «Toledo, la provincia con mayor tasa de pendencia en sus juzgados en todo el ámbito nacional».

Encabezar una lista no siempre es sinónimo de buena posición. Es lo que le ocurrió el año pasado a Toledo en el ámbito judicial, ya que ocupó el primer puesto como la provincia con mayor tasa de pendencia en sus juzgados en todo el ámbito nacional, según los datos  que ha publicado recientemente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Y a pesar de la capacidad resolutiva de la plantilla, los juzgados necesitarían ocho meses y un día para dar salida a todo el volumen de asuntos en general siempre que no entrara ninguno más, algo imposible teniendo en cuenta el ingreso constante de asuntos de todo tipo el año pasado. En esta misma línea se encuentran también las provincias de Lugo, Lleida, que también precisarían siete meses y nueve días para resolver la gran cantidad de asuntos que mantienen a pesar de un ritmo ágil de resolución, y Cuenca, Guadalajara y La Coruña, que se mueven prácticamente en esos niveles de pendencia.

Sin embargo, es necesario desmenuzar la estadística para comprobar que la saturación se encuentra fundamentalmente en la jurisdicción civil, cuya tasa de pendencia indica que en Toledo haría falta un año para normalizar la carga de trabajo, ya que el año pasado se recibieron 31.492 asuntos, 4.108 más que en 2017. En esta jurisdicción los juzgados de la provincia también encabezan la lista, aunque las cifras se moderan en la jurisdicción penal, que  pasa a ocupar un cuarto puesto en el ranking de provincias con los juzgados más colapsados, ya que en prácticamente cinco meses se podría resolver el atasco siempre que no entrara ningun asunto en ese periodo.

En la jurisdicción de lo Social los juzgados toledanos ocupan un discreto vigésimo sexto puesto y la de lo Contencioso-Administrativo la provincia no destaca por sus niveles de pendencia.

más actividad. La estadística confirma también que la actividad en los juzgados de la provincia ha crecido un 6,9% en 2018 respecto a 2017, ya que estos órganos recibieron 71.004 asuntos a lo largo del año, 4.638 más que en 2017. El aumento es significativo si se compara con lo ocurrido en los juzgados del resto del país, en los que se produjo una subida del 2%.

Entrando al detalle, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Toledo, que aglutina también la materia mercantil, mantiene unos niveles de saturación preocupantes, ya que el año pasado recibió 537 asuntos, 23 más que en 2017, inició el año con 871 pendientes y finalizó con 908 en trámite.

A pesar de los refuerzos y de las medidas puntuales del Ministerio de Justicia para intentar descongestionar este órgano la única posibilidad para que preste servicio en un tiempo razonable es la creación de un juzgado mercantil exclusivo para aliviar una carga que suele superar el 300% de lo que aconseja el Consejo General del Poder Judicial desde hace bastantes años. Incluso ha llegado a acumular la carga de cinco juzgados contando con las cláusulas suelo que, entre otras cosas, ya que hubo unas 7.000 demandas de esta naturaleza sólo en el primer semestre del año pasado.

Fuente: https://www.latribunadetoledo.es

 

Novedades destacadas para la campaña de la Renta 2018, que comenzará el próximo 2 de abril.

La Orden HAC/277/2019, de 4 de marzo , por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2018, determina el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos. Modifica, además, la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria.

Para este ejercicio y como novedades, estas son algunas de las contempladas en la norma:

Se modifica la obligación de declarar

Para el ejercicio 2018, la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, ha modificado la obligación de declarar, estableciendo, por una parte, un límite cuantitativo que exime de la obligación de presentar declaración cuando se han obtenido ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas de reducida cuantía, y, por otra, elevando el umbral inferior de la obligación de declarar que se fija para los perceptores de rendimientos del trabajo cuando éstos procedan de más de un pagador.  No obstante, para contribuyentes no obligados a declarar, aunque no les resulte exigible la presentación de una declaración con resultado a ingresar, sí están obligados a la presentación de la correspondiente declaración, cuando soliciten la devolución derivada de la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Deducciones por maternidad y discapacidad

Se incrementa este incentivo fiscal incorporando los gastos por la custodia del hijo menor de tres años en guarderías o centros educativos autorizados, si bien la Ley reguladora del impuesto no contempla el abono anticipado.

En cuanto a las deducciones por personas con discapacidad a cargo, se extienden a un nuevo supuesto, el del cónyuge no separado legalmente cuando este sea una persona con discapacidad que dependa económicamente del contribuyente.

También se aumenta la cuantía de la deducción por familia numerosa hasta en 600 euros anuales por cada uno de los hijos que formen parte de la familia numerosa que excedan del número mínimo de hijos exigido para que dicha familia haya adquirido la condición de familia numerosa de categoría ordinaria general o especial, según corresponda.

En el período impositivo 2018, la deducción por cónyuge no separado legalmente con discapacidad y el incremento de la deducción previsto por cada uno de los hijos que exceda del número mínimo de hijos exigido para la adquisición de la condición de familia numerosa de categoría general o especial, será de aplicación a los meses de agosto a diciembre de este ejercicio.

Presentación de la declaración del IRPF

Al igual que en años anteriores, los contribuyentes podrán obtener el borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a través del Servicio de tramitación del borrador/declaración (RentaWEB), tras aportar, en su caso, determinada información que les será solicitada al efecto, u otra información que el contribuyente pudiera incorporar.

Los contribuyentes podrán acceder a su borrador y a sus datos fiscales, desde el primer día de la campaña de renta, a través del Servicio de tramitación del borrador/declaración, utilizando alguno de los sistemas de identificación: certificado electrónico reconocido, «Cl@ve PIN» o con el número de referencia, desde dónde podrán confirmarlo y presentarlo o, en su caso, modificarlo, confirmarlo y presentarlo.

En el caso de contribuyentes con número de identidad de extranjero (NIE) deberán aportar el número de soporte de este documento; en el caso de que el número de identificación fiscal (NIF) que comience con las letras K, L, M deberá comunicarse la fecha de nacimiento.

Respecto a la presentación de la declaración este año desaparece la posibilidad de obtener la declaración y sus correspondientes documentos de ingreso o devolución en papel impreso. La declaración deberá presentarse por medios electrónicos o a través de internet. Podrá realizarse igualmente pidiendo cita para su elaboración como hasta ahora. Si la declaración fuera a ingresar el contribuyente podrá domiciliar el ingreso, ingresar obteniendo un número de referencia completo (NRC) de su entidad bancaria o bien podrá efectuar el pago a través de un documento para el ingreso en una entidad colaboradora que deberá imprimir y proceder a efectuar dicho ingreso.

El plazo de presentación del borrador de declaración y de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cualquiera que sea su resultado, será el comprendido entre los días 2 de abril y 1 de julio de 2019, ambos inclusive.

 

El TC ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad contra la reforma en la ley que permite agilizar los desahucios de viviendas ocupadas

La Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), fue modificada a través de una Ley aprobada el pasado mes de abril en el Congreso de los Diputados para facilitar que los propietarios de viviendas ocupadas de manera ilegal puedan recuperar el inmueble en un breve plazo de tiempo, en concreto, en un máximo de 20 días.

Esta modificación  ley contó con el respaldo del PP, Ciudadanos y el PNV, mientras que el PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ERC y Compromís votaron en contra en la Cámara Baja, y tras completar su tramitación en el Senado fue publicada finalmente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado mes de junio.

Esta Ley contempla que, en aquellos casos en los que se ha producido la okupación ilegal de una vivienda, el propietario pueda recuperarla lo antes posible mediante un procedimiento mucho más ágil que el que existe actualmente y que consiste básicamente en:

Cuando se detecta la okupación ilegal de una vivienda, deberá realizarse una notificación a los okupas, notificación que también será extensible a aquellos que en ese momento no se encuentren en la vivienda.

Desde entonces, se exigirá a estos que justifiquen la situación de posesión. Ante esto, «exclusivamente» podrán fundamentar su oposición a la demanda en «la existencia de título suficiente para poseer la vivienda o en la falta de título» por parte del demandante.

En caso de no aportarse «justificación suficiente, el tribunal ordenará mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la vivienda al demandante, siempre que el título que se hubiere acompañado a la demanda fuere bastante para la acreditación de su derecho a poseer. Contra el auto que decida sobre el incidente no cabrá recurso alguno y se llevará a efecto contra cualquiera de los ocupantes que se encontraren en ese momento en la vivienda».

Asimismo, también se dictará sentencia «de inmediato» en caso de que el demandado no contestara al requerimiento en el plazo previsto de cinco días. La ley, además, posibilita la ejecución, si así lo solicitara el demandante, sin la necesidad de que transcurra el plazo de 20 días previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados, contra la reforma en la ley que permite agilizar los desahucios de viviendas ocupadas, que se aprobó en las Cortes antes del verano.

Los recurrentes consideraban que la ley impugnada vulneraba, entre otros, el derecho a la inviolabilidad del domicilio y a disfrutar de una vivienda digna y adecuada porque hacían posible ejecutar un desalojo forzoso de la vivienda sin alternativa habitacional y sin permitir a los órganos judiciales valorar las concretas circunstancias concurrentes en cada caso.

Este argumento no es compartido por los magistrados del Constitucional al aseverar que “El juez es la autoridad competente para ordenar y reconducir situaciones contrarias a la norma sustantiva y su adecuación a ella, sin que puedan oponérsele circunstancias de hecho encaminadas a hacer posible la permanencia y consolidación de una situación ilícita, como es la ocupación ilegal de una vivienda”, señala el TC en un comunicado.

El Tribunal explica que el derecho a la elección de residencia no es un derecho absoluto que habilite a ocupar cualquier vivienda o espacio sino que tiene límites y debe ejercerse dentro del respeto a la ley, ya que “para habitar lícitamente en una vivienda es necesario disfrutar de algún derecho que habilite al sujeto para la realización de tal uso del bien en el que pretende establecerse”.

La sentencia añade que, “la resolución judicial que ordene el desalojo de los ocupantes ilegales de la vivienda se ha de comunicar por el órgano judicial a los servicios públicos competentes en materia de política social, para que en el plazo de siete días puedan adoptar las medidas de protección que fueren procedentes, en orden a la situación de vulnerabilidad en que pudieran quedar los afectados por el lanzamiento, siempre que estos hubieran manifestado su consentimiento”.

En su sentencia, el Constitucional también señala que la ley tampoco vulnera el derecho a una vivienda digna y adecuada al argumentar que dicho precepto “no garantiza un derecho fundamental sino que enuncia un principio rector de la política social y económica”.

La sentencia concluye afirmando que la Ley 5/2018, aun siendo una norma procesal, «no es ajena a la preocupación del legislador por hacer frente a las situaciones de especial vulnerabilidad social que puedan producirse como consecuencia del desalojo de viviendas judicialmente decretado». Y en este sentido señala, “el legislador dispone de un amplio margen de apreciación para adoptar disposiciones en materia social y económica”.

En definitiva, aunque la ley no prevea medidas concretas para aquellos casos en los que las personas desahuciadas se encuentren en una situación de vulnerabilidad, lo cual es absolutamente complicado, sí establece la obligación de las administraciones públicas de incorporar en sus protocolos de vivienda «medidas ágiles de coordinación y cooperación al objeto de prevenir situaciones de exclusión residencial», con el fin de «dar respuesta adecuada y lo más inmediata posible» a casos de vulnerabilidad.