Crítica al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana

Jueces para la Democracia critica el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana: el Gobierno ve al ciudadano que protesta como el enemigo

Jueces para la Democracia criticado que el Gobierno vea al «ciudadano que protesta» como «el enemigo» y ha considerado inadmisible que «un Gobierno pueda esconder las muestras de descontento hacia su gestión» prohibiendo las manifestaciones en el centro de las grandes ciudades con el único objeto de «invisibilizar» las protestas y «vaciarlas de contenido».

El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, ha advertido además que el crítico informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana confirma la «preocupación» de numerosos sectores jurídicos ante el «recorte de libertades». A su juicio, la propuesta legislativa representa un «serio retroceso que nos lleva a concepciones propias de un Estado autoritario».

«Para el Gobierno, el ciudadano que protesta es el enemigo», ha sentenciado Bosch, para alertar de que el Ejecutivo está llevando a una regulación «manifiestamente inconstitucional» que supone un «inquietante ataque» a nuestro sistema de derechos fundamentales.

Por ejemplo, ha advertido de que resulta «abiertamente contrario» a la Carta Magna la posibilidad de practicar detenciones por faltas administrativas y que la Policía pueda arrestar «sin causa tasada ni justificada».

«La prohibición de difusión de imágenes de los agentes en el ejercicio de sus funciones vulneraría el derecho fundamental de información e imposibilitaría que se puedan conocer excesos en el uso de la fuerza», ha añadido.

Sanciones desorbitadas

En su opinión, la propuesta de Ley de Seguridad Ciudadana convierte en un conflicto de orden público lo que son «desavenencias sociales» inherentes a un sistema democrático. «En lugar de respetar las distintas formas de expresión de la disconformidad, el Gobierno ha optado por la represión de las críticas y por buscar fórmulas para que estas no sean visibles», ha agregado.

La asociación judicial también ha calificado de «desorbitadas» las sanciones económicas impuestas a «determinadas formas pacíficas» del derecho de manifestación. En suma, ha concluido que el Gobierno pretende disponer de un instrumento para «acallar» las críticas sociales y reservarse la potestad de castigar directamente esas conductas.

«Se pretende huir del control judicial, ya que nuestros tribunales han considerado que no constituyen infracción penal las manifestaciones ante edificios oficiales, los escraches pacíficos o determinadas acciones contra los desahucios», ha finalizado. (EUROPA PRESS)

Fuente: noticias.juridicas.com