La Audiencia Provincial de Valencia dictamina que el progenitor no está en la obligación de “soportar forzosamente” esos gastos

La Audiencia Provincial de Valencia ha extinguido la obligación de un padre a sufragar los gastos de su hija mayor de edad, quien decidió no trabajar y prolongar su formación académica realizando un segundo máster, motivo por el cual la joven recibe una beca de 800 euros mensuales.

La sentencia (disponible en el botón ‘descargar resolución’) dictamina que la decisión de la joven de prolongar sus estudios responde a una elección personal y que no puede imponer al progenitor “soportar forzosamente” esos gastos. Por tanto, el padre no está obligado a asumir los gastos derivados de dicha decisión de la hija, quien “ha culminado una formación superior reglada y reúne capacidad suficiente para su inserción laboral plena”.

La AP valenciana ha recordado que la obligación de la pensión alimenticia de los padres hacia los hijos mayores de edad no es indefinida en el tiempo; y que la expectativa de un desarrollo académico continuo no debe obstaculizar la búsqueda de la inserción en el mercado laboral. Por todo ello, ha extinguido la pensión alimenticia que el progenitor debía proporcionar a la joven.

La hija exigía que el padre sufragara los gastos de su segundo máster

La sentencia llega a raíz de que un padre presentara demanda de modificación de medidas, solicitando que se extinguiera la pensión alimenticia que se dictaminó años atrás, cuando la hija era dependiente económicamente al tener 21 años y estaba cursando estudios de grado en veterinaria en una universidad privada.

En dicha sentencia se estableció la obligación del padre de abonar a la joven una pensión alimenticia de 370 euros mensuales, entre los cuales se incluían los gastos de seguro médico y hockey, así como la obligación adicional de éste de abonar la mitad de los gastos universitarios.

Tras finalizar sus estudios universitarios la joven realizó un máster e incluso trabajó como veterinaria durante más de dos años y medio; no obstante, en la actualidad no está trabajando porque, a su juicio, le es incompatible con el estudio de un segundo máster que está cursando y el cual el padre está obligado a sufragar los gastos por motivo de la sentencia que se dictó cuando la joven era dependiente económicamente.

El Juzgado obligaba al padre a asumir los gastos hasta el año 2025

El Juzgado de Primera Instancia número 24 de Valencia estimó parcialmente la demanda de modificación de medidas formulada por el padre. El Juzgado dictaminó que el padre ya no tendría que abonar la cuota de hockey (43 euros) porque la joven ya no desarrollaba dicha actividad; no obstante, se mantendría la pensión alimenticia establecida a favor de la hija mayor de edad hasta que esta finalizara su máster universitario en veterinaria en marzo de 2025.

Disconforme con dicha sentencia, el padre recurrió la misma. En el recurso de apelación el progenitor defendía que la valoración de la resolución del Juzgado era errónea por cuanto la hija, de 25 años de edad, ya había alcanzado la independencia económica al haber figurado como trabajadora en situación de alta en el sistema de Seguridad Social durante, aproximadamente, dos años y siete meses, tras haber concluido su formación en veterinaria, disfrutar de prestación por desempleo y de una beca posgrado. Por lo que estos estudios adicionales —un segundo máster— no justificarían su situación de dependencia del padre.

La joven reúne “capacidad suficiente para su inserción laboral plena”

La Audiencia Provincial de Valencia, por su parte, ha estimado el recurso del progenitor y, en consecuencia, ha extinguido la pensión alimenticia establecida a favor de la hija común.

Pues en el año 2019, cuando la hija tenía 21 años y se encontraba cursando estudios de grado en veterinaria en una universidad privada, se reconoció por sentencia que ésta se encontraba en situación de dependencia económica, motivo por el cual se estableció una pensión alimenticia a su favor a satisfacer por parte del padre por importe de 370 euros mensuales —incluidos los gastos de seguro médico y hockey—, con la obligación adicional de abonar el padre la mitad de los gastos universitarios.

Sin embargo, desde que se dictó dicha sentencia hasta la actualidad ha habido una modificación de las medidas que se establecieron en dicha resolución, como la progresión académica y laboral de la chica.

Concretamente, el tribunal provincial señala que desde el año 2019 hasta la actualidad la joven terminó sus estudios de grado, así como un máster internacional y presencial en Madrid; y que ha acumulado una experiencia laboral de aproximadamente dos años y medio en el desempeño de servicios relacionados con su campo profesional; habiendo trabajado durante este lapso de tiempo hasta en cinco empresas distintas.

Por tanto, a juicio de la Audiencia Provincial de Valencia, todos estos hechos denotan que la joven “ha culminado una formación superior reglada y reúne capacidad suficiente para su inserción laboral plena”.

Y, aunque actualmente se encuentra realizando estudios posgrado, lo cierto es que la joven es perceptora de una beca de 800 euros netos por ello.

El progenitor no está obligado a “soportar forzosamente” la decisión personal del hijo mayor de edad

Asimismo, el tribunal provincial ha razonado que si la joven ha decidió continuar su formación mediante el desarrollo de un segundo máster y que, según dice ésta, es incompatible con otra actividad laboral, “es por una sola decisión personal”.

Por ello, el padre no está en la obligación de “soportar forzosamente” esos gastos.  Además, que por dicho motivo la hija percibe una beca de extensión económica relevante, como son 800 euros netos.

En este sentido la AP de Valencia ha recordado que la obligación del progenitor de prestar alimentos a favor del hijo mayor de edad no persiste indefinidamente en el tiempo; “al menos no por el extremo de que este resuelva desarrollar una carrera académica amplísima, cursando estudios de grado y sucesivos estudios de posgrado, en lugar de procurar su inserción en el mercado laboral de manera inmediata y óptima, tratando de compatibilizar su progresión profesional con el seguimiento de programas de formación continua adicionales”.

En consecuencia, se extingue la pensión alimenticia a satisfacer por el padre a favor de la hija.

Fuente: https://www.economistjurist.es/

Las direcciones de los destinatarios, muchas de ellas con nombre y apellidos, eran visibles para las casi 350 personas que recibieron el ‘email’

Una empresa ha sido sancionada con una multa de 3.000 euros por relevar datos personales al haber enviado un correo electrónico a una pluralidad de destinatarios sin utilizar la funcionalidad de copia oculta. La falta de la copia oculta supuso que las personas que recibieron dicha comunicación, casi 350, tuvieran acceso a todas la direcciones de email, muchas de ellas compuestas por el nombre y apellidos.

La sanción ha sido impuesta por la Agencia Española de Protección de Datos, que recibió una reclamación avisando de tal hecho, el cual, es constitutivo de una infracción del Reglamento General de Protección de Datos.

Pues, según consta en la resolución dictada (disponible en el botón ‘descargar resolución’), la empresa no dispuso de las medidas adecuadas para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas y servicios de tratamiento de los datos.

Los hechos

La multa administrativa llega a raíz de una reclamación interpuesta ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) contra la citada mercantil.

En dicha reclamación se informaba que en mayo de 2023 la Clidea Desarrollo había enviado un mensaje de correo electrónico remitido a una pluralidad de destinatarios sin utilizar la funcionalidad de copia oculta —en total, según el afectado, 349 personas, toda ellas en principio, personas que trabajan como «freelance» para la reclamada—.

Como consecuencia no de haber puesto la copia oculta en el email, las direcciones de los destinatarios resultan visibles para todos ellos. El dato personal revelado es la dirección de email, muchas de ellas compuestas por el nombre y apellido del interesado.

Junto a la notificación la parte reclamante aportó captura de pantalla del email con la pluralidad de destinatarios sin función de copia oculta y captura de pantalla de email de la parte reclamada pidiendo disculpas por el error cometido en el anterior correo.

La AEPD dio traslado de dicha reclamación a la empresa reclamada, para que procediese a su análisis e informase a esta Agencia en el plazo de un mes, de las acciones llevadas a cabo para adecuarse a los requisitos previstos en la normativa de protección de datos. No obstante, la AEPD no recibió respuesta a dicho escrito de traslado.

En consecuencia, se admitió a trámite la reclamación y la directora de la AEPD, Mar España, acordó iniciar procedimiento sancionar contra la empresa por un tratamiento de datos personales por parte de la empresa en su actividad de negocio.

3.000 euros de multa

La Agencia Española de Protección de Datos finalizó dicho procedimiento con una resolución en la que se acordaba que los hechos conocidos eran constitutivos de una infracción por el incumplimiento de los establecido en los artículos 5.1. f) y 32 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Respecto al artículo 5.1. f) del citado Reglamento, el mismo atribuye a la Clinea Desarrollo, como responsable del tratamiento de datos personales, la obligación de impedir tratamientos no autorizados o ilícitos de estos datos, su pérdida o destrucción. Y, por ende, el responsable de tratamiento está obligado a tratar los datos personales de tal modo que garantice su confidencialidad mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas.

En el presente caso, la empresa vulneró el citado precepto legal al haberse producido una falta de confidencialidad en el tratamiento de los datos de carácter personal, consecuencia de remitir un correo electrónico con las direcciones de los destinatarios visibles para todos ellos. El principio de confidencialidad tiene como finalidad evitar que se realicen filtraciones de los datos personales no consentidas por los titulares de estos.

En cuanto al artículo 32 del RGPD, que regula la seguridad del tratamiento de los datos, dicho precepto establece que el responsable y el encargado del tratamiento aplicarán medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar la seguridad de los datos que sean adecuadas al riesgo que conlleve el tratamiento. Asimismo, las medidas de seguridad deben resultar adecuadas y proporcionadas al riesgo detectado.

En el presente caso, la AEPD ha concluido que “Clinea Desarrollo no utilizó el procedimiento de envío de los correos electrónicos cuando van dirigidos a múltiples destinatarios, consistente en utilizar la opción que ofrece la aplicación de correo electrónico a través del campo conocido como «copia oculta» (CCO), permitiendo que cada uno de los receptores tenga a la vista el resto de las direcciones de envío; y, por tanto, vulnerando la normativa vigente en materia de protección de datos”.

En consecuencia, dado que la empresa no dispuso de las medidas adecuadas para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas y servicios de tratamiento, la AEPD ha impuesto una multa 2.000 euros por infringir el artículo 5.1.f) del citado Reglamento y otra multa de 1.000 euros por infracción del artículo 32 del mismo texto legal.

Fuente: https://www.economistjurist.es/

La empresa no puedo obligar estas justificaciones al trabajador cuando existe vínculo familiar

Los trabajadores tienen derecho a los cinco días permiso retribuido por hospitalización o enfermedad sin que sea necesario justificar ante la empresa la convivencia en el mismo domicilio ni la necesidad de cuidado efectivo cuando ya existe el vínculo familiar requerido; es decir, cuando el familiar enfermo es el cónyuge, la pareja de hecho, o un pariente hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad, incluido el familiar consanguíneo de la pareja de hecho.

Así lo ha dictamina el Tribunal Superior de justicia de Galicia en una sentencia (disponible en el botón ‘descargar resolución’), tras estimar la demanda interpuesta por la Confederación Intersindical Gallega (CIG) en un procedimiento de conflicto colectivo.

El presente conflicto colectivo, ya resuelto por la Sala de lo Social, afectaba a todos las personas trabajadoras que prestan servicios en los centros de la organización Confederación Gallega de Personas con Discapacidades (COGAMI) a raíz de que la dirección de la empresa exigiera a los empleados que, para acceder a los cinco días de permiso retribuido por hospitalización o cuidado de un familiar era obligatoriamente necesario que se justificase la convivencia de éste en el mismo domicilio que el trabajador y que se requiriera el cuidado efectivo de la persona que solicita el permiso.

Los hechos

Los hechos enjuiciados se remontan al mes de octubre de 2023, cuando la dirección de la empresa COGAMI comunicó a los trabajadores, mediante circular informativa, los criterios de aplicación a todo el personal relativos a los permisos establecidos en el artículo 37.3. b) del Estatuto de los Trabajadores (ET).

En dicha circular se establecía que, para los permisos de cinco días, debería justificarse obligatoriamente la convivencia en el mismo domicilio con la persona trabajadora; y que se requiera el cuidado efectivo de la persona que solicita el permiso.

Esta cuestión fue tratada con posterioridad, en marzo de 2024, en una reunión celebrada entre la dirección empresarial y la representación de los trabajadores. La empresa reiteró su postura en esos criterios, mientras que los representantes sindicales manifestaron su desacuerdo. Por lo que la reunión finalizó sin lograr un acuerdo o postura común.

Asimismo, se intentó sin avenencia la conciliación obligatoria ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC). En consecuencia, la Confederación Intersindical Gallega demandó a COGAMI, a Comisiones Obreras (CCOO) y a la Unión General de Trabajadores (UGT).

No es necesario justificar la convivencia en el mismo domicilio ni el cuidado efectivo

En la demanda, CIG —con la adhesión a su postura de los otros sindicatos demandados, CCOO y UGT— sostenía que en el artículo 37.3 b) del ET se reconoce, por un lado, el permiso de cinco días por causas sanitarias de familiares, sin que para ello sea preciso más requisito que la concurrencia de las citadas causas y el vínculo de parentesco; y, por el otro, también se reconoce dicho permiso de cinco días para la atención de causas sanitarias que no tengan ese vínculo familiar ya contemplado en la parte anterior, siempre que se acredite la necesidad de este cuidado y la convivencia con dichas personas.

Mientras que la entidad demandada, por su parte, sostenía que era necesario que siempre quedase acreditada la necesidad del cuidado y la convivencia, aunque se refiera a personas unidas por el vínculo familiar que contempla la primera parte del precepto legal.

“Ello se traduce, en el presente caso, en una práctica de la empresa consistente en no reconocer a los trabajadores dichos permisos siempre que no se acrediten tales elementos, incluso aunque las circunstancias de enfermedad o atención hospitalaria concurran en familiares de los incluidos en el precepto”, recoge la sentencia.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha dictaminado que la interpretación correcta del artículo 37.3 b) del ET es la que sostiene la Confederación Intersindical Gallega (CIG). En consecuencia, la Sala de lo Social ha estimado la demanda y declarado que los trabajadores tienen derecho a los cinco días de permiso retribuido sin necesidad de justificar la convivencia en el mismo domicilio ni la necesidad de cuidado efectivo cuando existe vínculo familiar con la persona para cuya atención se solicita el permiso.

La mera existencia del vínculo familiar confiere el derecho al disfrute del permiso retribuido

El TSJ de Galicia ha razonado que, en los casos en los que exista el vínculo familiar (conyugal o more uxorio, consanguíneo o por afinidad) la mera existencia de ese vínculo confiere el derecho al disfrute de cinco días por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario.

Por tanto, en tales supuestos, no es preciso ni que se acredite la convivencia de la persona trabajadora con el enfermo, accidentado o paciente, ni que éste requiera el cuidado efectivo de aquélla. Pues, tales circunstancias solo resultan exigibles y han de acreditarse en los supuestos en que la persona conviviente con el trabajador en el mismo domicilio y necesitada de sus cuidados no se encuentre unida a éste por ninguno de los vínculos antes señalados.

La Sala de lo Social señala que “la distinción entre ambos supuestos es clara”, y por ende, les lleva a alcanzar la conclusión de que “solo para los supuestos en los que se trate de cuidado de personas sin vínculo familiar de los señalados en la primera parte del precepto será exigible, para el disfrute del permiso, que se acredite la convivencia y la necesidad de cuidado por parte de quien solicita el permiso”.

Fuente: https://www.economistjurist.es/

El arrendatario tiene legitimidad de la posesión de la finca porque el contrato fue firmado antes de que la adjudicación del inmueble fuera inscrita en el Registro

El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de un inquilino a permanecer en la vivienda en la que habita a pesar de que ésta haya sido adjudicada mediante proceso de ejecución hipotecaria a una nueva empresa propietaria del inmueble.

La Sala de lo Civil ha señalado que el contrato de arrendamiento entre el inquilino y la antigua propietaria registral del inmueble es válido y está vigente, ya que fue suscrito antes de que la adjudicación fuera registrada.

La sentencia, disponible en el botón ‘descargar resolución’ y que ha sido dada a conocer en LinkedIn por Javier Escribano, fundador y abogado en COLEET, ha declarado el proceso registral no puede vulnerar los derechos de los arrendatarios, quienes son poseedores con título legítimo de la ocupación del inmueble.

El procedimiento de ejecución hipotecaria fue declarado nulo

Los hechos enjuiciados se remontan a raíz de que el BBVA concediese un préstamo con garantía hipotecaria a Mediterráneo Investment Properties, S.L., una mercantil de inversiones inmobiliarias. El referido préstamo fue novado en 2010 y la garantía hipotecaria recayó sobre determinadas fincas registrales titularidad de la entidad prestataria.

Ante la falta de pago del préstamo, el banco demandó ejecución hipotecaria sobre las 31 fincas registrales dadas en garantía contra la mercantil Mediterráneo Investment Properties. En dicho procedimiento se dictó auto despachando ejecución.

Posteriormente, por diligencia de ordenación en 2014 se acordó la subasta de los bienes hipotecados. La subasta se cerró sin que se hubieran presentado pujas, por lo que la entidad bancaria ejecutante se adjudicó los bienes dados en garantía hipotecaria y cedió el remate a favor de la mercantil a una sociedad anónima del propio banco dedicada a la adquisición y explotación de bienes inmuebles.

Así las cosas, en 2017 se decretó adjudicación de los bienes hipotecados a nombre de la sociedad cesionaria con cancelación de las correspondientes anotaciones registrales. A su vez, la sociedad cesionaria transmitió en 2018 los bienes adjudicados en el procedimiento de ejecución hipotecaria a Divarian Propiedad, S.A.U., por título de aportación social por aumento de capital. A consecuencia de dicho acto jurídico, los bienes dados en garantía hipotecaria figuran a día de hoy inscritos a nombre de Divarian.

En 2019 Mediterráneo Investment Properties, S.L., formuló incidente de nulidad de actuaciones en el procedimiento de ejecución hipotecaria por defectos de notificación y, aunque en un primer momento la alegación de la mercantil fue desestimada, finalmente el Tribunal Constitucional (TC) acogió su petición y declaró que se había vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión. En consecuencia, el TC restableció el derecho de dicha mercantil y, a tal fin, declaró la nulidad del auto dictado en procedimiento de ejecución hipotecaria.

La Letrada de la Administración libró mandamiento al Registro de Propiedad a los efectos de que se cancelaran las inscripciones registrales de las fincas posteriores al auto despachando ejecución. No obstante, la registradora denegó la ejecución del mandamiento “por constar inscrito el dominio de las fincas a favor de un tercero —Divarian Propiedad S.A.— de la que no resulta haya sido parte en el procedimiento judicial del que derivaría la anulación del derecho”.

El inquilino tiene derecho a permanecer en la vivienda

Con antelación, en 2020, Divarian había promovido demanda de protección de derechos reales inscritos en el registro de la propiedad contra los ignorados ocupantes de la finca hipotecada de Agridulce (Almería). La mercantil alegó que el inquilino no tenía título legal para habitar la vivienda.

El inquilino, por su parte, se opuso a la acción registral ejercitada alegando ser poseedor legítimo porque tenía un contrato de arrendamiento de la vivienda firmado en 2017, concertado con la entidad Mediterráneo Investment Properties, S.L. Asimismo, el demandado aportó certificado de hallarse al corriente del pago de todos los gastos y mensualidades de alquiler, al tiempo que sostenía que la actora no era titular de un asiento sin contradicción alguna.

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Roquetas de Mar falló a favor del inquilino y desestimó la demanda, al reconocer la legitimación activa de la actora en su condición de titular registral del 100% en pleno derecho de la finca litigiosa. El Juzgado admitió que la arrendadora Mediterráneo Investment Properties, S.L., no es titular registral actual; sin embargo, tras la sentencia dictada por parte del Tribunal Constitucional, es posible que lo volviera a ser, por lo que, en cualquier caso, el título esgrimido por la demandante es contradictorio.

La sentencia del Juzgado fue recurrida por la mercantil y la Audiencia Provincial de Almería estimó el recurso, revocando el pronunciamiento de primera instancia y, en consecuencia, estimando la demanda. El tribunal provincial razonó que no se había anulado la inscripción de Divarian en el registro y, mientras no se cancelase aquella, el tribunal debía amparar la inscripción registral vigente.

No obstante, finalmente la Justicia ha fallado a favor del inquilino, después de que el Tribunal Supremo haya estimado los recursos interpuestos por este contra la resolución dictada por la Audiencia Provincial (la cual ha sido anulada), y en consecuencia, se reconoce el derecho del arrendatario a permanecer y ocupar la vivienda.

El contrato de arrendamiento es válido y vigente

La Sala de lo Civil del Alto Tribunal ha razonado que aunque la propiedad esté inscrita a nombre de Divarian, el inquilino tiene un título válido y legitimación para oponerse a la demanda, basado en el contrato de arrendamiento suscrito con el titular registral anterior (Mediterráneo Investment Properties, S.L.).

En la sentencia, los magistrados rechazan que se puede llevar a cabo la acción de protección registral —recogida en el artículo 41 de la Ley Hipotecaria—, ya que la posesión del inmueble, en este caso, está avalada por un contrato de arrendamiento que es válido y vigente. Y, por ende, el proceso registral no puede vulnerar los derechos del inquilino, un poseedor con título legítimo.

El Tribunal Supremo afirma que el contrato de arrendamiento está vigente en el actualidad porque se firmó entre el inquilino y el anterior titular registral de la finca antes de que la adjudicación del inmueble fuera inscrita en el Registro de la Propiedad. Asimismo, el arrendamiento también estaba vigente cuando Divarian interpuso la demanda contra el inquilino.

Si bien es cierto que la Ley de Arrendamientos Urbanos otorga la posibilidad de que los contratos de arrendamiento se puedan extinguir tras una ejecución hipotecaria; sin embargo, en el presente caso, el fallo del Tribunal Constitucional declarando la nulidad del proceso de ejecución hipotecaria refuerza la validez del contrato de arrendamiento.

Fuente: https://www.economistjurist.es/

La demandante, cuya demanda ha sido parcialmente estimada, quería instalar un andamio en la finca colindante a su vivienda para llevar a cabo unas obras

La Audiencia Provincial de Barcelona ha ratificado parcialmente la demanda de una propietaria que, tras detectar humedades en su casa, solicitó a sus vecinos la instalación temporal de un andamio en su propiedad para poder llevar a cabo unas obras que pusieran punto y final al problema en su vivienda. Una petición que terminó en los tribunales dada la negativa de los otros inquilinos a prestar parte del espacio de su fachada para que la mujer pudiera realizar las pertinentes obras en su casa.

Este desenlace —que la Audiencia Provincial únicamente ha estimado en parte tras considerar que el proyecto de obras presentado por la demandante no se adecuaba a los requisitos de seguridad y salubridad, dada la presencia de amianto en la cubierta de su hogar— viene justificado por el artículo 569 del Código Civil. En concreto, este precepto establece que «si fuere indispensable para construir o reparar algún edificio pasar materiales por predio ajeno, o colocar en él andamios u otros objetos para la obra, el dueño de este predio está obligado a consentirlo, recibiendo la indemnización correspondiente al perjuicio que se le irrogue».

Relevante en este sentido es que el artículo 546-12 del Código Civil catalán señala también que «los propietarios de los bienes deben tolerar la interferencia de otras personas si es necesaria para evitar un peligro presente, inminente y grave y si el daño que racionalmente puede producirse es desproporcionadamente elevado con relación al perjuicio que la interferencia puede causar a los propietarios» y que «los propietarios a que se refiere el apartado 1 tienen derecho a ser indemnizados por los daños y perjuicios que se les ha causado».

Según consta en la sentencia (cuyo contenido puede consultarse pinchando en ‘descargar resolución’), el conflicto surgió cuando la mujer contactó con sus vecinos para solicitar permiso para instalar temporalmente un andamio en la finca colindante a su vivienda. Este andamio, necesario durante el tiempo estrictamente imprescindible, permitiría a los obreros contratados por ella transportar materiales y realizar las reparaciones en la pared lateral de su inmueble, con el objetivo de eliminar las humedades.

Sin embargo, a pesar de haber informado al Ayuntamiento de Rubí y a sus vecinos sobre las obras, comprometiéndose a asumir el coste total de las mismas y a reparar cualquier desperfecto que pudiera surgir, la respuesta fue negativa: estos últimos no estaban dispuestos a ceder parte de su propiedad para que se colocara un andamio por donde los obreros pudieran pasar. Como consecuencia, la mujer presentó una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Rubí.

La falta de adecuación del proyecto y el requisito de «indispensabilidad»

En contraposición, la vecina presentó un escrito de contestación en el que, aunque declara no oponerse como tal a la realización de las obras, sí lo hace a la demanda y a la forma, argumentando que el proyecto presentado por la interesada ante el Ayuntamiento es inadecuado e insuficiente debido a la presencia de amianto en la cubierta de fibrocemento de su propiedad, lo que implica un alto riesgo. También alega defectos formales en el documento, como la falta de firma y de visado colegial, así como en la comunicación de las obras. Por último, destaca la necesidad de acreditar de manera suficiente los requisitos de «indispensabilidad» de la obra prevista y de «indemnización» por los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse.

En este sentido, aunque el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción estimó íntegramente la demanda de la propietaria interesada en hacer obras, condenando a la parte demandada a permitir el acceso a su finca para el paso de personal y material necesario para ejecutar las obras imprescindibles en la pared lateral del edificio, la vecina interpuso un recurso de apelación ante la Justicia. En el mismo, entre otros motivos, denunciaba la falta de acreditación de los requisitos de «indispensabilidad» e «indemnización» de daños y perjuicios, así como falta de adecuación del proyecto por no incluir ninguna prevención sobre el amianto.

Para resolver el conflicto, la Audiencia Provincial de Barcelona ha considerado pertinente recurrir a la jurisprudencia previa. Así, haciendo mención a sendas sentencias publicadas por diferentes Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia, ha concluido que únicamente cabe estimar la parte del recurso referente a la adecuación del proyecto, instando a la interesada a presentar nuevamente un proyecto frente al Ayuntamiento dada la presencia de amianto en su parcela.

Por su parte en lo que respecta al requisito de «indispensabilidad», el magistrado encargado de resolver el caso ha sido tajante: mientras las partes demandadas no presenten una alternativa viable que permita llevar a cabo las obras sin necesidad de utilizar parte de su propiedad para la instalación de andamios, se cumple el requisito de «indispensabilidad». Aserción que respalda lo ya declarado por el juez de instancia, que entendió que «resulta inevitable la invasión temporal del espacio ajeno a fin de poder llevar a cabo unas obras que son completamente necesarias a fin de solucionar los problemas presentados en la finca de la actora».

Fuente: https://www.economistjurist.es/