Los autónomos con deudas a la Seguridad Social no pueden acceder a la prestación por incapacidad permanente
El Tribunal Supremo rechaza la posibilidad de que los afiliados al RETA cobren esa ayuda, aun cuando hayan solicitado un aplazamiento de la deuda
El Tribunal Supremo ha unificado doctrina sobre una importante cuestión que afecta a los autónomos: aquellos trabajadores inscritos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) que tengan deudas con la Seguridad Social no podrán acceder a la prestación por incapacidad permanente, aunque se les haya concedido un aplazamiento de dicha deuda.
La Sala de lo Social del Alto Tribunal razona que no es posible acceder a dicha prestación cuando la solicitud y concesión del aplazamiento de las cuotas de la deuda es posterior a la fecha del hecho causante, es decir, a la enfermedad que le impide continuar desarrollando su profesión habitual.
Asimismo, en la sentencia (disponible en el botón ‘descargar resolución’) se señala que la única manera de poder acceder a dicha prestación por incapacidad permanente (IP), por parte de un autónomo, es que éste pague el dinero adeudado a la Administración.
Rechazan reconocerle afecto de una incapacidad permanente
En el presente caso enjuiciado, el trabajador, autónomo, era pintor de edificios. Solicitó que se le reconociera la incapacidad permanente para su profesión habitual, sin embargo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) denegó dicha prestación al razonar que las lesiones que padecía el actor no alcanzaban un grado suficiente de disminución de su capacidad laboral para ser constitutivas de una incapacidad permanente.
Concretamente, y según el equipo de valoración de incapacidades, el trabajador padece como secuelas derivadas de enfermedad común lumbociatalgia derecha crónica, laminectomía derecha L5 y artrodesis L4-L5. Y, por dichas secuelas presenta las siguientes limitaciones orgánicas y funcionales: dolor crónico y limitación funcional de raquis lumbar que limita para actividades que conlleven esfuerzos de columna lumbar, marcha y bipedestación.
Pese a dichas limitaciones, en el informe del equipo de valoración de incapacidades se proponía la no calificación del trabajador como afecto de una incapacidad permanente, por no presentar reducciones anatómicas o funcionales que disminuyeran o anulasen su capacidad laboral; criterio compartido posteriormente con el INSS, que denegó reconocer al trabajador afecto de una incapacidad permanente (IP) para su profesión.
Agotada la vía extrajudicial para reclamar, el autónomo acudió a la vía judicial y demandó al INSS y a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). No obstante, la demanda fue desestimada por el Juzgado de lo Social número 2 de los de Elche, confirmando así la resolución administrativa que declaraba que el actor no estaba afecto de una IP, en grado alguno.
Tiene una deuda con la Seguridad Social
Disconforme con el fallo de primera instancia, el actor recurrió el mismo en suplicación. En esa ocasión, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana falló a favor del autónomo y, estimando el recurso, revocó la resolución recurrida y estimó parcialmente la demanda.
El Tribunal declaró que las secuelas que padecía el actor eran incompatibles con el desarrollo de su profesión habitual de pintor de edificios. No obstante, y dado que el hombre adeudaba determinadas cantidades a la Seguridad Social, teniendo concedido un aplazamiento de las deudas, condenó al INSS y a la TGSS a efectuar la invitación al pago con efectos del hecho causante o, en caso de considerarse que se encuentra al corriente de pago, proceder al pago de la prestación desde la fecha de efectos que corresponda.
Contra dicha sentencia dictada por Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el INSS interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina. La cuestión debatida en dicho recurso se basaba en determinar si la concesión de un aplazamiento en el pago de cuotas pendientes después de acontecido del hecho causante equivale a estar al corriente en el pago de las cotizaciones, a los efectos de poder lucrar una pensión por incapacidad permanente.
Como sentencia de contraste el INSS eligió la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 2014 (recurso 623/2013), que abordaba el supuesto de un trabajador encuadrado en el RETA al que se le denegó la pensión de IP por no encontrarse al corriente en el pago de cuotas, a pesar de que la TGSS le concedió un aplazamiento de pago.
La resolución de contraste razonó que “si la mera solicitud y, sobre todo, la concesión del aplazamiento de pago de cuotas es posterior a la fecha del hecho causante, entendiendo por tal la situación patológica del beneficiario que pudiera dar lugar al reconocimiento de una determinada prestación, incluso aunque la TGSS acceda a la petición de demora y los pagos aplazados o parte de ellos se produjeran conforme a esa concesión, cualquiera de las cuotas satisfechas a su amparo serían ineficaces a efectos prestacionales”.
La concesión del aplazamiento tuvo lugar después del hecho causante
El pasado 5 de febrero, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo resolvió esta cuestión, unificando doctrina al respecto en el sentido de fijar que, dado que el autónomo continua figurando como deudor, a pesar de que ha obtenido un aplazamiento de la deuda, no puede cobrar la prestación por IP hasta que no liquide completamente el dinero que debe a la Seguridad Social.
El Alto Tribunal recuerda que la solicitud y concesión de aplazamiento de pago no tiene una eficacia suspensiva del procedimiento recaudatorio de la Seguridad Social, y que “los aplazamientos de cuotas obtenidos con posterioridad al inicio de una incapacidad temporal son ineficaces y que la situación de impago de cotizaciones no quedaba subsanada por el simple hecho de haber conseguido y obtenido de la TGSS el pago fraccionado de los descubiertos debidos con posterioridad a haberse producido el hecho causante de la incapacidad”.
En consecuencia, el Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por el INSS y ha casado y anulado la sentencia recurrida (la del TSJ de la Comunidad Valenciana); confirmando íntegramente el fallo de instancia que desestimaba la demanda.
Fuente: https://www.economistjurist.es
