El juez imputa al Banco Santander en la investigación que se sigue en la Audiencia por la quiebra del Popular
La Audiencia investigará a Ángel Ron y Emilio Saracho por la quiebra de Banco Popular. El Banco Santander será investigado como persona jurídica en el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional por la quiebra del Banco Popular. Así lo ha dispuesto el recién llegado magistrado José Luis Calama, sustituto del juez Fernando Andreu en el Juzgado Central de Instrucción número 4.
En un auto dictado el pasado 15 de enero y difundido este miércoles, Calama considera la petición hecha por accionistas perjudicados del Popular y deja claro que el Santander debe ser imputado porque tiene responsabilidad penal en los hechos investigados, ya que absorbió al Popular tras adquirir en bloque a título universal su patrimonio.
«Procede acordar la sucesión procesal por fusión por absorción de sociedades y tener dirigido el presente procedimiento contra la entidad Banco Santander», advierte el magistrado, que está a expensas de recibir un primer dictamen pericial del caso para citar a declarar al representante legal del banco que preside Ana Patricia Botín.
El llamado caso Banco Popular se inició hace un año y tres meses, a iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción. El 3 de octubre de 2017, el juez Andreu aceptó investigar querellas interpuestas por accionistas de la entidad y asociaciones contra las antiguas cúpulas del banco, presididas por Ángel Ron y Emilio Saracho, respectivamente, por delitos de falsedades societarias y administración desleal, estafa de inversores y contra el mercado, falsedades documentales y apropiación indebida
La investigación está centrada en la operación de ampliación de capital realizada por el Popular en mayo de 2016, por un importe de 2.505 millones de euros, y en la presunta manipulación del mercado a través de noticias que contenían informaciones presuntamente falsas, además del uso de información privilegiada que pudo beneficia a los ex presidentes.
El Santander adquirió el Popular en junio de 2017 por un euro, convirtiéndose en propietario de esta segunda entidad que, por ende, dejó de ser persona jurídica. El juez argumenta su decisión en el artículo 130.2 del Código Penal, que establece que «la transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su responsabilidad penal, que se trasladará a la entidad o entidades en que se transforme, quede fusionada o absorbida y se extenderá a la entidad o entidades que resulten de la escisión».
Entre los investigados se encuentran también los que fueran consejeros delegados del Popular, Pedro Larena y Roberto Higuera, así como el socio auditor de la firma PriceWaterHouseCoopers, Pedro Barrio.
Los hechos investigados advierten de que los máximos responsables del Popular maquillaron las cuentas del banco para crear una situación financiara irreal, según consta en una de las querellas que investiga el juzgado. En concreto, la interpuesta por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que denuncia que los resultados del Popular pasaron de arrojar un beneficio de 93,4 millones de euros a perder cerca de 3.500 millones en 2016.
Fuente: https://www.elmundo.es
