La Sala de lo Penal ha confirmado que el acusado llevó a cabo una operación mercantil “viciada y engañosa” al ofrecer como vivienda-estudio un local que no era habitable, por el que la compradora, creyendo que la mención como trastero “era una cuestión menor, habitual y subsanable”, abonó un total de 57.250 euros y concertó un préstamo hipotecario que finalmente no pudo hacer frente.

La sentencia dictada por el Alto Tribunal (disponible en botón ‘descargar resolución’), además de condenar al vendedor como autor de un delito de estafa a la pena de cuatro años de prisión, también le obliga a devolver a la víctima las cantidades abonadas y a indemnizarla con 15.000 euros por los daños morales causados.

La compradora fue convencida de que adquiría una vivienda-estudio

En el presente caso enjuiciado, el acusado, representante legal de una mercantil dedicada a la construcción, promoción y rehabilitación de edificios, solicitó una licencia de obras al Ayuntamiento de Elda para una promoción de viviendas en dicha localidad.

La licencia concedida por dicho Ayuntamiento no contemplaba ninguno de los habitáculos como vivienda, sino como locales comerciales destinados a trasteros con terraza de uso exclusivo a cada uno de ellos.

A pesar de conocer que los trasteros carecían de licencia de habitabilidad, el acusado vendió a una mujer una vivienda estudio por un total de 57.520 euros. En la escritura pública firmada entre las partes, el hombre hacía constar que la venta era de un trastero independiente, en lugar de una vivienda, sabiendo éste que tal vivienda jamás podría obtener licencia de ocupación como tal y ocultado esta circunstancia a la compradora, quien estaba convencida de que había adquirido una vivienda-estudio donde se quería ir a vivir.

No fue hasta cuando la compradora intentó dar de alta el agua y la luz de su vivienda, cuando fue conocedora de que la “vivienda” que había adquirido no tenía licencia de ocupación. Tras varias reclamaciones por parte de la mujer, el Ayuntamiento de Elda ordenó destinar la vivienda a trastero, a fin de restaurar la legalidad con arreglo a la licencia de obras que concedió al vendedor en su día, y además, impuso a la compradora una sanción de 600 euros.

La víctima demandó al vendedor, ya que además de haber sido víctima de una estafa, la mujer concertó en su día un préstamo hipotecario con una entidad bancaria para la adquisición de la vivienda, préstamo al que finalmente no pudo hacer frente.

Condenado como autor de un delito de estafa

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Alicante condenó al acusado como autor penalmente responsable de un delito de estafa —artículos 248 y 250.1. 1º y 5º y 250.2 del Código Penal— a la pena de cuatro años de prisión y una multa de más de 2.000 euros.

Asimismo, el acusado fue condenado a indemnizar a la compradora con la cantidad que abonó en efectivo al vendedor (21.250 euros); por el importe de las cuotas abonadas por la actora a la entidad bancaria en el préstamo hipotecario suscrito; por los gastos de compraventa e hipoteca (3.171 euros), así como por los gastos derivados de la comisión de apertura del préstamos (360 euros); por la sanción por infracción urbanística que le fue impuesta a la actora por Ayuntamiento (600 euros); así como por cualquier otro perjuicio que la mujer acreditase y que estuviera derivada de la compra.

Por último, en concepto de responsabilidad civil, el acusado fue condenado a indemnizar a la víctima con 15.000 euros por los daños morales causados.

La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por el demandado, pero el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana desestimó el recurso y confirmó el fallo del Juzgado.

15.000 euros de indemnización a la víctima

El acusado, disconforme con la condena, interpuso recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia. El recurrente aseguraba que no hizo creer a la querellante que el bien inmueble que vendía fuera una vivienda con terraza y dotada de un trastero en al planta sótano, sino que lo que vendió fueron dos trasteros, como expresamente se hizo constar en la escritura pública de compraventa.

Asimismo, el acusado invocaba el principio de presunción de inocencia, negando haber cometido cualquier engaño a la víctima y asegurando que ella compró las dos fincas registrales a sabiendas de que se trataban de dos trasteros. El recurrente también afirmaba que fue la querellante quien trató de convertir el trastero en vivienda y que al no poder obtener el resultado pretendido, optó por utilizar la vía penal para revocar el contrato celebrado.

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha rechazado todas las alegaciones expuestas por el recurrente en el recurso de casación y, por ende, ha desestimado el recurso. En consecuencia, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal ha ratificado la condena impuesta al acusado, condenado al mismo como autor penalmente responsable de un delito de estafa.

Se llevó a cabo «una operación mercantil viciada y engañosa»

Los magistrados del Tribunal Supremo (TS) han señalado en la sentencia dictada que, aunque es cierto que el material probatorio ha aportado indicios de que la compradora pudiera ser conocedora en el momento que firmó la escritura de que el inmueble tenía la consideración administrativa de trastero, el recurrente en su recurso asegura haber vendido dos trasteros.

“Así pues, lo que se define por la acusación es la utilización de un engaño sostenido y complejo, que fue adaptándose a lo largo del proceso delictivo hasta conseguir el traspaso patrimonial de la denunciante. Esto es, que se le ofreció como vivienda un local que no era en realidad habitable y que, cuando la calificación administrativa fue evidente, se equivocó a la compradora y se le determinó a perfeccionar el contrato haciéndole creer que la mención como trastero era una cuestión menor, habitual y subsanable, lo que no era así”, afirma el TS.

Pues el acusado apalabró con la compradora la venta de una vivienda estudio del edificio que iba a construir, cobrándole un primer pago de 8.000 euros, y cuando obtuvo la licencia que no le autorizaba ninguna residencia familiar, sino trasteros, siguió recibiendo pagos sucesivos por parte de la compradora y llegó a otorgar escritura pública de venta por la que recibió otros 36.000 euros. Y por todo ello, hizo constar en las escrituras que se vendía un trastero en lugar de una vivienda, a sabiendas de que tal vivienda jamás podría obtener la licencia de ocupación que la compradora creía poder obtener, “ocultando esa circunstancia” a la mujer.

Por tanto, todas las cantidades desembolsadas por la compradora “son el resultado de una operación mercantil viciada y engañosa, por lo que la denunciante debe ser resarcida de cuantos pagos abordó en virtud de la ilícita actuación perpetrada”

Asimismo, la compradora también debe ser resarcida por los daños morales sufridos, “que se materializan en la situación de angustia, impotencia y desasosiego que sufrió con los esfuerzos por legalizar su compra; además de por la pérdida final de un capital que seguiría en su patrimonio de no haber sido víctima del delito, y por la posibilidad de haber adquirido entonces un inmueble que sí hubiera podido cumplir la finalidad habitacional que pretendía satisfacer y del que ahora carece”, sentencia el Supremo.

Fuente: https://www.economistjurist.es/

La Justicia ha aplicado el mecanismo de la Segunda Oportunidad a un empresario madrileño y le ha perdonado una deuda de 76.382 euros que tenía acumulada a raíz de que se endeudara durante la pandemia del coronavirus por la inversión realizada en un negocio del sector de la hostelería que no llegó a funcionar.

Ha sido la magistrada juez titular del Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid, Ana María Gallego, la que ha emitido esta sentencia a la que ha tenido acceso Economist & Jurist y la cual concede la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) al empresario, al considerar que el mismo es un deudor de buena fe.

La socia fundadora del despacho especializado en Derecho Concursal y que ha defendido al actor, Marta Bergadà, de Bergadà Abogados, señala que su cliente para poder hacer frente a los préstamos que había solicitado, contrató nuevos créditos con cláusulas abusivas, lo que provocó que se endeudara cada vez más hasta encontrarse en una situación insostenible. “Las entidades bancarias se lo pusieron en bandeja para que su endeudamiento fuera cada vez mayor, ya que, como a muchas personas, le dieron todas las facilidades para contratar préstamos nuevos sin asesorarle que esa no era la manera correcta de poner fin a los anteriores. Y todo ello con intereses elevadísimos”, afirma la abogada.

No obstante, Bergadà celebra que la justicia haya fallado a favor de su cliente, ya que tras demostrar que se trataba de un deudor de buena fe, se le ha concedido la exoneración del pasivo insatisfecho. En este sentido la abogada recuerda los beneficios de la Ley de Segunda Oportunidad en casos como el enjuiciado. “Nuevamente, nos encontramos ante un caso que demuestra que la pandemia del coronavirus fue realmente dura con los emprendedores, ya que fueron muchos los que con ilusión quisieron emprender sus negocios, pero estos no llegaron a abrir sus puertas, quedándose endeudados. Hay que insistir en que siendo deudores de buena fe la Ley de la Segunda Oportunidad está de su lado para que puedan olvidarse del pasado y afrontar el futuro con ilusión”.

Los hechos

En el presente caso, durante la pandemia de Covid-19 el actor tuvo que teletrabajar, lo que le supuso un desahogo enorme al tener que dejar de costear su vida en Madrid y poder vivir en casa de sus padres, en otra provincia. Sin embargo, al tener gastos en la capital, el hombre se replanteó su situación laboral e inició un proyecto hostelero que quedó frustrado por no ser el momento adecuado para iniciarlo.

Para dicho proyecto el actor solicitó créditos, pero se vio en la necesidad de volver a su situación anterior y puesto de trabajo, teniendo que destinar parte de ese dinero para su propio sustento en Madrid, donde tenía un alquiler de 800 euros sin incluir otros gastos, tales como suministros de la vivienda, gasolina, alimentación, etc.

A ello, hubo que sumarle que también tuvo que someterse en diversas ocasiones a importantes tratamientos de ortodoncia, por lo que tuvo que destinar también dinero a su salud bucal y dental. Incluso, para poder cubrir los créditos solicitados, no tuvo más remedio que pedir otros, cuyos intereses son eran muy elevados, habiendo demandado recientemente también a varias entidades bancarias por las cláusulas e intereses abusivos.

La deuda económica se fue haciendo cada vez más grande hasta el punto que casi todo lo que cobraba el actor en su nómina se iba en pagos. Por ese motivo, se vio en la necesidad de vender su coche y comprarse una moto vieja para desplazase y seguir haciendo frente a sus obligaciones.

Una segunda oportunidad

Pese a tener una buena nómina, el hombre se vio inmerso en un bucle de créditos con los que no pudo cumplir ni conciliar con su propio sustento. Hasta que en marzo de 2023 encontró un webinar que en su día organizó Bergadà Abogados sobre la Ley de la Segunda Oportunidad. En ese momento contactó con el despacho para exponerle su caso y ver si podía acogerse a dicha ley.

La abogada Marta Bergadà señala al respecto que tras estudiar el caso comprobaron que se trataba de un deudor de buena fe y, por lo tanto, se podía acoger a la Ley de la Segunda Oportunidad.

De este modo, se inició el procedimiento, el cual se alargó más de lo previsto por la huelga que convocaron en su momento los Letrados de la Administración de Justicia. Pero todo cambió cuando el titular del Juzgado Mercantil número 12 de Madrid emitió el correspondiente auto mediante el cual perdonaba al actor una deuda de 76.382 euros gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad.

Fuente: https://www.economistjurist.es