Nuevo Libro de estilo de la justicia

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y el director de la Real Academia Española, Darío Villanueva, han presentado hoy en el Salón de pasos perdidos del alto tribunal el Libro de estilo de la Justicia, que pretende ayudar al buen uso del español por parte de jueces, abogados y otros operadores jurídicos con el objetivo de que el lenguaje que emplean en sus escritos alcance la calidad, modernidad, rigor y comprensión que reclama la sociedad del siglo XXI.

La obra, al igual que el Diccionario del español jurídico presentado en abril del año pasado y cuya versión electrónica se ha dado a conocer también hoy, es fruto del convenio de colaboración suscrito por el CGPJ y la RAE el 26 de noviembre de 2014.

Editado por Espasa y dirigido por el académico de la RAE, secretario de esta institución y catedrático de Derecho Administrativo Santiago Muñoz Machado, el libro ofrece indicaciones sobre normas de escritura; formas de manejar los nombres, las abreviaciones y los signos; reglas gramaticales; errores frecuentes o utilización de términos de idiomas extranjeros, bajo la premisa de que “no puede cumplir su función ni gozar de prestigio una justicia que no se comprende”. La obra se pondrá a la venta el próximo 31 de enero.

Hacia un lenguaje jurídico claro

La obra se divide en tres bloques, el primero de los cuales reúne información lingüística orientada a la escritura de textos dentro del ámbito jurídico. Los géneros y tipos de discursos utilizados en los documentos jurídicos, la morfología y la sintaxis o los problemas que se plantean en la interpretación de los textos en lo referente a su significado y su sentido son algunas de las cuestiones que se tratan en este apartado, que tiene también un capítulo íntegramente dedicado a la ortografía.

Además, este bloque contiene una reflexión sobre la importancia de la claridad y de la precisión en la elaboración de los textos jurídicos, redactados con frecuencia en un estilo complejo, críptico y difícil de leer que los alejan del propósito de que no existan obstáculos lingüísticos para que el ciudadano comprenda los textos que le imponen obligaciones o le reconocen derechos, sean leyes, sentencias o resoluciones administrativas.

El segundo bloque del Libro de estilo de la Justicia tiene forma de vocabulario y ofrece el significado -y, en su caso, indicaciones gramaticales o semánticas sobre su uso con el fin de evitar incorrecciones y solucionar dudas- de una selección de palabras y expresiones propias del léxico jurídico o que, perteneciendo al léxico general, se emplean habitualmente en este ámbito. Entre esas entradas se encuentra un repertorio de expresiones y locuciones latinas.

Por último, el tercer bloque está constituido por ocho apéndices dedicados a las abreviaturas; las siglas; los símbolos alfabetizables (unidades de medida, elementos químicos, monedas oficiales, etcétera); los símbolos o signos no alfabetizables (los que no están formados por letras, como @ o %); los numerales; los cargos y tratamientos; las comunidades y ciudades autónomas, con sus provincias, capitales y gentilicios; y los países y capitales, con sus gentilicios.

En su mayor parte, los ejemplos empleados en la obra están inspirados en textos reales localizados tanto en los corpus de la Real Academia Española como en el corpus de sentencias al que permite acceder el buscador de jurisprudencia del Consejo General del Poder Judicial.

El Diccionario del español jurídico, en internet

El Libro de estilo de la Justicia viene a complementar el Diccionario del español jurídico, cuya edición impresa está disponible desde abril del año pasado y del que hoy se ha presentado su versión electrónica, accesible a partir de mañana.

De este modo, el Diccionario del español jurídico podrá ser consultado por cualquier ciudadano con acceso a internet en la página web de la Real Academia Española www.rae.es. También se podrá acceder a él desde la sección “Destacamos” de la portada de la web del Consejo General del Poder Judicial www.poderjudicial.es.

La obra, que cuenta con cerca de 30.000 entradas, es el primer diccionario jurídico en el que se han aplicado los criterios lexicográficos modernos: definiciones breves que ofrecen la mayor información posible con el menor número de palabras y fragmentos de textos históricos o actuales, referencias a la legislación y párrafos de sentencias y exposiciones doctrinales que orientan sobre el uso correcto de cada vocablo, siguiendo el método empleado por primera vez en el Diccionario de autoridades que vio la luz en el siglo XVIII.

El Diccionario del español jurídico, además, tendrá en el futuro una versión panhispánica, que incluirá los vocablos, locuciones y acepciones del léxico jurídico de los países iberoamericanos.

Un lenguaje accesible a la sociedad

Durante su intervención en el acto de presentación del Libro de estilo de la Justicia y de la versión electrónica del Diccionario del español jurídico, el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha señalado que “si la democracia garantiza la participación de los ciudadanos en la configuración y el ejercicio del poder, es evidente que ese poder público debe manifestar su voluntad en un lenguaje accesible a la sociedad, de modo que un lenguaje que no entienda la ciudadanía difícilmente podrá ser calificado como un lenguaje democrático”.

“En consecuencia, tecnicismo, rigor y seguridad jurídica necesariamente han de resultar compatibles con claridad, concisión y precisión”, ha añadido Lesmes, que en el prólogo al Libro de estilo de la Justicia destaca la importancia de disponer de unas pautas que faciliten al ciudadano la comprensión de las resoluciones judiciales “dado que, a diferencia de un escritor de ficción, el jurista no trabaja con personajes, sino que lo hace con personas”.

En el mismo sentido, el académico Muñoz Machado afirma en el texto de presentación del Libro de estilo de la Justicia que la obra “se ha propuesto ser útil a todos los operadores jurídicos, cualquier que sea el poder del Estado al que pertenezcan o con el que se relacionen. También, desde luego, a los ciudadanos, que son los destinatarios finales de la mayoría de las normas y decisiones, y quienes se benefician de ellas o soportan sus agravios”.

Autor: Comunicación Poder Judicial