Confusión tras dictarse el decreto ley sobre el impuesto de actos jurídicos documentados. Las Cajas Rurales, ¿deben o no pagar ese impuesto?
El decreto ley para que los bancos lo paguen se olvida de las Cajas. Si no se subsana, no está claro quién tendría que abonar el impuesto.
Las cooperativas no saben a qué atenerse. Piden al Gobierno que clarifique la situación y el Gobierno, de momento, calla ante la omisión del texto
Se suponía que el decreto ley dictado para la regulación del pago del impuesto de actos jurídicos documentados en la constitución de una hipoteca iba a traer seguridad jurídica al sector después del caos generado por el Supremo pero ha provocado lo contrario, sobre todo en Las cajas de ahorro y cooperativas de crédito. Un olvido en la norma no las incluye entre los sujetos pasivos del impuesto, esto es, entre los pagadores y, según publican los diarios hoy lunes, la actitud de las distintas entidades es dispar. Cajamar, la mayor de ellas, ha anunciado que de momento pagará el tributo pero que esperará a que el Gobierno clarifique la situación. Caja de Zamora dice que no lo pagará y otras reclaman a la AEAT que confirme su interpretación de que están exentas. “No queremos otro lío jurídico”, resumen fuentes del sector.
En definitiva, parece que el Gobierno tendrá que modificar su decreto ley en la tramitación parlamentaria. No ha durado ni 24 horas con su redacción actual. Se guarda silencio pero la oposición da por hecho que el Congreso lo cambiará. La explicación está en que la mayoría de Cajas rurales y cooperativas de crédito están exentas de pagar este impuesto desde 1990 y el texto aprobado de urgencia por el Gobierno no incluye ninguna mención que las obligue a pagarlo.
El decreto ley del Gobierno, publicado el viernes en el ‘Boletín Oficial del Estado’ no previó esa particularidad. Y si bien el texto se puede enmendar durante la tramitación parlamentaria si como se espera se tramita luego como ley, mientras no se corrija, la situación de indefinición es máxima pues seguramente no querrán pagarlo ni los clientes ni las entidades financieras afectadas.
Lo cierto es que Cajas rurales y cooperativas de crédito constituyen un 5% del mercado de las hipotecas y están exentas de ese impuesto desde 1990. Hasta ahora ese impuesto lo pagaba el cliente y no había diferencia.
“Se abre un bonito debate en nuestras cajas rurales. En la ley estamos exentos pero vamos a tener diversión”, pronosticaba un asesor jurídico de las cajas rurales.
