El incumplimiento de registro horario puede convertir un contrato a tiempo parcial en jornada completa

«Ciertamente, el derecho a la propiedad reconocido tras la CE y los derechos concedidos a los propietarios quedan aún más desprotegidos tras esta sentencia. »

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha sentenciado que, aunque una familia este ocupando ilegalmente una vivienda, tienen derecho a estar empadronados y registrados en ese domicilio.

El Ayuntamiento de Massanassa denegó a la actora y a sus seis hijos el alta en el Padrón por no poseer una propiedad o un contrato de arrendamiento, por lo que la mujer demandó al Ayuntamiento. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo desestimó la demanda, y contra dicha sentencia la actora apeló para anular el fallo, solicitando la inscripción en el Padrón del municipio lo antes posible, elevándose los autos a la Sala del TSJCV.

La representación de la mujer alegó en el recurso presentado que la actora vive con sus seis hijos en el domicilio, hecho que no fue discutido por el Ayuntamiento en ningún momento. Además, en el sentido jurídico, la sentencia debería ser considerada errónea puesto que, según la Ley 7/1985 encargada de regular el régimen local, se establece que el empadronamiento de los residentes se debe realizar sin ningún tipo de restricción o requisito discriminatorio. Asimismo, la actora puso de manifiesto el Real Decreto (RD) 1690/1986, el cual expone que, no existe una exigencia de poseer un título de propiedad o contrato arrendatario para darse de alta en el Padrón.

Impedimento a la libertad de residencia

Para resolver la disputa sobre el empadronamiento, la Sala del TSJCV ha tenido que acudir al Reglamento de Población y Demarcación de las Entidades locales que se aprobó por RD 169/1986 y que fue modificado por RD 2612/1996, el cual manifiesta en su artículo art. 57 que, para realizar el censo se deben ampliar las datos obligatorios a contener de cada individuo, esto hace referencia al DNI, el título académico que se tenga y los datos que se consideren necesarios para la elaboración del censo electoral. Asimismo, el art. 59.2 manifiesta que el Ayuntamiento puede comprobar los datos de los residentes de manera que se deba presentar la documentación exigida como, por ejemplo, el título que legitime la ocupación de la vivienda.

El art. 54.3 menciona que el empadronamiento en el municipio de las personas que carezcan de domicilio tan solo se podrá realizar tras trasladar la situación a los servicios sociales.

Así pues, el art. 139.2 de la Constitución Española instaura que ninguna clase de autoridad podrá obstaculizar la libertad de circulación y de establecimiento de los ciudadanos en el territorio nacional.

Por todo lo expuesto la Sala ha fallado que la negativa del Ayuntamiento de empadronar a la mujer con sus seis hijos en el domicilio que están ocupando supone un impedimento ilegítimo a la libertad de residencia ya que niega adquirir la condición de vecino.

De este modo, no se impone a modo de necesidad que para empadronarse se deba ser propietario del inmueble en el que se resida. A pesar de que los art. 59.1 y 59.2 permiten al Ayuntamiento comprobar datos de los ciudadanos como el título de propiedad de un domicilio, la Sala considera que no justifica la negativa de la solicitud en el Padrón. Además, el TSJCV ha condenado al Ayuntamiento a asumir las costas que han sido producidas durante la instancia en una suma máxima de 600 euros.

La Sala, por lo tanto, estima que las Administraciones Locales no tienen ninguna competencia para valorar las cuestiones relativas a la propiedad o de naturaleza jurídico-privada. Asimismo, no se pasa por alto la precaria situación de la unidad familiar que no está empadronada y el fenómeno de la “ocupación” que tanto afecta a España.

Fuente: https://www.economistjurist.es

«La manipulación de imágenes de personas mediante IA puede erosionar ese derecho fundamental»

Si el legislador que aprobó la LO 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del Honor, Intimidad y Propia Imagen, pensaba en supuestos televisivos o de revistas, la realidad virtual ha superado con creces al escenario anterior. Lo cierto es que los nuevos procesos de derecho al honor y a la propia imagen pueden aludir a escenarios tan recientes como los que conciernen a la inteligencia artificial, sirviendo el precitado cuerpo legal de cajón de sastre para dar protección a los derechos fundamentales de aquellos que se vean imbuidos en tal situación.

¿Sirve una ley de los años 80 para proteger tales supuestos? ¿realmente estos supuestos virtuales erosionan los derechos fundamentales en mayor medida de personajes públicos? Esta serie de interrogantes serán respondidos en el presente artículo que tiene por objeto analizar la nueva era virtual en conexión con los derechos fundamentales de personas públicas que se ven afectados ante la aparición de deepfakes.

1. El empleo de ‘deepfakes’ e imágenes creadas con Dall-E

En la actualidad, el uso de deepfakes ha llegado incluso hasta los telediarios de nuestro país, al objeto de informarse sobre la creación de una realidad virtual totalmente falseada y con la que se puede llegar a hacer creer a un tercero una situación inventada y totalmente irreal.

En concreto, OpenAI lanzó a principios de 2021 la primera versión de Dall-e, siendo definida como una interesante herramienta que tiene la capacidad de crear imágenes a partir de palabras recurriendo a una potente base de datos. A raíz de tal ingenio se ha masificado en la red la publicación de imágenes ficticias que sólo la inteligencia artificial puede crear.

El nombre de Dall-e es un acrónimo que fusiona Wall-e, en atención a la conocida película de Disney, y al pintor Salvador Dalí. Con este nombre sus creadores quieren hacer referencia a la esencia de la inteligencia artificial, pero sin perder de vista que los resultados tienen un claro enfoque artístico.

La herramienta Dall-e puede generar imágenes en una gran variedad de estilos, desde emoticonos hasta pinturas o fotos realistas teniendo una gran capacidad de reorganizar y manipular objetos en imágenes, e incluso puede mover elementos creando nuevas composiciones sin instrucciones explícitas.

Todo ello ha desembocado en que diversas personalidades públicas se hayan visto envueltas en imágenes recreadas a través de este tipo de herramientas que sin duda alguna pueden llegar a vulnerar diversos derechos fundamentales como el honor o la propia imagen; trasladando a través de las mismas situaciones totalmente denigrantes y peyorativas que, con independencia de que aludan a una celebridad, pueden resultar a todas luces conculcadoras de tales derechos.

A título de ejemplo, basta aludir a la situación que está atravesando la presentadora de televisión Susanna Griso, quien ha tenido que desmentir públicamente que hubiera sido detenida tras la difusión de diversos deepfakes que protagonizaba, habiendo expuesto incluso que amigos suyos habían dado credibilidad a las imágenes y le habían preguntado al respecto.

Pero, ¿cómo pueden vulnerar el honor o la propia imagen los deepfakes?

2. Intromisión ilegítima en el derecho al honor

En primer lugar, hemos de recordar que cuando hablamos de derecho al honor nos referimos a la dignidad que uno tiene de sí mismo y, simultáneamente, a la reputación o prestigio que uno tiene frente al resto de la sociedad; bien sea en el ámbito personal o incluso en el ámbito profesional.

El honor ha venido siendo considerado como uno de los derechos fundamentales más erosionados desde que el uso de las redes sociales se ha visto masificado, y todo ello al calor del altavoz que ha llevado consigo el ser titular de una red social o de un blog online. Tal ecuación ha sido sencilla y lógica, a más altavoces, más información, y a más información, más posibilidad de vulneraciones.

Todos los ciudadanos nos hemos convertido en cuestión de años en verdaderos transmisores de información, y en este escenario en concreto los deepfakes han significado la proliferación de situaciones irreales y, por qué no decirlo, totalmente falsas. A tal respecto, hemos sido testigos de la publicación de deepfakes relativos a personalidades públicas, involucrando tanto a personas que ejercitan actividades políticas como a actores y actrices, que han sido objeto de recreaciones en torno a unas situaciones que en alguna ocasión resultan un tanto peyorativas.

Y sobre tal escenario, nos preguntaremos: ¿podríamos ejercitar acciones legales contra una persona responsable del deepfake? La respuesta es sí.

Si el autor de la recreación está identificado y si el contenido conlleva una situación denigrante para la persona en cuestión, como por ejemplo la incierta detención de la presentara de televisión Susanna Griso, la información puede atentar contra lo dispuesto en el art. 7.7 de la L.O. 1/1982, el cual establece que tendrá la consideración de intromisión ilegítima “la imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”.

‘Deepfake’ de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Albert Rivera, Santiago Abascal usado en un vídeo en el que se les convierte en miembros del Equipo A. (Foto: Youtube)

Esta nueva acción digital tendría cabida, sin lugar a dudas, en esa acepción que contempla el legislador sobre “acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad”. Pues de la misma forma que en estos últimos años hemos presenciado condenas por vulneración del honor por publicaciones en Twitter, Facebook o Instagram, este tipo de acciones generadas con inteligencia artificial sin ninguna duda pueden seguir los mismos derroteros y se podría responsabilizar al autor material del mismo.

Así las cosas, el hecho de ser considerado como personaje de proyección pública no es óbice como para tolerar la difusión de deepfakes que sitúen al protagonista en una escena que nunca tuvo lugar y que podría manchar su reputación.

3. Intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen

El bien jurídico protegido por el derecho a la propia imagen se centra en esa exteriorización de la figura humana y se encuentra también contemplado en el art. 18.1 C.E. En este punto, el derecho a la propia imagen tiene un aspecto positivo, que supone la facultad del interesado de difundir o publicar su propia imagen, sin que ello elimine su facultad, inmersa en la vertiente negativa del derecho, de no autorizar o impedir la reproducción de su imagen. El consentimiento debe versar sobre la obtención de la imagen y sobre su concreta publicación en un determinado medio de comunicación social, según las sentencias de 24 de abril de 2000 y 7 de julio de 2004 (RJ 2004, 5276) o la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de junio de 2011 (RJ 2011, 4632), rec. 421/2009)”.

Centrados en el escenario virtual objeto de estudio, los deepfakes pueden atentar contra el derecho fundamental a la propia imagen, si la misma es empleada sin consentimiento expreso para el fin que se emplea y aunque la imagen inicial utilizada provenga de una fuente de acceso público.

Por ejemplo, si la silueta facial de una persona célebre es empleada para reproducir una situación totalmente inventada y alejada de la realidad, al margen de la posible conducta deshonrosa que pueda suponer, también se puede estar incurriendo en una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen si la captación, reproducción o publicación por fotografía, filme, o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona tiene lugar en momentos de su vida privada o fuera de ellos.

Cierto es que el art. 8.2, de la LO 1/1982, de 5 de mayo, en su apartado a) contempla que el derecho a la propia imagen no impedirá “su captación, reproducción o publicación por cualquier medio cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público.

Sin embargo, hemos de partir de la base de que en diversas ocasiones esa imagen, aunque sea obtenida de un sitio público, puede ser modificada con fines torticeros a fin de dar a entender al espectador una situación ficticia; por lo que el “retocar” imágenes que puedan encontrarse en lugares públicos con tales fines también podría dar lugar a una intromisión ilegítima de la persona pública en cuestión.

4. La LO 1/1982, de protección civil del honor, intimidad y propia imagen y la nueva era virtual

Como hemos podido observar, la ley orgánica de 1982 da una perfecta cobertura legal a este tipo de supuestos virtuales, debiendo los tribunales enfrentarse a este tipo de interpretaciones que sin duda alguna son los que en la actualidad nos rodean. El precitado cuerpo legal es sucinto, pero permite que los supuestos digitales no queden impunes toda vez que el contar con un sistema numerus apertus de supuestos permite que juzgados y tribunales pueden incardinar el escenario digital en el marco teórico de las intromisiones.

Multitud de supuestos son los que han llegado hasta el Tribunal Supremo en torno a la difusión de imágenes en redes sociales, así como de publicación de comentarios en redes sociales, que precisamente han desembocado en la aplicación de la LO 1/1982, de 5 de mayo, a fin de sentenciar la intromisión ilegítima en el honor o la propia imagen.

Frontal del Tribunal Supremo.

De tal forma, la utilización de herramientas de IA sin ningún género de duda puede conducir a erosionar el derecho fundamental al honor o a la propia imagen, tratándose de un escenario totalmente propicio para que los sujetos creadores puedan ser condenados por este tipo de conductas. No obstante, en caso de que el difusor esgrimiese que la información empleada es completamente veraz por tratarse de una imagen extraída incluso de un perfil público, hemos de sostener que tal justificación no sería válida toda vez que (como han matizado tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional) “el informador […] tiene un especial deber de comprobar la veracidad de los hechos que expone mediante las oportunas averiguaciones y empleando la diligencia exigible a un profesional” (STC 240/1992, de 21 diciembre)”. Y, lógicamente, no podríamos comprender como veraz la manipulación y alteración de una situación para tornarla en irreal y ficticia.

5. Conclusiones

La inteligencia artificial ha traído consigo la creación y recreación de situaciones totalmente falsas, trasladando al espectador medio situaciones torticeras e irreales que en muchas ocasiones han concluido con la vulneración del derecho al honor del personaje en cuestión, así como de su derecho a la propia imagen.

Lo que en principio pudiera parecer un juego informático, podría desembocar en un proceso judicial por mermar los derechos fundamentales de quienes creemos que no los tienen, esto es, los personajes públicos. Este perfil de personas (políticos, cantantes, futbolistas, etc.) son también titulares de sus derechos fundamentales y el hecho de que sus caras aparezcan con asiduidad en prensa o internet no significa que deban verse siempre y en todo caso al margen de las protecciones legales que el ordenamiento jurídicos les brinda.

Por todo ello, hemos de ser cautos a la hora de emplear una serie de herramientas tecnológicas que pudiera acarrearnos una serie de problemas legales si vulnero el derecho fundamental al honor o a la propia imagen de un personaje público.

LEGISLACIÓN

– Constitución Española, 1978.

– Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen

– Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal.

JURISPRUDENCIA

– Sentencia del TC 235/2007, de 7 de noviembre

– Sentencia del TC 240/1992, de 21 diciembre

– Sentencia del TC 139/2007, de 4 de junio

– Sentencia del TC 21/2000, de 31 de enero

BIBLIOGRAFIA

– BALAGUER CALLEJÓN, M. L., El derecho fundamental al honor, Ed. Tecnos, 1992.

-CONCEPCIÓN CARMONA, S. “Medios de comunicación y derecho al honor: interrelaciones y límites recíprocos”, Dialnet, 2008.

-CARBONELL, J.M, El futuro de la comunicación: Redes, medios y poder, UOC, Barcelona, Noviembre, 2012.

– ECHARRI CASI, J.  “Derecho al honor versus libertad de expresión e información. A propósito del juicio de ponderación”, La Ley, Navarra, 2013.

Fuente: https://www.economistjurist.es