Unificación de normativa europea en los regímenes económicos de las parejas de nacionalidades de diferentes Estados

La Comisión Europea inicia un camino con avances, con el objetivo de fijar normativa aplicable en los casos de regímenes económicos de las parejas de nacionalidades de diferentes Estados

La Comisión Europea aprobó una propuesta de acuerdo de cooperación reforzada entre 17 de los Estados miembros, al objeto de aportar luz y clarificar las normas aplicables a los regímenes patrimoniales de las parejas casadas y las parejas de hecho internacionales registradas.

Se espera que la propuesta establezca de manera clara las normas para casos de divorcio o separación poniendo fin al desarrollo de procedimientos paralelos y potencialmente contradictorios en varios Estados miembros, aspecto este que sin duda ninguna aportará mayor seguridad jurídica a las parejas internacionales, en casos relativos a la propiedad o las cuentas bancarias.

La finalidad específica de esta nueva norma es establecer luz en el aspecto de cual debe ser el órgano jurisdiccional nacional competente para ayudar a las parejas afectadas a gestionar su propiedad o dividirla en caso de divorcio, separación o fallecimiento (normas de competencia);
Teniendo claro así, cual es  la legislación aplicable, cuando podrían aplicarse al asunto las de varios países, facilitando así el reconocimiento y la ejecución en un Estado miembro de una resolución sobre asuntos de propiedad dictada en otro Estado miembro.

Los Estados miembros no participantes seguirán aplicando su legislación nacional, incluidas sus normas en materia de Derecho internacional privado, en las situaciones transfronterizas relacionadas con los regímenes económicos matrimoniales y las consecuencias patrimoniales de las uniones de hecho registradas.

Sirva como ejemplo, para una pareja franco-italiana que viva en España, las disposiciones contempladas en los reglamentos les permitirán elegir previamente la ley de su residencia habitual (la ley española) o la de su nacionalidad (la ley francesa o la ley italiana), garantizándoles así una mayor previsibilidad y, por tanto, más seguridad jurídica.